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Arturo Cruz, el primer opositor al que le aplican ‘Ley de defensa de los derechos del pueblo’

El precandidato presidencial Arturo Cruz en un mitin político. Jorge Torres | EFE.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrestó este sábado al precandidato opositor Arturo Cruz, uno de los aspirantes a la presidencia de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL). Esta mañana, Cruz venía de un vuelo proveniente de Estados Unidos, por “asuntos personales y profesionales”, según informó su equipo de prensa. De esta forma, el catedrático se convierte en el primer político opositor al que le aplican la ‘Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz’, una de las normativas punitivas aprobadas desde el año pasado de cara al proceso electoral. 

“Estas acusaciones infundadas, a solo cinco meses de las elecciones generales, forman parte de una campaña tendiente a inhibir a los opositores para el ejercicio de cargos de elección popular, por parte de un régimen que trata de mantenerse a toda costa en el poder”, dijo la ACxL en un comunicado.

Sumado a ello el régimen mantiene en arresto domiciliar a los aspirantes Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, quienes no han podido salir de sus casas desde la semana pasada, tras el inicio del proceso de inscripción del mecanismo de ACxL para la elección de un candidato único. Con esta nueva “modalidad represiva”, Ortega “tiene el objetivo de limpiar de la boleta a todas las candidaturas existentes”, opinó la excomandante Dora María Téllez.

“Ellos ya están decididos a hacer una farsa electoral y con ello tienen que inhibir a todos los candidatos, sacar a todos los partidos que quieran ser oposición y quedarse solos”, agregó. Muestra de ello han sido la inhibición de una de las casillas donde planeaba correr la Coalición Nacional, uno de los bloques opositores surgidos en 2018. El Consejo Supremo Electoral (CSE) sacó de la contienda al Partido Restauración Democrática (PRD) por razones religiosas. Dos días después, también despojó de su personería jurídica al Partido Conservador (PC).

Para la disidente del FSLN, esto va a traer mayores sanciones contra los allegados al régimen, pero también está en peligro la estabilidad del país y los acuerdos financieros con las potencias del mundo. “Los Ortega-Murillo están diciendo ‘me voy a mantener a sangre y fuego en el poder’”, valoró. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió liberar Cruz. «Es inaceptable la manipulación de fuerzas de seguridad y de la Justicia para encarcelar a candidatos opositores, lo cual pone a Nicaragua fuera de legalidad interamericana e internacional. Estas acciones son contrarias a elecciones libres y justas», expresó.

La detención de Arturo Cruz

Tras la divulgación de su detención, el Ministerio Público sacó un comunicado en el que se oficializó el arresto del académico debido a que “está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055, ‘Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz’, por lo cual, dentro de los términos de ley, será presentado ante la autoridad competente”. 

La norma que cita el Ministerio Público es una de las tres que el parlamento controlado por el partido de gobierno aprobó a finales de 2020, junto a la Ley de Ciberdelitos y Ley de Agentes Extranjeros, que según analistas políticos tiene el propósito de ser usada contra opositores. La legislación también inhibe de cargos públicos a aquellos ciudadanos que “aplauden sanciones” y han recibido dinero para lo que el gobierno considere “campañas de desestabilización y golpes de Estado”. Horas antes de la detención de Cruz, la propaganda oficial anunció que quien promoviera injerencia extranjera, algo que consideran “traición a la patria”, es un delito. 

La nueva embestida a la oposición llega tras el allanamiento y arresto domiciliar a Cristiana Chamorro, otra aspirante que el Ministerio Público señala de los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero. Chamorro permanece detenida e incomunicada en su vivienda tras una orden girada por la jueza orteguista Karen Chavarría. Un día antes había iniciado su proceso de inscripción en la ACxL, la casilla en la que la oposición pretendía competir en los comicios electorales del 7 de noviembre.

“Actos que incitan la injerencia extranjera”

Tras el comunicado del Ministerio Público, la Policía Nacional compartió una nota de prensa en la que mencionó que Cruz está siendo investigado por actos que “menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamientos de potencias extranjeras (…)”

Cruz aseguró a través de Twitter que si continúa “la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en el proceso”. Los hechos han ocurrido después de que Estados Unidos anunciara el arribo de más sanciones contra el gobierno por la escalada represiva hacia opositores. 

“Su detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas”, señaló el Departamento de Estado con respecto al caso de Chamorro. 

En horas de la mañana de este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España dijo que estas medidas contra Chamorro “deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la Sra. Chamorro y desocupando su domicilio”. 

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francia también pidió la “anulación y liberación inmediata” de Chamorro. “Francia condena con firmeza esas medidas que son incompatibles con un proceso electoral transparente”, cita el comunicado. 

“Ortega está listo para robarse las elecciones”

La precandidata presidencial Cristiana Chamorro es mantenida bajo casa por cárcel y aislamiento. Carlos Herrera | Divergentes.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, tuiteó horas después de la detención de Cruz, que el régimen de Daniel Ortega “está listo para robarse las elecciones”, por lo cual solicitó a la administración del demócrata Joe Biden a “tomar medidas concretas para frenar la consolidación de otra dictadura latinoamericana”. 

Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también reaccionó a los hechos a través de su cuenta de Twitter: “En menos de una semana, Ortega detiene a dos precandidatos presidenciales, tras ya haber inhabilitado otras dos casillas partidarias de la oposición. No es necesario esperar ‘elecciones’ para saber que no hay democracia en Nicaragua. La Carta Democrática está siendo desmoralizada”. 

En cuatro semanas, el régimen de Ortega y Murillo ha impuesto zancadillas a la oposición que aspira participar en la contienda electoral de noviembre próximo. A inicios de mayo, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Electoral sin las recomendaciones de expertos en temas electorales y la Organización de Estados Americanos (OEA). La enmienda electoral también contempla las leyes represivas aprobadas a finales de 2020. Con las últimas disposiciones del régimen, el secretario general de la OEA ha advertido que el país se encamina a las peores elecciones posibles.

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