La Autonomía Municipal tiene tres grandes componentes: la autonomía administrativa, la autonomía financiera y la autonomía política. Todos los regímenes políticos que han existido en Nicaragua –desde José Santos Zelaya, incluido los Somoza, el primer régimen sandinista y el actual– han reconocido, de una o de otra forma, la autonomía administrativa y la autonomía financiera. La que siempre ha sido cercenada es la autonomía política. Ahora en el panorama se vislumbra la ausencia de cualquiera de estos tres componentes, sobre todo después del golpe que sufrieron todas las municipalidades gobernadas por Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Irónicamente, la autonomía municipal se restableció en la Constitución de la Revolución Sandinista de 1987, luego de que el primer Somoza en el poder cancelara las elecciones municipales el 12 de agosto de 1937. Ha sido Ortega quien la terminó de sepultar cuando ordenó izar la bandera sandinista en las cinco municipalidades tomadas.
“El retroceso de la Autonomía Municipal no es una sorpresa, aunque el Frente Sandinista se haya lucrado de esa Autonomía Municipal para ganar los gobiernos locales entre 1990 y el 2006, el partido restableció su poder gracias a la recuperación de los gobiernos locales en las principales ciudades del país”, afirma el politólogo y municipalista Silvio Prado.
El también sociólogo señala que, a pesar que el régimen se sirvió de la Autonomía Municipal, “ahora ya no les sirve”. “Porque saben que la autonomía local, el autogobierno son espacios donde se fortalece la oposición política, son urnas de poder para la oposición, que es lo que le pasó en las últimas elecciones locales que perdieron en varias ciudades”.
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La demolición de la Autonomía Municipal
Según una investigación del municipalista Silvio Prado, entre 1990 y 2008 se observa una curva ascendente, tanto en el fortalecimiento de la Autonomía Municipal como en la participación ciudadana. En cambio, a partir de 2008 la curva de la autonomía y la de la participación ciudadana comienzan a descender año tras año hasta 2012 (año de publicación del estudio).
2008: el primer gran fraude electoral
Lo que ocurrió el día de los comicios municipales de 2008 fue un “fraude sistemático”, “violaciones de extrema gravedad en materia de transparencia”, “sesgo que favoreció al partido gobernante”, haciendo imposible conocer la voluntad popular en aproximadamente cuarenta municipios, de un total de 153, según el extinto organismo cívico Ética y Transparencia. Las imágenes de boletas en un basurero de León con votos para la oposición resumió el primer fraude electoral de los Ortega-Murillo.
Ese año el Consejo Supremo Electoral (CSE) no permitió la observación nacional e internacional. El politólogo y ahora preso político, José Antonio Peraza, aseguró en un análisis que hizo del proceso del fraude 2008 que “la lógica electoral del fraude fue eliminar o alterar la mayor cantidad de Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde la oposición le ganaba al FSLN”.
Otra práctica fue “alterar en las actas los resultados agregando un 1 o un 2 a la izquierda de los resultados en las JRV donde el FSLN había perdido”, según Peraza. También fue necesario que “los fiscales del FSLN impugnaran las Juntas Receptoras de Votos donde el FSLN ha perdido históricamente con una diferencia porcentual igual o mayor al diez por ciento de los votos. Asimismo, expulsaron a los fiscales de la oposición para que no pudiesen observar el escrutinio de las JRV.
Con estas elecciones, el partido FSLN pasó de 87 a 105 alcaldías en su poder.
2009: recurso para reelección
Esos 105 alcaldes sandinistas fueron los que acompañaron a Ortega en el acta del recurso de amparo que interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2009 para solicitar que se declarara inaplicable el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua, que prohibía la reelección consecutiva de presidente y de alcalde. El argumento de Ortega y los alcaldes fue que esa disposición constitucional “violaba sus derechos humanos”.
Según una publicación de La Prensa, 41 de esos alcaldes se mantienen en el cargo. Los gobiernos municipales en manos del Frente Sandinista perdieron toda capacidad de iniciativa, ya que todo debe ser consultado con Managua y se vieron sometidos a un triple control: del secretario político territorial del Frente, del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y del inicialmente Fondo de Inversión Social para Emergencias (FISE) – Nuevo FISE: rector de agua y saneamiento rural.
Otra prueba de que ya no existe autonomía política en los municipios es la destitución continua de alcaldes electos, que se ha disparado desde 2008, año del primer fraude municipal. Solo de 2013 a mayo de 2015 “dejaron su cargo” 20 alcaldes y alcaldesas sandinistas, sin contar vicealcaldes y concejales que también los han retirado.
En 2010 se dieron las primeras destituciones de alcaldes de forma arbitraria. Un caso emblemático es la destitución del alcalde liberal de Boaco, Hugo Barquero, cuando cinco concejales sandinistas y dos liberales lo defenestraron por presunta corrupción que no fue probada. Durante ese mismo periodo, fueron también destituidos el sandinista Yader Ramos, alcalde de Dolores, Carazo, por “no seguir las órdenes de su partido” y el alcalde de Ciudad Sandino, el también sandinista Roberto Somoza.
El aumento del número de concejales fue también una de las reformas que debilitaría la autonomía, ya que esta acción solo sirvió para aparentar una ‘democracia’.
2011: un fraude más
Aunque fueron muchas las irregularidades, durante el fraude de 2011 el control era casi absoluto del FSLN de todas las instancias del Consejo Supremo Electoral: Consejos Electorales Departamentales, Consejos Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos. En ese año, el FSLN pasó de 105 alcaldías a 134 en su poder.
Luego, las elecciones municipales de 2016 fueron retrasadas para el 2017. Esta fue la última elección en la que hubo observación internacional que también criticó la falta de transparencia del proceso. En esas elecciones el Frente logró ganar 135 alcaldías de 153.
2012: el torpedeo a las transferencias municipales
El gobierno central impone a los gobiernos locales destinar obligatoriamente un porcentaje de sus presupuestos a financiar programas nacionales de salud, educación, medioambiente y agua potable, lo que significa que el gobierno central usa a los municipios como “caja chica”, destinando transferencias municipales para ajustar los presupuestos nacionales de esos cuatro rubros, asegura el municipalista Silvio Prado.
Además, el gobierno central reformó la Ley de Régimen Presupuestario Municipal y la de Transferencias Presupuestarias dando un paso atrás a lo que se había avanzado desde 2001.
En consecuencia, a partir de 2012 el gobierno central hizo desaparecer la comisión multipartita que asignaba las transferencias a las municipalidades y esa tarea quedó en manos de una comisión en la que no participan los alcaldes no sandinistas y que transfiere los recursos a las alcaldías manipulando los criterios de ponderación desde un enfoque estrictamente político.
La ley establece que las transferencias las asigne el gobierno central a los municipios en base a cuatro criterios: el de equidad fiscal, a más pobreza más recursos; el de eficiencia en la recaudación: a más recaudación más recursos; el de cantidad de población; y el de eficiencia en el uso de las transferencias.
Por ley las 153 alcaldías del país deben recibir el diez por ciento de los ingresos tributarios que registre el Presupuesto General de la República para ejecutar obras de progreso en las comunidades y retribuir el aporte de estas a la economía.
A pesar de esto, el régimen a partir de la crisis sociopolítica de 2018 decidió aplicar recortes en las transferencias municipales. Entre el 2019 y 2022 las alcaldías han dejado de percibir un acumulado de 20 mil 685 millones de córdobas, según un análisis de La Prensa. Además, las transferencias han sido usadas como método de castigo, en especial para las municipalidades gobernadas por CxL que sufrieron el golpe este fin de semana.
En una publicación de Connectas, también se revela que en 2018 el monto por habitante que se transfiere vía presupuesto a las alcaldías se redujo casi a la mitad en las que en 2017 ganó la oposición. Sin embargo, las que siguieron en poder del oficialismo sufrieron recortes menores al cinco por ciento.
Capítulo final: auditorías, intimidación y golpismo
Luego del inicio de las crisis sociopolítica de 2018, el régimen arreció los ataques a las pocas alcaldías opositoras.
El seis de junio de 2018 parte de las instalaciones de la Alcaldía de El Cuá, Jinotega, fue quemada presuntamente por miembros de la Juventud Sandinista (JS) de Jinotega. Isidro Irías, el ahora destituido alcalde de El Cuá, denunció que unos veinte sujetos encapuchados y armados incendiaron y saquearon las oficinas administrativas de ese ayuntamiento. Además del robo de 200 mil córdobas de una caja fuerte.
Luego, en agosto de 2019, el entonces alcalde de Mulukukú, el liberal Apolonio Fargas, se exilió en Costa Rica tras la persecución política del régimen de Daniel Ortega.
La Contraloría General de la República llegó a la Alcaldía de Mulukukú para realizar una auditoría. Sin embargo, el alcalde Apolonio pidió prórroga para darles las condiciones de mobiliario, oficinas y toda la documentación que pedían los auditores.
Veinticuatro horas después los auditores de la Contraloría volvieron a presentarse. Luego oficiales de la Policía Nacional allanaron la Alcaldía en un operativo que se hizo casi de manera simultánea con el allanamiento de la casa del alcalde Apolonio Fargas, quien no estaba en su vivienda al momento que oficiales y civiles encapuchados forzaron los portones y entraron sin orden de allanamiento.
Un año más tarde, la jueza orteguista Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, ordenó suspender en el desempeño de su cargo a la alcaldesa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Reyna Hernández Mairena del municipio de Wiwilí, como supuesta medida cautelar. De modo que ella quedó inhibida de ejercer sus funciones.
La alcaldesa había sido declarada ‘rebelde’ porque no asistió a una audiencia donde irregularmente la acusaban de presunta “desobediencia o desacato a la autoridad y en perjuicio de la administración de justicia”.
Durante ese mismo periodo, las instalaciones de la Alcaldía de Camoapa, municipio de Boaco, fueron ocupadas temporalmente por la Policía. Esto debido a una supuesta auditoría de la Contraloría General de la República. La alcaldesa del PLC Gretchen Martínez sigue en funciones.
El último episodio ha sido el golpe de las cinco alcaldías que pertenecían a Ciudadanos por la Libertad (CxL). De 18 alcaldías ganadas por la oposición en las elecciones de 2017, solo han quedado 10 actualmente.
“Es un golpe de gobierno local, es un golpe dentro del Estado, es un golpismo. No pueden destituir a un alcalde que ha sido electo por el voto popular, no hay ninguna causal para destituir a un alcalde porque su partido ha perdido la personalidad jurídica. Lo que ese partido no puede hacer es concurrir a las próximas elecciones”, señala Prado.
El 10 de agosto de 2021, cuatro días después de aniquilar a CxL, las alcaldías de El Cuá, Santa María de Pantasma y San Sebastián de Yalí fueron presionadas por Inifom para “revisar cuestiones técnicas del personal”. Algo que los alcaldes Isidro Irías y Óscar Gadea habían interpretado como una forma de interrumpir sus mandatos.
“Ahora, ¿por qué destituir a estos alcaldes a cuatro meses de las elecciones? El Frente quiere evitar cualquier margen de incertidumbre ante las elecciones y quiere lanzarle un mensaje a la población de que no voten, de que se abstengan, que de nada sirve, porque si eligen a quien el Frente no quiere lo van a destituir por las vías que sean”, finaliza el politólogo.