Una actualización de la investigación del asesinato de Roberto Samcam, a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, vincula por primera vez y de manera directa el móvil del crimen a un trasfondo “ideológico”. La noche del martes 7 de abril de 2026, la televisora Teletica reveló que tuvo acceso a un nuevo parte del legajo judicial y aseguró que la principal motivación del asesinato a mansalva fue la colaboración del mayor en retiro con el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas (GHREN, por sus siglas en inglés), que expuso la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas sociales de abril de 2018.
Con base en la incorporación de nuevos testigos, el expediente judicial sugiere que el crimen tuvo características de ejecución por encargo y fue perpetrado de manera “profesional” por un sicario de apellido Carvajal Fernández, capturado en febrero pasado. Eso refuerza la hipótesis de que se trató de una acción planificada desde Managua, según la ampliación del OIJ.
Además del sicario que ejecutó el asesinato, otras tres personas están en prisión preventiva por el crimen. El expediente del OIJ destaca que uno de los detenidos estaría vinculado a un grupo asociado al régimen sandinista que opera en el departamento de Carazo, en Nicaragua, lo que abre la posibilidad de vínculos transnacionales de la represión.
En febrero de 2025, el Grupo de Expertos publicó un informe en el que determinó, por primera vez, que los militares participaron “activamente en la represión” y fueron también responsables de más de 350 ejecuciones extrajudiciales en 2018. Samcam, como militar en retiro, aportó buena parte de la información al GHREN para identificar cadenas de mando y a los principales perpetradores castrenses que participaron en una masacre catalogada como crimen de lesa humanidad.
La publicación del informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas supuso un golpe para el Ejército de Nicaragua que, aunque plegado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde 2018 insistía no haber tenido participación en la represión.
DIVERGENTES supo que Samcam, dadas sus conexiones con el sector militar, pasó años recopilando pruebas y reconstruyendo el esquema de mando involucrado en las maniobras represivas, a partir de la orden girada por el general Julio César Avilés y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez, quien instó a las unidades militares a “neutralizar” a los participantes en las manifestaciones.
El 19 de junio de 2025, apenas tres meses y 23 días después de la publicación del informe del Grupo de Expertos sobre los militares, Samcam fue asesinado en el apartamento donde vivía exiliado en un condominio en Moravia, en la capital josefina. El sicario le disparó ocho veces a quemarropa. El mayor en retiro murió en un espeso charco de sangre, mientras su hija dormía en uno de los cuartos de la vivienda.
El crimen de Samcam conmocionó a la comunidad de exiliados nicaragüenses, cuyo epicentro es San José. Desde las primeras horas, insistieron en que la motivación era política, dado el perfil de la víctima: uno de los opositores más estridentes contra el régimen Ortega-Murillo, en especial contra los militares. Samcam no escatimaba en decibeles al denunciar sus averiguaciones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación.
“La mayoría de este documento (informe del Grupo de Experto) fue basado en la investigación que realizó Roberto Samcam, por lo que la molestia del Gobierno en su contra era grande y pudo causar que le mataran (…) era un objetivo específico del régimen”, subrayó el testigo incorporado al expediente.
DIVERGENTES no ha tenido acceso independiente al expediente judicial difundido por Teletica, aunque lo ha intentado en las últimas horas. Si bien la motivación del crimen es catalogada como “ideológica”, esta Redacción no ha podido corroborar si se trata de una apreciación de los testigos citados en el legajo o si ya es una conclusión definitiva del OIJ.
El otro documento que señalaba a los “infiltrados”
Sin embargo, otros testigos en el expediente insisten en la motivación política del crimen, ordenado “desde Managua”. Según la publicación de Teletica, “la gota que rebasó el vaso” fue la elaboración de un documento en el que Samcam trabajaba junto a otras personas exiliadas, en el que se proponía la conformación de un gobierno de transición en Nicaragua.
“La idea era que fuera un documento firmable, como cuando se hizo la reforma constitucional en enero de 2025. Un documento con firmas e ir atacando la Constitución en ese momento, pero Roberto lo puso a circular”, mencionó otro testigo en el legajo judicial.
También se alude a otro documento elaborado por Samcam en el que se identificaba a una serie de supuestos opositores como “operadores” del régimen Ortega-Murillo y de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua en el exilio, dedicados a labores de vigilancia y espionaje.
Ese documento, fechado en marzo de 2025 y titulado “La inteligencia del régimen de Nicaragua y sus vínculos con la oposición de la oposición”, Samcam lo había difundido por partes en su cuenta de Facebook antes de su asesinato.
DIVERGENTES conoce el documento, aunque no ha podido corroborar de manera independiente todos los señalamientos que contiene. En él, Samcam identificaba a varios individuos como operadores o agentes de la inteligencia nicaragüense en el exilio, entre ellos Santiago Aburto, conductor de la plataforma BTN Noticias; Milton González y la plataforma Charlie Noticias, a quienes situaba dentro del grupo conocido como “El Tranque de Miami”; así como a Nohemí Pavón Gallard, alias “La Pelona”.
El documento también señalaba directamente a Valdrack Jaentschke, hoy vicecanciller del régimen, como el articulador de la red de inteligencia nicaragüense en Costa Rica durante su paso por la embajada a partir de 2022.
La red operaba desde la embajada de Nicaragua en San José, donde oficiales de la Dirección de Información para la Defensa (DID) estaban acreditados como personal civil sin cargos diplomáticos. Samcam calculaba que después de 2018 llegaron a operar entre 20 y 30 oficiales bajo esa cobertura. Su labor principal era organizar redes de agentes con distintas funciones: desde informantes que recopilaban y trasladaban datos, hasta agentes de penetración infiltrados en organizaciones opositoras, partidos políticos, iglesias y medios de comunicación.
El objetivo, según el documento, no era solo vigilar a los exiliados, sino ejecutar lo que Samcam llamaba “diversionismo ideológico”: sembrar divisiones internas, atacar la credibilidad de grupos opositores y desviar la atención pública lejos del régimen. Una tarea que, señalaba, no realizaban agentes declarados del orteguismo, sino individuos que se presentaban públicamente como opositores.
10 amenazados de muerte
El expediente del OIJ también recoge la existencia de una presunta lista de diez personas consideradas objetivos del régimen Ortega-Murillo, entre las que figuraba Samcam, lo que refuerza la hipótesis de una acción dirigida. El mayor en retiro había denunciado las amenazas recibidas ante la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), adscrita a la presidencia de Costa Rica, pero no recibió protección.
Samcam llevaba siete años exiliado en Costa Rica cuando lo mataron. En febrero de 2023, el régimen Ortega-Murillo le había despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense; más tarde obtuvo la ciudadanía española.
En febrero de 2026, el GHREN concluyó que el crimen fue “cuidadosamente planeado, tras una vigilancia previa y amenazas contra la víctima”, y que presentaba las características de un asesinato por encargo.
El Grupo de Expertos también documentó cómo el régimen utilizó recursos del Estado para sostener la represión dentro de Nicaragua y extender una red de vigilancia e inteligencia contra los exiliados. El caso de Samcam encaja en un patrón de represión transnacional en el que actores estatales, o vinculados a estos, persiguen a sus opositores más allá de sus fronteras.