Bachelet demanda rendición de cuentas al régimen de Ortega

Bachelet también lamentó la muerte durante su detención el mes pasado del líder de la oposición Hugo Torres, arrestado antes de las elecciones. La alta comisionada remarcó la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la rendición de cuentas en el país, después de las graves violaciones y abusos iniciados en 2018.


Al menos 43 personas continúan detenidas en Nicaragua cuatro meses después de que se celebraran unas elecciones caracterizadas por la supresión de numerosos derechos civiles y políticos, denunció la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Entre los detenidos 34 ya han recibido duras penas de prisión, y al menos 29 continúan recluidos en el Complejo Policial Evaristo Vásquez «en violación de las garantías al debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas», aseguró en el debate celebrado sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos.

Bachelet también lamentó la muerte durante su detención el mes pasado del líder de la oposición Hugo Torres, arrestado antes de las elecciones. La alta comisionada remarcó la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la rendición de cuentas en el país, después de las graves violaciones y abusos iniciados en 2018.

«La construcción de una sociedad pacífica, tolerante, justa y basada en el respeto de los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente para Nicaragua», afirmó. También expresó su preocupación por la detención arbitraria de al menos 30 periodistas y activistas de derechos humanos, lo que según la alta comisionada muestra el deterioro de la situación democrática en el país.

La expresidenta chilena pidió la liberación de estos detenidos y también la derogación de tres leyes aprobadas tras las revueltas de 2018 contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega: la Ley Especial de Ciberdelitos, la de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo.

Estas leyes «restringen indebidamente el espacio cívico y democrático», aseguró Bachelet, quien recomendó armonizar la legislación penal y electoral «en línea con las normas y estándares internacionales y de derechos humanos».

El informe que presentó Bachelet ante el Consejo también denunció el hostigamiento que sufren pueblos indígenas nicaragüenses, que el pasado año sufrieron al menos seis ataques violentos en los que murieron once personas y siete resultaron heridas.

La crisis política en Nicaragua ha llevado a al menos 144.000 nicaragüenses a abandonar su país, recordó la alta comisionada, quien pidió iniciar un «diálogo inclusivo» para solucionarla de manera pacífica y democrática.

Encabezando la delegación nicaragüense en el debate intervino la procuradora general Wendy Carolina Morales, quien calificó el informe presentado por Bachelet como una «agresión» contra su país «basada en información falsa y parcializada» .

«Esta valoración desigual se presta a la manipulación e instrumentalización de los derechos humanos para fines y pretensiones hegemónicas derivadas de intereses económicos y políticos de países imperialistas», remarcó.

Morales finalizó su intervención demandando al Consejo de Derechos Humanos que apruebe el cese de las sanciones «ilegales y coercitivas» impuestas contra su pueblo. 

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