El 29 de marzo de 2016, el Directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) descubrió que su presidente ejecutivo, Nick Rischbieth, había autorizado modificaciones al proyecto de la represa Agua Zarca sin contar con la aprobación del directorio, lo cual suponía una violación a las normas internas y la paralización misma de la obra. Sin embargo, el descubrimiento se hizo demasiado tarde; el 3 de marzo, 26 días antes, el conflicto que había generado la construcción de la represa ya se había cobrado la vida de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada a tiros en su casa por un escuadrón de sicarios.
El descubrimiento del Directorio, junto al golpe que significó el crimen para la reputación del BCIE, provocó la suspensión inmediata de desembolsos. Un mes después, la calificación crediticia de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca, cayó en valores negativos, y para julio de ese año el BCIE se vio obligado a suspender el proyecto.
Informes internos a los que tuvieron acceso Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Contracorriente y Redacción Regional, revelan que las últimas dos presidencias ejecutivas del banco maniobraron para favorecer a las empresas que han intentado culminar el proyecto de la represa, pese a la oposición de las comunidades indígenas. En la administración de Rischbieth, el banco no solo entregó una obra de más de USD 24 millones a una empresa inexperta, vinculada a un exdirectivo del BCIE y a la familia Atala, una de las más poderosas de Honduras, sino que además modificó el proyecto a conveniencia de DESA.
Luego, a finales de 2018, cuando el proyecto comenzaba a convertirse en un activo sin futuro, la nueva administración dirigida por Dante Mossi retomó una campaña para revitalizar la obra, por medio de la venta de la deuda a una empresa europea que, más tarde, cedió sus acciones en una trama que convirtió a Guillermo Bueso —dueño del Banco Atlántida de Honduras y de quien Mossi confirma ser amigo— en el nuevo propietario del crédito otorgado para la construcción de Agua Zarca.
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Cabe mencionar que el grupo bancario que dirige Bueso es conocido por haber obtenido la concesión de 14 subcuencas de ríos en Honduras para la explotación de generación de energía y captación de agua para consumo privado.
En la era Mossi, con los USD 500 mil obtenidos en la venta de la deuda, el BCIE financió al gobierno de Honduras para impulsar una Ley de Consulta Previa que busca superar las prohibiciones del Convenio 169 de la OIT para reiniciar el proyecto y potenciar otras apuestas en generación de energía renovable en toda Honduras, incluido el financiamiento de la Hidroeléctrica El Tornillito, en la que el BCIE proyectaba invertir 150 millones de dólares.
Los secretos del río Gualcarque
En febrero de 2012, meses antes de que el BCIE aprobara el préstamo de 24 millones de dólares en favor de la empresa DESA para la construcción del proyecto hidroeléctrico, todo el planteamiento inicial cambió en relación al aumento de la potencia de generación de energía que se había propuesto (16 mw a 21.7 mw), la ubicación de la casa de máquinas, la altura de la cortina de agua y la longitud de la tubería de conducción de agua.
Según el requerimiento fiscal que el Ministerio Público de Honduras presentó por el caso Fraude sobre el Gualcarque, estos cambios ameritaban el trámite de una nueva licencia ambiental que no se hizo, por lo que la Fiscalía acusó a 16 personas, entre ellos funcionarios y Roberto David Castillo quien fue presidente del consejo de administración de DESA.
Sin embargo, este caso no fue el único con irregularidades con respecto a los cambios realizados en el proyecto por el que Berta Cáceres fue asesinada.
Tres años más tarde, el Banco autorizó el «cambio en la ubicación de ciertas partes de la construcción del margen izquierdo del río» en el proyecto Agua Zarca sin la venia del Directorio. Según un informe de auditoría, el cambio fue sugerido a Nick Ricshbieth el 18 de mayo de 2015, por escrito, por Luis Marin, jefe del Sector Privado y Operaciones no Soberanas, y Horacio Leiva, gerente de país del BCIE por Honduras. Según ese informe fue Rischbieth quien autorizó el cambio.
En los planos originales, el proyecto se desarrollaría en la margen derecha del río Gualcarque, «con una represa ubicada en la unión de dicho río con el Río Blanco…». La represa comenzó a construirse a inicios de 2013, pese a la fuerte oposición de las comunidades ubicadas en la zona, además de las protestas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (Copinh), del que Berta Cáceres era coordinadora.
Según el informe, la empresa Carbón Ingeniería, Consultores Externos –contratados por DESA– había reportado en enero 2015 que «complicaciones de tipo social» impidieron continuar con el «cambio de la línea del proyecto» y su esquema original de construcción, por lo que se planteó un diseño conceptual alternativo para el desarrollo por la margen izquierda, que aunque tiene una longitud mayor de conducciones, permite aprovechar una caída mayor que en el esquema original», dice el informe.
Este cambio, sin embargo, tampoco fue aceptado por las comunidades, que insistían en que la obra se parara. Dos fuentes del Banco que hablaron con la condición de anonimato aseguran además que esas modificaciones violaron las normas internas que existían en ese momento en el BCIE, ya que el cambio era «sustancial», lo cual representaba un proyecto nuevo «que no era el que había autorizado el Directorio», dice una de las fuentes.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, la obra y sus cambios tenían un avance financiero del 56.7 %, porcentaje del cual el Banco había aportado un total de USD 9.4 millones, mientras que el Banco de Desarrollo Holandés, FMO, y la financiera finlandesa Finnfund, habían desembolsado el 98.7 % de USD 19 millones.
En enero de 2016, dos meses antes del asesinato de Cáceres, una alerta de una empresa consultora externa recomendó que DESA debía «enfocarse en mejorar la seguridad física, incluyendo entrenamiento de fuerza policial» alrededor de los terrenos en los que se edificaba la represa.
Esta recomendación fue en contra de una alerta sobre el proyecto recibida dos años antes, según otro informe de auditoría del BCIE. En 2014, DESA había sido cuestionada por alimentar las tensiones con la comunidad local, y porque su dependencia de las fuerzas militares y policiales para la seguridad en el sitio había aumentado el conflicto.
En enero de 2016, la empresa consultora también recomendó «crear una estrategia de comunicación en medios nacionales e internacionales de influencia en la opinión pública, particularmente en fuentes que tengan relación con los prestamistas».
«Mientras eso no se logre», añadió la empresa consultora, «cualquier evento menor será controlado por la Copinh y sus partidarios, dejando a DESA y a los prestamistas expuestos a riesgos reputacionales innecesarios».
Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo, pero el Directorio no se reunió sino hasta finales de ese mes. En esa reunión, los representantes de los países fundadores del Banco y de países accionistas fueron informados de todos los cambios en el proyecto. Al enterarse de las modificaciones, la decisión fue inmediata.
«En la sesión de Directorio de marzo de 2016, además de la decisión de suspender desembolsos, la principal preocupación (…) fue el hecho de que el diseño del proyecto cambió sustancialmente y que ese evento no fue conocido / aprobado por el Directorio, así como la duda de que, a pesar del cambio, se mantuvo el PGI original», reseñó en un informe de abril de 2016 el auditor del Banco.
Los desembolsos cesaron el 11 de abril de 2016, y además se hizo una reclasificación crediticia a DESA de SCR-4, «con perspectiva estable», a «SCR-5, con perspectiva negativa».
«La justificación para la reclasificación radica en la determinación del FMO y del BCIE de suspender temporalmente los desembolsos producto de las protestas que se han generado por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) a raíz de la muerte de su coordinadora», escribió el auditor del Banco en un informe presentado al Directorio.
En ese mismo informe, aunque el auditor reseñó que las aprobaciones hechas por el presidente ejecutivo del Banco tampoco fueron compartidas con el Comité de Crédito —un requisito que establecía el Banco para estos procesos—, resolvió que la resolución emitida había sido «procedente» y recomendó continuar con la obra. El auditor de la era Rischbieth avaló la continuidad del proyecto, aún y cuando dejó por escrito otra anomalía: las aprobaciones para modificar la obra no fueron «registradas en una resolución de presidencia, lo que dificulta la trazabilidad y auditoría de las operaciones».
Rischbieth no respondió a las preguntas enviadas por los periodistas. El gerente Ríos no quiso responder a la solicitud de comentarios y pidió que se buscara información del caso en el BCIE. Al cierre de este reportaje fue imposible obtener respuestas de Marin.
El auditor también reseñó en su informe que el BCIE no hizo nada para frenar las alertas que pendían sobre la obra. «A pesar de que en todos los informes de supervisión ambiental se presentan recomendaciones que atender, algunas catalogadas como “urgentes”, no encontramos una valoración interna del BCIE (de la gerencia de país o de cualquier otra área técnica que recibe y conoce estos informes), en términos de riesgos del proyecto; es decir, si las recomendaciones revelan riesgos no previstos, o si dichos riesgos son manejables, aceptables o tolerables (conscientemente)», expuso en su informe.
Para julio de 2016, los dos coinversionistas del BCIE se retiraron formalmente del proyecto y ese mismo mes se suspendió la construcción de la obra. La puja del BCIE por Agua Zarca, sin embargo, no pararía.
Mossi y el destino del «activo tóxico»
Dos años después del asesinato de Berta Cáceres, el proyecto Agua Zarca continuaba suspendido. Su potencial, sin embargo, mantenía interesados a los inversionistas hondureños. Desde 2012, la apuesta central del proyecto había sido la creación de una Central Hidroeléctrica de 21.3 MW, con una generación promedio anual de 94.1 GWh. «Funcionando, es una inversión muy rentable, pero sobre todo su aprobación abriría las puertas a nuevos proyectos similares en Honduras», dice una de las fuentes del Banco consultadas.
El 2 de abril de 2018, Guillermo Bueso Anduray, presidente ejecutivo de Banco Atlántida, sirvió de intermediario entre Nick Rischbieth y Yann Tarabori, director de Swiss International Wealth Management (SIWM). Bueso reenvió una carta de Tarabori en la que expresaba el interés de la empresa de origen suizo por «diversos proyectos de energía renovable en América Central» y en específico por «la situación del proyecto hidroeléctrico conocido como Agua Zarca, que actualmente está siendo desarrollado por Desarrollos Energéticos SA de C.V. (DESA)».
Para esa fecha, con 9.4 millones de dólares desembolsados, el BCIE era el único financista del proyecto y quería deshacerse de este, según los documentos internos, aunque también dudaba. «Aunque es incierto el desarrollo futuro del proyecto, el mismo cuenta con todos los permisos, licencias y concesiones vigentes», reseñó un informe de auditoría de febrero de 2018.
Ese mismo informe recomendó dos opciones para terminar la relación entre el BCIE y DESA: la venta a un tercero del préstamo, o la ejecución legal del préstamo, con la que el BCIE se habría convertido en «el dueño de los activos del proyecto convirtiéndose en el responsable de todas las obligaciones legales, ambientales y reputacionales, recibiendo a su vez toda la presión mediática».
El Banco optó por la primera vía. El 24 de mayo de 2018, SIWM presentó finalmente una oferta formal para la compra del préstamo por 500 mil dólares, alrededor de ocho millones y medio por debajo de lo que el Banco había invertido hasta ese momento. En diciembre de 2018, en medio de las negociaciones, Dante Mossi asumió como nuevo presidente ejecutivo del BCIE.
En una entrevista que Mossi dio a Contracorriente relató su versión de los hechos. Aseguró que cuando llegó al Banco se encontró con una gran cartera de «activos extraordinarios», es decir proyectos fracasados con bienes físicos que por deuda u otras razones ahora pertenecían al Banco, y que entre esos activos estaba también Agua Zarca.
«Cuando encontraron un comprador, entonces pregunté quién lo compró y me dijeron que un fondo suizo; obviamente me quitaban un problema de encima, pero me pregunté qué quería ese fondo suizo», explicó Mossi.
Señaló que este tipo de fondos especializados que operan en jurisdicciones «muy, muy particulares», como SIWM, adquieren activos tóxicos, que tienen como característica algo malo y pueden comprar a un descuento muy grande, luego lo guardan y esperan si las condiciones cambian para activarlo o, si el contexto no mejora, liquidar el activo.
El 14 de marzo de 2019, el BCIE recibió una notificación sobre un acuerdo entre los accionistas de DESA y SIWM. El acuerdo implicaba la compra de las acciones de la empresa suiza a DESA, que en ese momento se encontraba en medio de una controversia tras el arresto en 2018 de David Castillo por su implicación en el asesinato de la líder lenca.
A pesar de que los documentos del BCIE señalan que se concretó ese acuerdo, en el registro mercantil de Honduras no se encuentran documentos que validen el cambio de accionistas. En el caso de DESA, Contracorriente revisó los documentos del registro mercantil para rastrear algun tipo de cambio en los accionistas de la empresa; sin embargo, el ultimo movimiento de acciones en febrero de 2014 refleja que los últimos accionistas registrados son la empresa de registro panameño Potencia y Energía de Mesoamerica (PEMSA) que dirigía David Castillo, expresidente de DESA encontrado culpable por la autoria intelectual del asesinato de Berta Cáceres, y la empresa hondureña Inversiones Las Jacarandas, propiedad de miembros de la familia Atala.
Además, tanto en PEMSA como en Las Jacarandas tampoco se registra un cambio de accionistas según los documentos del registro mercantil panameño y hondureño.
Mossi, por su lado, aseguró que el Banco hizo la debida diligencia y el control de las acciones quedó en manos del consorcio suizo.
El 18 de marzo, cuatro días después, la empresa suiza envió una carta al BCIE ratificando la compra por un monto en descuento de 500 mil dólares.
Documentos del BCIE indican que el interés del inversionista que compró la deuda radicó en resolver el caso de Agua Zarca, ya que tenía paralizados otros proyectos del sector de generación de energía en Honduras. El Banco destacaba en ese entonces que SIWM tenía «experiencia y apetito en proyectos a nivel global con cierto grado de complejidad y deterioro». Pero SIWM, en realidad, solo intervino en la compraventa como el nodo inicial en un intercambio entre compañías que llevó la propiedad de Agua Zarca hasta las manos de Guillermo Bueso, el empresario y banquero amigo de Dante Mossi.
Mossi afirma que es muy amigo de Guillermo Bueso y que conoce a muchos de sus socios. Su amistad, según relata, en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee; se conocieron en una fiesta de estudiantes, y Bueso no hablaba con nadie, por lo que Mossi se acercó a platicarle.
«No era muy popular; para ser franco, me dio como pesar verlo solo, entonces me fui a platicar con él. Lo divertido del caso es que yo nunca supe el apellido, me di cuenta [de] que él era Guillermo Bueso muchos años después», explicó Mossi desde su oficina en la sede del BCIE en Tegucigalpa.
En 2018, el 100% de las acciones de SIWM fueron adquiridas por la sociedad Portofino Holdings LTD, propiedad del ciudadano británico Andrew Peat, con la finalidad, según los documentos del BCIE, de servir como vehículo para la adquisición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Posteriormente, en 2019, Peat vendió la totalidad de Portofino Holdings al empresario español Fernando de Mergelina, quien forma parte de la junta directiva de Banco Atlántida en Honduras. En julio de 2021, Mergelina vendió la totalidad de Portofino a la firma The Rocket Company S.A, que tiene como administrador único y dueño al empresario y presidente ejecutivo del Banco Atlántida, Guillermo Bueso.
La amistad de Bueso y Mossi levanta sospechas sobre la transparencia y el posible conflicto de interés en la venta del préstamo al fondo suizo; sin embargo, Mossi aseguró a Contracorriente que cuando vio el nombre del director de SIWM y reconoció que era un socio de su viejo amigo Guillermo Bueso, pidió apartarse del proceso.
«Yo sabía quién era esa persona, y yo no puedo [ya no podía] ser imparcial. No sé si es bueno o es malo, pero no quería meterme; entonces, el equipo hizo la debida diligencia, y me notificaron que se compró el préstamo por medio millón de dólares», explicó Mossi, confirmando que su amigo Guillermo Bueso siempre estuvo tras esa transacción.
Bueso no respondió a las solicitudes de comentarios solicitadas por OCCRP.
Según una denuncia realizada por Lucky Medina, actual titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Banco Atlántida fue beneficiado con el manejo indefinido de 14 subcuencas de ríos a nivel nacional, con el objetivo de producir energía. Medina no especificó cuáles son los proyectos o cuencas que estaban en control de este banco, pero en un medio de comunicación local aseguró que el gobierno había anulado dicha concesión.
Contracorriente solicitó entrevistas en reiteradas ocasiones con el ministro Medina para conocer su posición sobre el papel de la banca nacional y multilateral en conflictos medioambientales; sin embargo, hasta el momento de publicación de este reportaje nuestras peticiones no habían sido contestadas.
Dante Mossi, quien terminará el 17 de noviembre su cuestionado periodo como presidente del BCIE, cuenta que su padre es del municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, la misma zona donde todavía existe la posibilidad que Banco Atlántida concrete el proyecto de Agua Zarca; sin embargo, asegura que, si él hubiese sido presidente cuando el proyecto llegó al Banco, habría rechazado otorgar el financiamiento.
«Como ahí es tan alto, de chiquito me llevaban a volar barriletes al valle de Azacualpa [en Intibucá]. Me encantaba volar barriletes», cuenta Mossi. A pesar de sus justificaciones y añoranzas, durante su gestión posibilitó el último intento de aprobación de una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, que fue ampliamente rechazada por organizaciones indígenas y sociedad civil. La Ley busca aplicar el Convenio 169 de la OIT, una regulación que obliga a los Estados a reconocer la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre proyectos que les afectan.
Una fuente de alto nivel en la ENEE le aseguró a Contracorriente que el contrato de generación de energía adjudicado a DESA para el proyecto Agua Zarca se encuentra en la última etapa del proceso de rescindirse, y que el área legal de la institución se encuentra trabajando en las notificaciones para concluirlo.
Apoyo a una ley con dedicatoria
En abril de 2020, el BCIE anunció públicamente su desvinculación del proyecto Agua Zarca, pero eso no era del todo cierto. Según documentos a los que Contracorriente tuvo acceso por medio de una solicitud de acceso a la información pública, el BCIE financió al Gobierno de Honduras para crear la Ley de Consulta Previa hasta finales de 2020. El fondo para impulsarla provino de los USD 500 mil obtenidos en la venta de la deuda de Agua Zarca.
El 9 de agosto pasado, la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno de Honduras respondió a Contracorriente que la Secretaría de Trabajo fue órgano ejecutor de esos fondos y que estaban en proceso de realizar la liquidación.
El esquema del BCIE estipulaba una secuencia de acciones hacia la revitalización de la represa: luego de cumplirse el traslado del crédito, de que SIWM comprara las acciones de DESA y de que el Gobierno lograra la reglamentación del convenio de la OIT, comenzaría el proceso de consultas con las comunidades para reanudar la construcción de Agua Zarca.
Mossi explicó a Contracorriente que cuando consultaron al predirectorio la decisión de vender la deuda del proyecto Agua Zarca al fondo suizo, uno de los directores del Banco pidió que el medio millón de dólares que venían del proyecto que causó el asesinato de Berta Cáceres lo dieran al Gobierno de Honduras «para que no vuelva a suceder esa tragedia».
Documentos internos del BCIE a los que OCCRP, Contracorriente y Redacción Regional tuvieron acceso indican que hasta marzo de 2019, previo a firmar el acuerdo de cooperación financiera no reembolsable para promover la regulación del Convenio 169 de la OIT, solo consultaron con una organización indigena y no consideraron a otras que habían hecho incidencia sobre el tema, como el mismo Copinh y la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
También consultaron al entonces presidente Juan Orlando Hernández; al sector privado, representado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias; al presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, e incluso involucraron a la Embajada de Estados Unidos y al Banco Mundial.
Además, el Banco destinó 65,000 dólares para contratar a la firma consultora de comunicación Burson-Marsteller, una de las más grandes e importantes a nivel mundial, para el diseño de su estrategia y manejo de comunicación en crisis.
En el Congreso, la campaña por este convenio arrancó en enero de 2020, liderada por el diputado Óscar Nájera, del Partido Nacional, un viejo cacique de la política conservadora en Honduras. Nájera ha sido incluido en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, en la lista Magnitsky del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la lista de sancionados por el gobierno británico, y su nombre aparece mencionado en los casos relacionados con el narcotráfico y corrupción que se dirimen en las cortes de Nueva York contra políticos hondureños.
En el primer trimestre de 2020, Nájera presumió haberse reunido hasta con 10 pueblos indígenas y haber logrado «consensos» para impulsar la ley. Sin embargo, fue desmentido. El 23 de enero, en los bajos del Congreso Nacional, integrantes del Copinh que fundó Berta Cáceres y de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) se manifestaron en contra de esta ley, a la que señalaron de ser una reglamentación que «legaliza el despojo de los pueblos».
La ley no fue votada ese año, pero continúa activa en la agenda del Congreso, de los políticos y los empresarios interesados en Agua Zarca y en otros proyectos similares en Honduras.
El Tornillito y un patrón que se repite
El 21 de marzo de 2021, Juan Carlos Cerros, líder indígena lenca y coordinador de la organización Comunidades Unidas, fue asesinado en su casa. Según medios de comunicación de San Antonio de Cortés, se encontraron 40 casquillos de bala alrededor de su cuerpo. Cerros era el presidente del patronato y de la junta de agua de la comunidad de Nueva Granada, pero era más conocido por su lucha contra una represa anunciada como necesaria para mitigar los daños del cambio climático en la zona norte del país.
El crimen impactó a la comunidad, pero sobre todo a la Asociación de Comunidades Unidas Pro Desarrollo Social de la Biosfera del río Ulúa, creada en 2015 para resistir, denunciar y detener la construcción de la hidroeléctrica El Tornillito, de la empresa Hidrovolcan S.A. El proyecto, impulsado por el BCIE, desplazaría, según las denuncias, a por lo menos cinco comunidades lencas en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, y viola el convenio 169 de la OIT, ya que se ejecuta sin consultar a las comunidades.
Cerros y la asociación habían denunciado públicamente las irregularidades en la concesión a la represa; sin embargo, en diciembre de 2020 el BCIE anunció que apoyaría a la empresa Hidrovolcan con financiamiento para la reubicación de algunas familias de las comunidades afectadas. En septiembre de 2021, tras el crimen, la empresa publicó en sus redes sociales que la construcción de la hidroeléctrica finalmente sería financiada por el mismo BCIE, sin especificar la cantidad de dinero que recibiría.
En respuesta, la organización presentó reclamos y solicitudes formales al banco para reconsiderar el financiamiento del proyecto, pero no fueron escuchados. Dante Mossi siguió anunciando en medios de comunicación que otorgarían un préstamo para el proyecto.
Mossi se contradice sobre este episodio. Por un lado, asegura que no recuerda si el BCIE analizó si el crimen de Cerros estaba vinculado al conflicto por El Tornillito, pero al mismo tiempo asegura que, según los reportes que llegaron a su escritorio, el caso no está relacionado con el proyecto hidroeléctrico.
Mossi aseguró que «el asesinato de Cerros no tenía que ver con el proyecto, sino con otra temaática ambiental y social no relacionada».
Otra hidroeléctrica, otra familia con poder
El Tornillito comparte una similitud con Agua Zarca: detrás de su ejecución hay una familia poderosa de Honduras. En este caso es la familia Larach, al frente del conglomerado del sector eléctrico Inversiones y Representaciones Electromecánicas (IRESA), que tiene contratos de producción de energía por más de 400 megavatios distribuidos en proyectos hidroeléctricos, fotovoltaicos, térmicos y de carbón. Este es el conglomerado con más contratos en el sector de producción de energía en el país.
El asesinato de Cerros, en escuetos informes policiales, fue atribuido a miembros de una pandilla. Pero para las comunidades, el móvil guarda similitudes con el caso de Berta Cáceres. Tras su muerte, organizaciones defensoras del ambiente y los derechos humanos a nivel nacional e internacional publicaron un video póstumo en el que Cerros, con su característico sombrero, explica la problemática a la que se enfrentaban con El Tornillito.
«En el caso nuestro no hemos sido consultados, nos ha caído esto como un balde de agua fría, una sorpresa que nos ha dejado como paralizados (…). El ingeniero del proyecto nos anda diciendo que si no queremos negociar [la venta de las tierras] el agua nos va a sacar, pero ya consultamos con un equipo de abogados que nos están dando asesoría, y nosotros tenemos varias razones para que podamos reclamar nuestro derecho. Nosotros ya tuvimos acceso al Convenio 169 donde hay mucha información para que podamos reclamar nuestro derecho, porque no solo se trata de la vida de una persona, sino de varias generaciones que vienen detrás de nosotros, y aquí en nuestras tierras nosotros sabemos hasta dónde se pega bien el maíz, somos ingenieros naturales», dice Cerros en el video.
En su campaña contra la hidroeléctrica, Cerros reunió a habitantes de las comunidades de los municipios de San Antonio y Villanueva, en Cortés, y Chinda en Santa Bárbara; además, convenció a terratenientes con hectáreas de tierra que tenían que ser compradas por la empresa Hidrovolcan para que se unieran a su lucha.
Daniel Alemán fue uno de esos terratenientes. Él cuenta que, tras recibir intimidaciones por parte de la empresa para obligarlo a vender sus tierras, las cuales colindan con el lugar donde se pretende construir la cortina de la represa, se convirtió en un colaborador cercano de Cerros.
«Nosotros somos afectados en mayor cantidad, pero apelamos por gente a la que se le va a afectar su única parcela de tierra o que se le va a quitar su única casa. Le expusimos [a la empresa] que, previo a la negociación con nosotros o con otros compañeros vecinos, que negociaran con la gente lenca y que les ofrecieran una oportunidad de mejora a sus comunidades: centros de salud, medicina, médicos, educación, empleos, pero empleos de manera permanente. Queríamos que realmente hubiera un impacto social», apuntó Alemán.
La empresa asegura que realizó socializaciones con los patronatos de cada barrio y en cada comunidad. En enero de 2021, previo al asesinato de Cerros, Contracorriente entrevistó a Karen Gallegos, gerente de relaciones públicas de Hidrovolcan, quien aseguró que habían pedido al gobierno que estableciera las reglas para la consulta pero que «lo que nos corresponde a las empresas son las socializaciones y estas las hicimos». Sin embargo, en el expediente del proyecto que tiene la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente no hay pruebas documentales de dichas socializaciones.
Daniel Alemán explica que han interpuesto varias denuncias en contra del proyecto, pero son conscientes de que su lucha es cuesta arriba. «Sabemos quiénes son los socios de Hidrovolcan y, pues, de todos es conocido que son gente con mucho caudal económico y con muchos contactos, a niveles tanto de Gobiernos locales, gobierno central, y se manejan en las esferas del Poder Judicial, del Ministerio Público; nos enfrentamos al proyecto de capital privado más grande de la región», explicó.
Adolfo Larach, el patriarca de la familia detrás de la empresa, se presenta como consejero del gobierno de Xiomara Castro en la construcción de represas, a pesar de las denuncias de las comunidades en contra del proyecto que construye sobre las aguas del río Ulúa.
El interés del gobierno en estos proyectos contrasta con los llamados de Castro durante su campaña y en su discurso de inicio de gobierno, en los que exigió justicia en el caso de Berta Cáceres y líderes ambientalistas asesinados, quienes habían exigido la realización de consultas antes de la instalación de los proyectos.
Alemán apunta que, con una concesión de 50 años para generar energía, es lógico que no acepten que se ponga freno a su inversión.
«El proyecto por el que doña Berta fue víctima tuvo un préstamo de 24 millones, entonces imaginemos que si su vida costó esos 24 millones, ¿cuántas vidas podrán cobrar por este proyecto si hay cientos de millones de por medio?», cuestiona.
El 30 de marzo pasado, el Banco respondió a Contracorriente que se encontraba en etapa de preparación y análisis del proyecto, y no especificó el monto que está en proceso de aprobación. En medios de comunicación, Mossi dijo que buscaba otorgar entre 200 y 600 millones de dólares al que sería el segundo proyecto hidroeléctrico privado más grande en toda Centroamérica, con una producción estimada de entre 160 y 200 megavatios de energía. La proyección era superar por mucho al fallido proyecto Agua Zarca, que pretendía producir 21.3 megavatios de energía. La última información arrojada por el BCIE en su página web indica que Hidrovolcan buscó 150 millones de dólares en financiamiento para el proyecto.
Sin embargo, finalmente el financiamiento del BCIE no avanzó. En el caso de los proyectos de capital privado, según explica el mismo Mossi, los gobernadores del BCIE tienen que presentar una «no objeción», ya que es dinero del Gobierno que pueden utilizar para obras públicas. Aunque la administración de Juan Orlando Hernández le pidió avanzar con el préstamo, la actual gobernadora por Honduras, la secretaría de Finanzas Rixi Moncada, detuvo el proceso y le dijo a Mossi que todavía no tenía autorización para ceder los fondos al proyecto de El Tornillito. Sin embargo, la solicitud de financiamiento sigue vigente y la respuesta del Gobierno no es definitiva.
«El Gobierno nos dice mañana que sí podemos proceder y vamos a hacerlo. Yo la verdad es que no he dado seguimiento, pero no me extrañaría que Tornillito consiga financiamiento por otro lado, y que no requieran nuestra ayuda», finaliza Mossi.
Mientras tanto, en las montañas circundantes al lugar donde quieren construir el proyecto, Alemán dice que esperan que el banco analice las condiciones en las que otorgará el préstamo y dé prioridad al beneficio de las comunidades.
«Es un proyecto que afecta a varias comunidades. Ya con el agua hasta el cuello me dicen los pobladores que tocará irse en alguna caravana de migrantes. Hay gente de Chinda que se fue después de los huracanes [Eta e Iota], porque le habían prometido comprar sus tierras, pero tras los huracanes les dijeron que ya no valen nada», dice.
