Lo anunciado durante meses se concretó en Guatemala: el Ministerio Público (MP), liderado por Consuelo Porras, presentó este viernes 8 de diciembre tres casos judiciales que pretenden anular el proceso electoral que ganó en segunda vuelta Bernardo Arévalo. Se trata de otro intento por desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y, de hacerse efectiva, supondría la ruptura del orden constitucional, advirtió la magistrada electoral Blanca Alfaro, después que los fiscales pidieron invalidar las actas electorales, desaparecer al partido Movimiento Semilla e incriminar por lavado de dinero al presidente electo.
Derivado de uno de los dichos casos, el MP argumentó que deben anularse los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio y el balotaje del 20 de agosto, ganadas sorpresivamente por Arévalo, que obtuvo el 58% de los votos escrutados. La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales quien dijo en una rueda de prensa que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano.
Además, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), también anunció la solicitud de retiro de inmunidad de Arévalo por supuestos hallazgos en la contabilidad del Movimiento Semilla. De acuerdo con el fiscal sancionado por Estados Unidos, el presidente electo obtuvo $44 000 dólares de manera “anómala” para pagar una multa en el Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, el mismo fiscal expresó que ese monto fue entregado por un miembro del partido con una declaración jurada en la que aseguró que sus ingresos son lícitos. Además, el funcionario también explicó que existe una escritura pública en la que se deja constancia del préstamo para el partido. A pesar de estos documentos, el jefe de la FECI insistió que Arévalo podría haber “cometido el delito de lavado de dinero”.
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Arévalo no es el único con solicitud de retiro de inmunidad: también son acusados los diputados del Movimiento Semilla, Samuel Pérez y Ligia Hernández. El MP señala a los legisladores de ser responsables en la supuesta adhesión de firmas falsas para conformar el Movimiento Semilla, es decir una etapa anterior en la creación de la organización electoral.
Desde el 25 de junio, cuando se realizó la primera vuelta electoral, Guatemala enfrenta un socavón antidemocrático que tiene como objetivo defenestrar al presidente electo o bloquear su gobierno, con un presupuesto amañado aprobado por 108 diputados del Congreso de la República.
El pacto oficialista, liderado por el presidente Alejandro Giammattei, le ha ganado varias batallas al gobierno electo; su máxima alfil, la fiscal general Porras, los magistrados de las cortes y la mayoría de diputados de partidos tradicionales han conquistado terreno para continuar con lo que se ha denominado “un golpe de Estado en cámara lenta”.
La última decisión del congreso fue desaforar a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral para darle vía libre a una investigación penal sobre la compra, supuestamente anómala, del programa para la transmisión de resultados electorales.
Este estira y afloja político cumple ya cinco meses durante los cuales la población ha salido a las calles para manifestar su inconformidad contra las acciones de Porras. La solicitud de renuncia expresada en las protestas no ha calado en ninguno de los funcionarios del Ministerio Público ni del Organismo Judicial (OJ), sino al contrario se han aferrado a sus puestos y a los casos señalados cuestionados por expertos y analistas.
Rechazo al “golpe de Estado”
La postura del Ministerio Público marcó la línea para que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificara esta presentación de casos como un “intento de golpe de Estado”: “Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país. El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, expresó en X el funcionario de origen uruguayo.
La insistencia de la cuestionada Fiscalía, que desde el balotaje ha pretendido descarrilar la toma de posesión de Arévalo, también suscita incomodidad en la comunidad internacional. Los gobiernos de España, Noruega y Colombia condenaron la pretensión de anular las elecciones.
Mientras que en Guatemala, la magistrada Alfaro insistió en que los resultados electorales son inalterables: “las personas electas deben tomar posesión el próximo 14 y 15 de enero”.
Sector privado respalda a Arévalo
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) también respaldó el proceso electoral. “Ante los recientes acontecimientos en el país, reiteramos que los guatemaltecos votamos de forma pacífica en primera y segunda vuelta eligiendo a las próximas autoridades. El presidente y vicepresidenta, señor Bernardo Arévalo y la señora Karin Herrera; diputados y alcaldes, deben tomar posesión de sus cargos a partir del 14 y 15 de enero de 2024, conforme a los resultados que fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. Por lo anterior, cualquier acción que tenga por finalidad contravertir los resultados electorales ya oficializados, no debe tener cabida en nuestra democracia”, instó la patronal en un comunicado.
Por su parte AmCham (la cámara de comercio guatemalteco-americana) reiteró su preocupación “por la coyuntura que está viviendo el país, con acciones que pudieran afectar la democracia, resultando en la anulación de las elecciones generales de presidente, vicepresidente, diputados al parlamento centroamericano, a quienes brindamos nuestro respaldo para que tomen posesión de sus cargos en la fecha programada para ello”.
La Unión Europea (UE) igualmente condenó los intentos de anular los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala, basados en acusaciones espurias de fraude. “Los acontecimientos de hoy son la culminación de los esfuerzos que se han estado desarrollando durante el último mes y que han sido denunciados por la UE y otros socios internacionales. Estas últimas acciones y declaraciones de la Fiscalía de Guatemala representan un intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales con motivos políticos”, planteó el bloque europeo.
Marcha por la democracia
El jueves 7 de diciembre, un día antes de que el MP presentó el caso para anular las elecciones, Arévalo acompañó una masiva caminata convocada por las autoridades indígenas ancestrales de los 48 cantones, una agrupación de los pueblos originarios del occidental del departamento de Totonicapán, sin fines políticos, quienes han permanecido frente a la sede central de la Fiscalía General por más de 60 días.
A esa marcha se sumaron los políticos conservadores Edmond Mulet y Roberto Arzú, además de varios diputados electos que aseguraron estar en contra de la deriva antidemocrática en el país, aunque no comulguen con los principios ideológicos de Arévalo.
En su discurso, Arévalo dijo que, “a pesar de nuestras diferencias, nos hace tener claro que si no caminamos juntos nos van a robar la democracia, nos van a quitar la oportunidad, van a matar la esperanza y nos van a hundir en un ciclo de cientos de años y de décadas de estafar al pueblo y de robarnos el futuro… nunca más”.
Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, relató que antes de la protesta se reunió con Almagro y abordaron la posibilidad de imponer sanciones a actores que consideran corruptos.
Almagro estuvo en el país para presenciar la entrega del informe final del proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante. “No es mi costumbre asistir a transmisiones presidenciales, quizás venga unos días después…Este proceso ha sido golpeado y así lo hemos señalado en varias ocasiones por acciones del Ministerio Público, afectando el propio funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho”, dijo el secretario general de la OEA.
Como es costumbre, el presidente Giammattei reiteró que la transmisión de mando se efectuará sin problemas. Sin embargo, ha sido él quien ha invitado a Almagro en distintas ocasiones para mediar y observar esta coyuntura de crisis política. Además, se ha opuesto a censurar las acciones de Porras y de jueces en torno a la criminalización de opositores, estudiantes, catedráticos universitarios, periodistas, operadores de justicia y al propio binomio presidencial electo.
Por ejemplo: otro caso presentado por el MP hace unas semanas pretende despojar de su inmunidad a Arévalo y Herrera tras implicarse en la toma de la Universidad de San Carlos, ejecutada por grupos estudiantiles en protesta por el fraude electoral que llevó al exdecano de humanidades, Walter Mazariegos, a la rectoría en mayo del 2022.
En ese expediente se pretende capturar al exprocurador de los derechos humanos Jordán Rodas, quien fue opositor de Mazariegos y a quien se le vedó la oportunidad de ser candidato a la vicepresidencia por el izquierdista Movimiento para la Liberación de los pueblos (MLP). Otros implicados que pasaron algunos días en prisión fueron la excandidata a diputada de Semilla, Marcela Blanco, a quien el Ministerio Público imputó con base a publicaciones de la red social X.
El factor Estados Unidos
Aunque la alianza oficialista enquistada en distintas instituciones del Estado ha ganado terreno con los ataques contra el proceso electoral y contra el gobierno entrante, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le ha enviado un mensaje contundente a la administración de Giammattei: Miguel Martínez, persona de alta confianza del mandatario, y a quien todas las fuentes señalan como la pareja sentimental del mandatario, fue sancionado con la Ley Global Magnitsky.
“Martínez ha influido en el proceso de contratos gubernamentales para beneficiarse a sí mismo y a sus asociados cercanos. Martínez se confabuló con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos a licitadores favorecidos fuera de Guatecompras, el sistema formal de adquisiciones del gobierno guatemalteco”, argumentó el Tesoro estadounidense. “Martínez y sus cómplices utilizaron la anticuada Ley de adquisiciones para renunciar al proceso de licitación y asegurar contratos gubernamentales para empresas en las que tiene un interés financiero”.
El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que las sanciones contra el círculo íntimo de Giammattei son “una herramienta para desalentar la ebullición de las acciones antidemocráticas del pacto oficialista en Guatemala”.
“Estamos tomando esta acción en respuesta a la corrupción endémica que los actores malignos en Guatemala están explotando para socavar la transición democrática hacia el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera. Actores corruptos como Martínez pretenden subvertir la voluntad del pueblo guatemalteco interfiriendo con la transferencia democrática del poder en el país”, dijo Mathew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Este movimiento no es el único impulsado por el sistema estadounidense, ya que durante el último mes y medio han visitado a Guatemala más de cinco funcionarios de alto rango. Entre ellos, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, con quien Giammattei evadió reunirse. Esta semana el binomio presidencial electo se reunirá con el senador Tim Kaine, quien preside una delegación de ambas cámaras legislativas de ese país, la cual ha criticado los intentos por destronar a Arévalo.
Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA, manifestó el lunes pasado durante el consejo permanente que están trabajando para proponer una resolución más seria por la situación de Guatemala. “Si este órgano no levanta la voz en pro de la democracia en Guatemala, el impacto se extenderá más allá de las fronteras del país. Con frecuencia he dicho que esta es una prueba para esta organización”, puntualizó.