Las cuentas del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), así como la de algunas de sus cámaras gremiales, han sido bloqueadas por el Banco de América Central (BAC). Como ya ha sucedido con periodistas y opositores desnacionalizados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la entidad financiera no notificó la decisión por ningúna vía. Diversas fuentes del sector privado confirmaron a DIVERGENTES la inhabilitación de sus activos también en otros bancos, once días después que las personerías de la patronal fueron canceladas por el régimen.
Las fuentes empresariales sostienen que hay insatisfacción con el BAC porque no se les notificó el bloqueo. “Ahora no tenemos cómo liquidar a 300 empleados, que son el conjunto del personal de las cámaras”, insistió una de las fuentes allegadas a la patronal. “Los otros grandes afectados son los trabajadores a quienes no se les puede cancelar sus prestaciones sociales de ley”, insistió.
“Entiendo que por política bancaria, al cancelarse una personería jurídica, es decir al dejar de existir un cliente, en este caso de orden jurídico, los bancos proceden al cierre de las cuentas”, explicó otra fuente de una de las cámaras gremiales. “De fondo, no sabemos si el Gobierno en general le ha dado una orientación a los bancos, lo que sí sabemos es que en dependencia del banco que se trate, lo que debe ocurrir es que esos bancos procedan a cerrar las cuentas en virtud de la cancelación de la personería”.
Según la fuente gremial, hay cámaras que ya han recibido comunicaciones de los bancos en las “que les hacen ver que por ese acto de cancelación de personería jurídica van a proceder a cancelar sus cuentas”. “¿Cómo procede cada banco? Eso ya es parte de su política interna y no lo podemos generalizar”, dijo.
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“A otros nos habían congelado antes. Por ejemplo: el lunes salió el decreto en La Gaceta y el martes el BAC había ya bloqueado las cuentas. Con otros sucede recientemente”, dijo otra empresaria de una cámara cancelada.
Los periodistas Aníbal Toruño, director de Radio Darío, Wilfredo Miranda de DIVERGENTES, Sofía Montenegro y otros ciudadanos denunciaron la inhabilitación de sus cuentas sin notificación previa a través de una llamada o correo electrónico alguno por parte de entidades como BAC Credomatic, Banco de Finanzas (BDF) y el Banco de la Producción (Banpro).
Toruño relató a DIVERGENTES que, tras su reclamo público, la gerencia del BAC lo llamó para informarle que sus cuentas habían sido canceladas porque “perdió su identidad como nicaragüense”. “Me ofrecieron que podían consignar mi dinero a un juzgado, y yo les pregunté, ¿le van a mandar mi dinero a la dictadura?”, dijo el director de Radio Darío.
Bloqueo “espurio”
La inhabilitación y bloqueos de cuentas realizadas por diferentes entidades bancarias es considerada por economistas y analistas políticos como un acto “espurio” que obedece a órdenes políticas. “Las congelaciones son ilegales, pero actos ilegales del Estado, no de la banca”, explicó el politólogo Manuel Orozco, integrante del Diálogo Interamericano.
El economista Enrique Sáenz refirió que, aunque esta medida obedezca a una decisión arbitraria por parte de funcionarios de la dictadura, los bancos no están obligadas a cumplirla. A criterio del opositor exiliado en Costa Rica, “disponer unilateralmente de las cuentas bancarias de sus clientes es lisa y llanamente un acto delictivo”.
Aunque los clientes de los bancos mantienen su acceso a sus respectivas bancas en línea, al momento de hacer transferencias electrónicas las cuentas exponen que están “bloqueadas”, son “inválidas” o que el “estatus de cuenta origen o destino no permite transferencias”.
El exdiputado Sáenz basó su argumento de ilegalidad citando el artículo 280 del Código Penal de Nicaragua que establece el castigo de seis a ocho años de prisión al funcionario bancario, directivo o administrador que cause daños patrimoniales a los depositantes. “En cualquier caso, lo menos que están obligados a hacer es notificar al afectado los alcances de la medida y el motivo legal en que se amparan”, dijo el economista.
Sin embargo, el politólogo y economista Manuel Orozco, explicó que este artículo del Código Penal sólo es aplicable si se confirma que la entidad bancaria actuó a “discreción propia”. Sin embargo, en estos casos los bancos bloquearon las cuentas por orden de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución en la que se “apalanca” el régimen Ortega-Murillo para despojar de sus activos a estos ciudadanos. Hasta ahora los bancos no han emitido ningún pronunciamiento al respecto.
“Esas cuentas se bloquean porque la UAF notifica a los bancos y las entidades financieras no pueden contradecir la fuerza del Estado”, enfatizó Orozco, quien insistió en que si existe un acto de ilegalidad es por parte de la dictadura.
Una fuente ligada a uno de los bancos dijo a DIVERGENTES que las cuentas fueron bloqueadas por el “Área de cumplimiento”, la dependencia que regula las cuentas en temas de “lavado de dinero, clientes sospechosos o si están regulados por el Estado”. “Es un área auditada todo el tiempo por la Superintendencia”, explicó.
Orozco agregó que los afectados pueden recurrir y exponer sus casos ante entidades de Naciones Unidas, Unión Europea y ante la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA por sus siglas en inglés) para que este último notifique a Nicaragua que la acción no compete a una medida de naturaleza criminal financiera, sino a razones políticas.
“El riesgo de Nicaragua es que está exponiendo a sanciones al sistema financiero nacional, al Banco Central, e incluso a la corresponsalía bancaria, y a la comunidad internacional ahora le corresponde defender a los despojados de ciudadanía y cuentas, y propiedades”, planteó el politólogo.
Medida arbitraria
La socióloga e investigadora, Elvira Cuadra, también rechazó esta medida optada por las entidades bancarias, la que calificó de “arbitraria”, debido a que la resolución emitida el 15 de febrero por la justicia nicaragüense ordena sólo el decomiso de todos los bienes inmuebles de las personas afectadas. “Ahí (en el documento) habla de bienes inmuebles, no habla de efectivo o de cuentas bancarias, que son otro tipo de bienes”, refutó.
Para Cuadra, con esta acción el régimen Ortega-Murillo avanzó en el “repertorio” de medidas de represión en contra de opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y disidentes sandinistas. “Esto agrega un elemento más a la inseguridad jurídica que viven todos los nicaragüenses dentro del país”, señaló.
El periodista Aníbal Toruño denunció que el pasado 10 de marzo el régimen ordenó a Bac Credomatic bloquear sus tres cuentas, después de haber comparecido en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Los Ángeles, Estados Unidos.
“Es lamentable, mi dinero es honesto, es transparente y tiene más de 78 años de existir del patrimonio de la familia de Toruño y no es producto de absolutamente nada más que del trabajo y el sacrificio, pasando por mi querido padre, mis hermanos, mi familia y mi persona”, dijo el periodista.
El 15 de febrero pasado la dictadura, a través de una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses acusados por el Ministerio Público de ser “traidores a la patria”. El 9 del mismo mes, ya habían sido desnaturalizados y desterrados a Estados Unidos 222 presos políticos.
A raíz de esto, el régimen comenzó a ejecutar confiscaciones en las propiedades de estos opositores. Las primeras ocurrieron el 17 de febrero, cuando la Intendencia de la Propiedad se tomó 16 viviendas del residencial Amazonia, donde vivía la periodista Sofía Montenegro y la activista Azahalea Solís. Mientras, en otros casos el régimen está haciendo visitas en las propiedades, tomando fotografías y medidas de las mismas, denunció recientemente la disidente sandinista Mónica Baltodano.