A mediados de noviembre (dentro de muy pocos días), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) nombrará a un nuevo presidente ejecutivo para los próximos cinco años. Quien tome el timón del principal banco regional de inversiones de Centroamérica lo hace en un momento clave de su historia.
Aunque es sólo un actor pequeño en comparación con instituciones globales como el Banco Mundial, el BCIE desempeña un papel vital canalizando miles de millones de dólares hacia sus cinco Estados fundadores: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica.
El BCIE afirma que sus préstamos representan cerca de la mitad de la financiación para desarrollo en Centroamérica, una de las zonas más pobres del hemisferio occidental.
El BCIE desempeñó un papel fundamental durante la pandemia del COVID-19, cuando concedió más de mil millones de dólares en préstamos y subvenciones para mantener a flote a sus fundadores.
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Con los bonos de todos estos Estados calificados como “basura”, el BCIE se ha convertido en un salvavidas para los mercados financieros internacionales, y en una fuente clave de financiación para los líderes autoritarios de la región.
“No importan sus políticas si el dinero está llegando a los ciudadanos con necesidades básicas, a las que van dirigidos los proyectos”, dijo el presidente saliente del banco, Dante Mossi, en un evento en Washington, D.C. este año, mientras enfrentaba críticas por proveer fondos al dictador nicaragüense Daniel Ortega.
“En eso nos enfocamos, entonces dejamos la política a un lado”, dijo Mossi a los asistentes.
Algunos no están de acuerdo.
El BCIE ha sido criticado por entregar miles de millones de dólares a los regímenes autoritarios de Centroamérica -encabezados por Ortega, el presidente Nayib Bukele en El Salvador y el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Ahora una investigación del OCCRP y sus aliados revela que el Banco ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción del medio ambiente y otros donde los préstamos han sido desviados para prácticas corruptas o usados para financiar proyectos favoritos de los dictadores.
Los reporteros pasaron más de un año investigando el BCIE, combinando datos de fuentes abiertas con investigaciones oficiales, documentos filtrados y entrevistas con empleados y exempleados del banco.
Para obtener una imagen más clara de la trayectoria del banco, estos reporteros también recopilaron una base de datos de más de 500 operaciones aprobadas en el último cuarto de siglo. En conjunto, los resultados muestran cómo los fracasos del BCIE han permitido el desperdicio y la corrupción en una de las regiones más desiguales del planeta.
El OCCRP trabajó con Columbia Journalism Investigations (CJI) -una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia- y con miembros del proyecto de colaboración periodística centroamericana Redacción Regional, incluyendo ContraCorriente en Honduras, No-Ficción en Guatemala, Lado B en Costa Rica, Focos en El Salvador, Dromómanos en México, La Prensa Panamá en Panamá, y Divergentes y Confidencial en Nicaragua, junto con KCIJ-Newstapa en Corea del Sur y la Taiwan Anti-Corruption & Whistleblower Protection Association (TAWPA) en Taiwán.
Los reporteros descubrieron que el banco ha respaldado al menos 25 centrales hidroeléctricas en Centroamérica desde 1992, incluidas varias muy controvertidas. Al menos nueve personas que se oponían a estas represas fueron asesinadas, mientras que muchas más sufrieron acoso, amenazas y sangrientas represiones por protestar.
El caso más conocido fue el de Berta Cáceres, ecologista indígena hondureña asesinada en 2016 por hacer campaña contra la represa de Agua Zarca.
Auditorías internas descubrieron que el BCIE ignoró numerosas alertas rojas, realizó escasa diligencia debida y continuó respaldando el proyecto después de que un manifestante fuera asesinado, sus co-inversores se retiraran y el banco recibiera docenas de quejas de comunidades indígenas, antes de vender el préstamo en 2019.
Los periodistas descubrieron que los préstamos del banco se usaron para sobornos en un caso relacionado con el escándalo de Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina, y fueron vistos como una fuente fácil de dinero en efectivo por personas investigadas de formar parte de otro caso de corrupción en curso en Costa Rica.
Al menos dos exempleados del BCIE, así como personas que han trabajado con el banco, dijeron que éste tiene controles más débiles sobre sus préstamos que otros bancos de desarrollo.
“Ciertamente no me parece que exista un procedimiento de auditoría como el que tiene el Banco Mundial”, dijo Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de Reserva de El Salvador, que canaliza los préstamos del banco de desarrollo al país.
Acevedo dijo a los reporteros que el BCIE funcionaba como un “club de amigos”, en el que se priorizaba la política por encima de las inversiones sensatas. “Tú me apruebas un préstamo, yo te aprobaré un préstamo… y así es como se toman las decisiones”, dijo.
Este enfoque laxo de los préstamos parece haber empeorado desde que Mossi asumió el cargo en diciembre de 2018, de acuerdo con múltiples fuentes dentro del banco y documentos internos obtenidos por periodistas de la alianza.
Bajo su liderazgo, el BCIE comenzó a otorgar préstamos “basados en políticas”, un tipo de financiación con pocas condiciones que, según los críticos, se malversa fácilmente. De hecho, un tercio del segundo mayor préstamo para el sector público de la historia del banco -600 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas de El Salvador a sobrevivir a la pandemia de COVID-19- se desvió para financiar el intento fallido del presidente de convertir el bitcoin en moneda nacional.
Altos funcionarios del BCIE han expresado su preocupación por la falta de transparencia dentro del banco.
A finales de 2021, nueve directores escribieron a la Junta de Gobierno del BCIE destacando el deterioro de sus resultados financieros y acusando a la administración del banco de ocultarles información.
Sin acción, advirtieron los directores, el BCIE enfrentaría “un eventual deterioro de la salud financiera que la institución había disfrutado durante la última década.”
El análisis del OCCRP muestra que las finanzas del banco han empeorado desde entonces, con una caída en ingresos y un aumento en provisiones para préstamos y costes incobrables.
En un reciente artículo de opinión publicado en La Nación de Costa Rica y Confidencial de Nicaragua, el exdirector costarricense del BCIE, Eduardo Trejos Lalli, afirmó que el próximo presidente del banco se enfrentará a un camino difícil.
“Independientemente de la elección, la persona que asuma el cargo tendrá que enfrentar no sólo la débil situación financiera del BCIE, sino que también tendrá que llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los esfuerzos realizados durante años por Mossi”, escribió.
El OCCRP intentó en repetidas ocasiones, por correo electrónico y por teléfono, recabar comentarios para este reportaje del departamento de comunicación del BCIE y de su director, pero no obtuvo respuesta.
Días antes de esta publicación, el banco contestó diciendo que no había visto los mensajes enviados por los periodistas y que, según sus normas sobre libertad de información, sólo estaban obligados a dar respuestas en el plazo de dos meses desde que las recibían.
Sin embargo, el presidente saliente del banco, Mossi, respondió a las preguntas de los periodistas en múltiples entrevistas, así como por escrito.
Dijo que algunos proyectos emprendidos antes de que se uniera al banco en 2018 habían sido mal concebidos, pero defendió la trayectoria del BCIE, cuestionando por qué ha sido señalado por apoyar el autoritarismo cuando otras instituciones, como el Banco Mundial y el FMI, también prestan dinero en Centroamérica.
“El BCIE no es una institución política, trabajamos con los países miembros… No tenemos el mandato de determinar la forma de gobierno de ningún país miembro”, dijo, rechazando la idea de que las prácticas crediticias del banco hicieran su financiación vulnerable a la corrupción.
“Centroamérica es más sensata que otras partes del mundo”, añadió en una entrevista con OCCRP. “Creo que los riesgos están totalmente distorsionados… Es decir, esto no es Europa en absoluto, pero tampoco es África”.
Legado de la Guerra Fría
El BCIE se creó en 1960, cuando la Guerra Fría marcaba el destino de América Latina. Con sede en Honduras, el banco nació poco después que el Banco Interamericano de Desarrollo, respaldado por Estados Unidos, con el fin de dar a sus miembros un mayor control sobre su propio desarrollo.
Tras una tumultuosa década de 1980 marcada por una crisis de la deuda en Centroamérica, el banco se expandió globalmente, incorporando nuevos miembros como Taiwán, México y España. Con la reciente incorporación de Corea del Sur, el BCIE cuenta ahora con 15 miembros y con activos de más de 13.800 millones de dólares.
A lo largo de los años, periodistas han descubierto que el BCIE ha respaldado proyectos envueltos en escándalos. Aunque con años de diferencia, varios guardan similitudes sorprendentes.
Registros citados en una investigación realizada por fiscales anticorrupción de Guatemala, respaldados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), muestran que el gigante de la construcción Odebrecht, salpicado por un escándalo de corrupción, utilizó millones de dólares de un préstamo del BCIE para pagar a funcionarios estatales en Guatemala.
Uno de ellos, según los registros de la CICIG, fue el ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, que actualmente está siendo juzgado por múltiples casos de corrupción en Guatemala.
No Ficción y Redacción Regional, socios de OCCRP, obtuvieron una copia del testimonio que Sinibaldi dio a los fiscales guatemaltecos, en el que implica al BCIE en el supuesto esquema de sobornos.
Según el relato de Sinibaldi, el ex director guatemalteco del BCIE fue “fundamental” en el plan, que permitió a Odebrecht asegurar condiciones preferenciales en su contrato para construir parte de una importante autopista.
En un relato de 41 páginas a los fiscales, el exministro alegó que el funcionario bancario recibió sobornos de Odebrecht y sobornó a otros directores del BCIE para aprobar los cambios.
Los periodistas no pudieron corroborar de manera independiente las afirmaciones de Sinibaldi, incluidos los pagos específicos a funcionarios del BCIE.
El exdirector de ese banco que Sinibaldi mencionó en su testimonio, Oscar Humberto Pineda Robles, negó a esta alianza periodística haber pagado o recibido sobornos, subrayando que su nombre nunca ha aparecido en ningún caso ante las cortes relacionado con Odebrecht.
“TODO LO MALICIOSAMENTE ATRIBUIDO A MI PERSONA POR ESE REPROCHABLE Y PERVERSO PERSONAJE [Sinibaldi] ES, SIN EXCEPCIÓN, UNA ABSURDA MENTIRA”, escribió Pineda en un correo electrónico a OCCRP.
El propio Sinibaldi negó cualquier implicación en el esquema de sobornos de Odebrecht, afirmando que nunca se había reunido con Pineda. También sostuvo que el testimonio obtenido por los periodistas era una falsificación creada para desacreditarle.
“Niego categóricamente haber proporcionado dicha declaración”, escribió a OCCRP, afirmando que el testimonio había sido fabricado “con el objetivo de generar conflicto con importantes actores políticos, funcionarios públicos y congresistas de Guatemala”.
Los reporteros confirmaron la autenticidad del testimonio con la fiscalía de Guatemala y dos personas cercanas al caso Odebrecht.
Fuentes dentro del banco que tenían conocimiento del caso en ese momento dijeron que era sabido dentro de la institución que los funcionarios habían recibido pagos relacionados con Odebrecht.
“Se sabía en ese momento que el director recibía dinero por el préstamo, y que muchos políticos recibían dinero por el préstamo, y que muchos empleados del banco recibían mucho dinero por el préstamo”, dijo uno de ellos.
Los reporteros también obtuvieron una copia de las enmiendas al contrato, que fueron aprobadas por el BCIE, redefiniendo los costos del proyecto y asegurando a Odebrecht un adelanto de 73 millones de dólares.
Odebrecht, ahora Novonor, dijo desconocer la existencia de tratos ilícitos entre sus representantes y funcionarios del BCIE.
Casi dos docenas de personas han sido detenidas o encarceladas en relación con el esquema de Odebrecht, y otras más se enfrentarán a juicio. Entre ellos se encuentra Sinibaldi, que fue incluido por “corrupción significativa” en 2019 en la Lista Engel, la nómina elaborada por el gobierno estadounidense sobre figuras, que, según su criterio, socavan la democracia y la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Sinibaldi ahora se enfrenta a juicio por este y varios otros presuntos escándalos de corrupción de cuando estaba en el cargo.
(Sinbaldi no hizo comentarios sobre los otros casos que enfrenta).
En otro largo caso de corrupción en Guatemala, reporteros descubrieron que el BCIE ha seguido financiando el controvertido proyecto de la carretera Franja Transversal del Norte incluso después de que se viera envuelto en un escándalo.
En 2008, el banco aprobó hasta 203 millones de dólares para el proyecto, que iba a ser construido por Solel Boneh FTN, una filial de Shikun & Binui, empresa israelí líder en infraestructura y bienes raíces.
Pero las auditorías públicas guatemaltecas obtenidas por OCCRP documentaron una letanía de problemas en los años siguientes. Las obras de la autopista fueron citadas repetidamente por problemas de construcción y fallos en la supervisión, lo que llevó a múltiples suspensiones.
Solel Boneh cuestionó las críticas en las respuestas citadas en las auditorías, pero no respondió a las solicitudes de comentarios de OCCRP.
En 2017, una comisión respaldada por las Naciones Unidas y el Ministerio Público de Guatemala presentó hallazgos de que Solel Boneh y su holding habían sobornado a Sinibaldi a través de una serie de empresas offshore mientras era diputado y, más tarde, ministro de Comunicaciones del país.
Sinibaldi no respondió a las preguntas sobre la Franja Transversal del Norte a tiempo para esta publicación. Tampoco Solel Boneh.
Según fuentes oficiales, al menos una docena de personas ya han sido condenadas en relación con este escándalo de corrupción.
A pesar de las revelaciones, el BCIE prorrogó el año pasado su préstamo para la Franja Transversal del Norte por otros 12 meses, hasta abril de 2023. A finales de octubre, los datos del sitio web del banco mostraban que había desembolsado casi 185 millones de dólares.
Unos 15 años después de que el BCIE acordara por primera vez financiar el proyecto, la autopista sigue incompleta. Incluso después de los escándalos y los retrasos, los documentos del gobierno muestran que en agosto del año pasado Solel Boneh FTN seguía siendo el contratista para terminar la construcción, después de que el BCIE hubiera ampliado su préstamo para la autopista.
Mossi, presidente saliente del BCIE, admitió a OCCRP que la Franja Transversal había enfrentado “muchos problemas” incluido los desafíos legales de los propietarios de tierras y los daños causados por huracanes. Dijo que el banco había accedido a extender el préstamo porque era un subcontratista de Solel Boneh, el que había sido acusado de corrupción.
“El Gobierno y el BCIE realizaron la debida diligencia sobre el caso, y concluyeron que el comportamiento de la persona no estaba relacionado con la empresa. Por lo tanto, la ejecución del contrato continuó”, dijo a OCCRP.
Mossi dijo que había heredado una serie de proyectos fallidos cuando asumió su cargo a fines de 2018. “El banco hizo muchos préstamos al sector privado que salieron mal”, dijo. “Puedo decirte que al menos hubo unas dos docenas de proyectos realmente fallidos”.
Nick Rischbieth, presidente del BCIE antes que Mossi, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Más recientemente, fiscales de Costa Rica están investigando a varios funcionarios del gobierno, que estaban a cargo de administrar los préstamos del BCIE al organismo estatal CONAVI, que supervisa la construcción de carreteras, de formar parte de otra trama de sobornos.
Según las pruebas recogidas en el expediente policial del caso, tres ejecutivos del organismo CONAVI habrían operado un esquema de tráfico de influencias y sobornos para beneficiar a empresas constructoras que trabajaban en varios proyectos respaldados por el Estado. La fiscalía costarricense está recabando pruebas y evaluando presentar una acusación formal sobre las personas y empresas indagadas.
Uno de ellos era una carretera de circunvalación alrededor de la capital, construida por un consorcio que incluía a la constructora costarricense H. Solís, a la que el BCIE acordó prestar hasta casi 223 millones de dólares.
Según la policía, en las escuchas telefónicas que aparecen en el expediente del caso señalan al propietario de la empresa y a funcionarios de la CONAVI discutiendo cómo podrían obtener más dinero del banco, al que veían como una fuente fácil de efectivo.
En una de las escuchas incluidas en el expediente del caso, uno de los funcionarios de CONAVI indagados, Carlos Solís Murillo, le dice a Mélida Solís, la jefa de la constructora H. Solís, que el banco es tan laxo que sólo hay que “pedir permiso al BCIE” para una línea de crédito y ellos “la aprueban ahí mismo”.
Ambos (Carlos Solis Murillo y Melida Solis) ingresaron en prisión preventiva en 2021 como sospechosos de tráfico de influencias y cohecho.
Los fiscales no respondieron a preguntas sobre el estado del caso o sobre si siguen detenidos. Se ha reportado que continúan las investigaciones sobre 15 personas y 75 empresas implicadas en el escándalo de aparentes sobornos.
Al parecer, el BCIE aún no ha desembolsado ninguno de los fondos del préstamo, según los datos que figuran en el sitio web del banco. El banco no respondió a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hicieron Solís Murillo ni Melida Solís.
Mossi dijo que el escándalo de corrupción había girado en torno a “las aprobaciones internas en el Gobierno de Costa Rica”, por lo que no era responsabilidad del banco.
De proyectos a políticas públicas
Si bien el cuestionable enfoque del BCIE con respecto a los préstamos se remonta a años atrás, los reporteros encontraron que el banco ha adoptado nuevas prácticas desde que Mossi asumió la presidencia a fines de 2018, lo que ha dificultado el monitoreo de cómo los gobiernos usan sus fondos.
Bajo el liderazgo de Mossi, el BCIE comenzó a otorgar los llamados “préstamos basados en políticas”, un tipo de financiamiento destinado a ayudar a los países a alcanzar objetivos de gran envergadura, como la reducción de la pobreza, en lugar de un proyecto específico. Sus defensores afirman que este enfoque más flexible permite a los gobiernos establecer sus propias prioridades.
Pero los críticos afirman que estos préstamos son difíciles de supervisar y que es fácil abusar de ellos. Como el dinero va directamente a las arcas de los gobiernos, es difícil saber cómo se ha gastado. Y como la financiación no se destina a un proyecto concreto, es imposible determinar si se ha utilizado eficazmente.
“Financiábamos proyectos y ahora financian políticas. Y las políticas son cada vez menos claras en términos de lo que van a lograr”, dijo Alberto Cortés, otro de los ex directores del BCIE en Costa Rica.
Según correspondencia obtenida por los periodistas, varios de los directores del BCIE se opusieron a la introducción de préstamos basados en políticas, expresando su preocupación por la transparencia y argumentando que era contrario a las normas del banco financiar los gastos cotidianos de los Estados miembros. Mossi agravó sus preocupaciones al decir que los préstamos no necesitarían ser auditados, escribieron.
“Dado que el dinero es algo fungible una vez depositado en la cuenta pública, puede utilizarse para cualquier tipo de gasto corriente, y no para el destino o la política pública originalmente otorgados”, decía la correspondencia obtenida por Columbia Journalism Investigations.
“Esto se ve agravado por problemas de falta de transparencia, rendición de cuentas y sistemas de contaduría en los sistemas de control presupuestario de los países beneficiarios”.
En conversación con OCRRP, Mossi defendió los “préstamos basados en políticas” que hizo el banco, afirmando que se habían implementado a petición de Costa Rica, con la aprobación de la junta directiva. Cuando se popularizaron a raíz de la pandemia debido a “la liquidez que se generó”, el BCIE comenzó a tratar de limitar el uso de estos préstamos para preservar el enfoque “tradicional” del banco de financiar proyectos de infraestructura, dijo. También rechazó la idea, planteada por algunos dentro del banco, de que había empezado a conceder “préstamos basados en políticas” para ganarse el favor político.
“Lo hicimos por necesidad… para los países y no por necesidad mía de ser reelegido”, le dijo Mossi a OCCRP. “Mucha gente vio mi deber de servir a los países como una … campaña de ventas de parte mía para seguir siendo presidente. Yo dije: ‘Ése no es mi propósito’”.
Los datos publicados en el sitio web del BCIE muestran que aprobó 13 préstamos “basados en políticas de desarrollo” entre 2020 y 2022, por un total de más de 2.500 millones de dólares. Algunos dan objetivos específicos, como apoyo durante la pandemia o para combatir el cambio climático, pero casi la mitad sólo dan descripciones vagas, como “apoyar acciones de política pública y resultados de desarrollo.”
Entre estos préstamos se incluye uno de 250 millones de dólares que, en última instancia, se destinaría a apoyar a la empresa estatal de electricidad de Honduras, notoriamente corrupta. Múltiples estudios han detallado la corrupción dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que el Carnegie Endowment for International Peace llamó parte de “la red cleptocrática del país.” Incluso el gobierno hondureño ha arremetido contra la ENEE, diciendo que bajo administraciones anteriores fue parte de uno de los esquemas de corrupción más grandes del país en décadas.
La ENEE no respondió a una solicitud de comentarios. Mossi enfatizó que el préstamo no se otorgó directamente a la ENEE, y señaló que todos los préstamos del BCIE basados en políticas incluían cláusulas anticorrupción.
Finn Tarp, exdirector del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, dijo que era muy problemático otorgar préstamos basados en políticas a organizaciones con un historial de corrupción.
“Si existe documentación independiente sobre el comportamiento de empresas tan grandes, y aun así reciben estas inyecciones masivas de capital… obviamente, hay algo que no funciona”, dijo Tarp, que ahora es profesor de economía del desarrollo en la Universidad de Copenhague.
Mossi rechazó la idea de que se esté haciendo mal uso de los “préstamos basados en políticas” del BCIE. “Centroamérica es más sensata que otras partes del mundo”, dijo al OCCRP. “Creo que los riesgos están totalmente mal calculados… Quiero decir, esto no es Europa en absoluto, pero tampoco es África”.
Pero incluso con otros tipos de préstamos, los reporteros descubrieron que los gobiernos no siempre han utilizado los fondos del BCIE según lo previsto. Un tercio del segundo mayor préstamo del banco hasta la fecha -600 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia en El Salvador- se malgastó cuando más se necesitaba.
La economía de El Salvador atravesaba dificultades cuando el BCIE anunció el préstamo a principios de 2021. La pandemia había hecho que el PIB del país se desplomara casi un 8% el año anterior, y a muchas personas les resultaba difícil llegar a fin de mes debido a las estrictas restricciones de movilidad. En un comunicado de prensa en el que se anunciaba el préstamo en abril de 2021, Mossi dijo que beneficiaría a 4 millones de personas, incluidos empresarios y familias.
En julio de ese año, el BCIE entregó los 600 millones de dólares directamente al gobierno de El Salvador, que supuestamente los daría a bancos locales para que los prestaran a micro, pequeñas y medianas empresas. Pero sólo una fracción del préstamo -unos 20 millones de dólares- acabó utilizándose como había descrito Mossi.
En su lugar, los documentos presupuestarios muestran que el gobierno desvió la mayor parte del efectivo para financiar sus propias necesidades, asignando 425 millones de dólares a “obligaciones generales del Estado”. De esa cantidad, más de 200 millones se destinaron a un proyecto favorito del líder autoritario de El Salvador, Bukele: convertir Bitcoin en moneda nacional.
El autodenominado “dictador más cool del mundo” había anunciado su plan de convertirse en el primer país en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal en junio de 2021, unas semanas antes de que el BCIE aprobara los fondos COVID-19 para El Salvador. Bukele argumentó que el uso del bitcoin abarataría la recepción de remesas vitales desde el extranjero y ayudaría a las personas sin acceso al sistema bancario.
Sin embargo, otros no estaban tan convencidos: la agencia de calificación Moody’s citó el plan como una de las razones por las que rebajó la calificación de los bonos del gobierno salvadoreño ese año. Aunque el FMI también desaconsejó la idea y el Banco Mundial rechazó el proyecto por problemas medioambientales y de transparencia, el BCIE apoyó el plan de Bukele.
“Esta es una gran noticia para la región”, dijo Mossi en un comunicado de prensa, en junio 2021, anunciando que el banco proporcionaría “asistencia técnica” sobre cómo implementar el plan Bitcoin. La lista de contratistas del BCIE muestra que el banco pagó a una empresa informática casi 85.000 dólares por realizar un estudio sobre la implementación.
Aunque el banco no parece haber tenido la intención de que su apoyo por el COVID-19 a El Salvador se utilizara para el plan Bitcoin, los documentos presupuestarios muestran que se utilizaron unos 200 millones de dólares para construir la arquitectura financiera necesaria, así como para dar a todos los que se inscribieron en la aplicación del gobierno 30 dólares en criptomoneda.
Mossi dijo a OCCRP que al tiempo que el BCIE había pagado por el estudio, había aconsejado a El Salvador que las reformas legales y regulatorias requeridas para hacer del bitcoin una moneda de curso legal “estaban mucho más allá de lo que el Gobierno estaba dispuesto a llevar a cabo”. Añadió que el BCIE también había incluido había prohibido específicamente en el contrato para el préstamo de 600 millones de dólares que éste se utilizara para bitcoin. “Básicamente dice que hay un convenio en El Salvador, que ningún dinero del BCIE podría ser utilizado para financiar ninguna actividad de bitcoin. Así que no, no financiamos eso”, dijo Mossi. “Proporcionamos apoyo presupuestario para que el gobierno pueda utilizar el dinero como desee”.
Cuando se le preguntó si El Salvador había incumplido las condiciones del préstamo, se mostró de acuerdo, pero añadió: “El dinero es fungible”.
“Proporcionamos apoyo presupuestario para que el gobierno pudiera utilizar el dinero como deseara”, dijo Mossi.
El gobierno de El Salvador no respondió a una solicitud de comentarios.
El experimento bitcoin de Bukele ha sido ampliamente criticado como un costoso fracaso. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos descubrió que, el año pasado, menos de una de cada 10 personas que se registraron en la aplicación de criptomoneda del gobierno seguían utilizándola.
“Se aprobó la ley Bitcoin, pero en realidad bitcoin no existe; bitcoin no es moneda de curso legal”, dijo el economista César Villalona. “Está la ley y está la realidad. La realidad es que el país sigue dolarizado”.
Mossi coincidió y agregó: “Al final de la saga, bitcoin es menos del uno por ciento de la economía salvadoreña, así que…”.
Borrascas financieras
Estas prácticas de préstamo laxas han tenido un precio. Aunque la calificación crediticia del BCIE sigue siendo alta, lo que le da un acceso más barato a la financiación internacional, altos cargos internos del banco han expresado su preocupación por su futura estabilidad financiera.
En diciembre de 2021, nueve de los directores nacionales del BCIE escribieron a su Junta de Gobernadores para expresar su preocupación por el estancamiento de sus resultados y por lo que consideraban una falta de transparencia en torno a sus inversiones.
En la carta, obtenida por los reporteros, plantearon “gran preocupación por la gestión y los parámetros financieros del Banco y las serias preocupaciones planteadas sobre su adecuada gobernanza”, citando un desplome en la rentabilidad del BCIE y el rendimiento de sus activos desde 2018, cuando Mossi asumió la presidencia.
Hasta hace poco, señalaron los directores, la creciente cartera de préstamos y los activos del banco habían indicado que se encontraba en una posición financiera sólida. Así que les tomó por “sorpresa”, dijeron, cuando las cifras de octubre de 2021 mostraron que los ingresos se habían desplomado a 83,6 millones de dólares, por debajo de los 223,5 millones de 2018.
Los directores acusaron a la administración del banco de ocultarles información, por lo que no podían tomar decisiones informadas sobre si invertir en “operaciones que también presentan graves deficiencias en sus fundamentos.”
“La administración ha insistido en diversas prácticas tendientes a impedir que se cuente con los insumos necesarios para que los consejeros puedan ejercer adecuadamente sus funciones”, escribieron. De no tomarse medidas, los directores advirtieron que el BCIE enfrentaba “un eventual deterioro de la salud financiera que la institución venía disfrutando en la última década”.
Mossi rebatió las preocupaciones de los directores, afirmando que la Junta de Gobernadores había rechazado los puntos planteados en la carta. Las finanzas del BCIE estaban “mejor que nunca” y el banco estaba “funcionando fantásticamente”, argumentó, señalando el aumento de capital del banco en 2020 de 5.000 millones de dólares a 7.000 millones.
Las ganancias del BCIE han caído desde que los directores expresaron su alarma, con un desplome de ingresos financieros netos de más del 6% en los seis meses hasta junio de 2022 en comparación con el mismo período del año anterior, según las cifras más recientes que están disponibles al público. Acevedo, exdirector del Banco Central de El Salvador, revisó las cuentas del BCIE y estuvo de acuerdo en que la caída era “sorprendente”, diciendo que justificaba una mirada más cercana a la forma en que el banco está siendo administrado.
Parte del problema parece deberse al deterioro de la cartera de préstamos del banco, ya que en junio de 2022 la provisión para insolvencias del sector público había aumentado casi un 40% con respecto al año anterior.
En un comunicado publicado unos meses más tarde, la agencia de calificación S&P también planteó preocupaciones sobre las perspectivas económicas para Centroamérica, advirtiendo la presencia de una “calidad de activos más débil” en la región.
Mientras tanto, el nivel de capital ajustado por riesgo del BCIE – una medida clave de la estabilidad financiera a la que se refieren los directores en su carta – también disminuyó, cayendo al 14% en junio de 2022, por debajo del 15,7% del mismo momento del año anterior.
A medida que los beneficios del BCIE han disminuido, sus costos han aumentado, con un incremento del gasto en salarios y prestaciones de los empleados que crecieron el 13% en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Ottón Solís, otro de los exdirectores del BCIE en Costa Rica, dijo que se quejó de la cultura de gastos excesivos del banco cuando aún trabajaba allí en 2018, pero los gobernadores sofocaron sus intentos de frenar los gastos.
En una entrevista con el diario El País de España después de dejar su puesto, describió cómo los directores cobraban 20.000 dólares al mes libres de impuestos, recibían regalos de lujo, tenían uso discrecional de vehículos y vuelos ilimitados en primera clase en la región, y recibían bonos de vacaciones. Según sus cálculos, el gasto del BCIE en relación con sus activos triplicaba el del Banco Mundial y el BID.
“Parece el banco de una economía petrolera del Golfo Pérsico”, declaró al periódico. “Estos excesos son incompatibles con los objetivos de desarrollo del BCIE y con los niveles de renta de la mayoría de los habitantes de la región”.
Mossi admitió que el BCIE había visto “aumentar el costo de hacer negocios en términos absolutos” en los últimos años, pero en general describió el banco como de “bajo costo” y “altamente eficiente”.
A pesar de las borrascas financieras a las que se enfrenta, el BCIE parece confiar en su futuro.
En su estado financiero de junio de 2022, el banco dijo que había cambiado su metodología contable para mantener menos dinero en reserva contra impagos. La medida permitió al banco liberar casi 133 millones de dólares, aumentando sus ingresos para el período a poco más de 250 millones de dólares y mejorando sus métricas financieras.
Pero un exfuncionario del BCIE, que habló bajo condición de anonimato para evitar repercusiones profesionales, dijo que el cambio era sólo una forma de hacer que el banco se viera mejor sobre el papel.
“No son ingresos en efectivo, es sólo una maniobra contable que aumenta los ingresos y permite al banco mejorar su base de capital para conceder préstamos”, dijeron.
Financiación del autoritarismo
Era un día ventoso a principios de mayo cuando el abogado y activista político nicaragüense Juan Diego Barberena encabezó una pequeña protesta contra la reelección de Mossi como presidente frente a las oficinas del BCIE en la capital de Costa Rica.
Berberena afirmó que el BCIE se ha convertido en el principal financiador del gobierno opresor de Nicaragua bajo Mossi, a quien acusó de conceder préstamos indiscriminadamente para ganarse el favor de Ortega y de otros líderes autoritarios de Centroamérica.
“La estrategia de Mossi era obtener el apoyo de la mayoría de los socios fundadores del BCIE a través de la concesión indiscriminada y discrecional de préstamos para ser reelegido”, dijo a OCCRP. “Es una cuestión de transparencia y rendición de cuentas”.
El BCIE ha suscitado un creciente coro de críticas por financiar a los líderes autoritarios de Centroamérica, en particular al hombre fuerte de Nicaragua, el presidente Ortega. A principios de este año, Mossi compareció en un debate en Washington, D.C., donde se vio obligado a defenderse de repetidas acusaciones de que estaba ayudando a mantener el brutal régimen del país con préstamos para ganar apoyo político.
¡Vivas se las llevaron, ¡vivas las queremos!
— Asociación Madres De Abril (AMA) (@MadresDeAbril) April 20, 2021
¡BASTA DE REPRESIÓN!#AMAyNoOlvida #3AñosSinJusticia pic.twitter.com/nC8s6ALwmT
Al día siguiente del debate, los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribieron a cada uno de los otros cuatro miembros fundadores del banco pidiéndoles que aumentaran el escrutinio y la transparencia de su financiación para Nicaragua. El BCIE también fue nombrado en la legislación presentada en el Senado de EE.UU. en junio que pedía al Departamento de Estado que restringiera las inversiones y los préstamos que benefician al gobierno de Nicaragua.
“En los últimos años, Estados Unidos ha tomado medidas para aumentar el escrutinio y reducir la financiación de las instituciones multilaterales que beneficiarían directamente al régimen de Ortega-Murillo”, dicen las cartas. “Instamos a su gobierno a seguir políticas similares con respecto a los préstamos del BCIE”.
El OCCRP analizó datos históricos sobre los préstamos del BCIE disponibles en su sitio web, que se remontan a la década de 1960. Mostró que, a lo largo de las décadas, la mayoría de los fondos que el banco aprobó fueron para Costa Rica, generalmente visto como el país más democrático de Centroamérica, incluso en los años posteriores a la llegada de Mossi a la presidencia ejecutiva en diciembre de 2018.
En los tres años anteriores a la llegada de Mossi a la presidencia, Costa Rica también recibió la mayor cantidad de desembolsos. Pero esto cambió a partir de 2019, cuando El Salvador y Nicaragua recibieron la mayor parte de los fondos del banco. En ambos casos, la cantidad de dinero que el BCIE entregó a cada país casi se duplicó de 2018 a 2021.
El pico de los desembolsos a ambos países fue en 2021, cuando Ortega fue acusado de llevar a cabo una amplia represión contra periodistas y opositores políticos de la sociedad civil en vísperas de las elecciones nacionales. En El Salvador, el BCIE llegó a aprobar préstamos para la policía y el ministerio de defensa mientras Bukele llevaba adelante su controvertido plan de control territorial.
El estado de excepción de Bukele
Fue una escena que un grupo de derechos civiles comparó con los días más oscuros de la guerra civil de El Salvador: soldados en uniforme de combate ocuparon el hemiciclo del parlamento en un intento de presionar a los legisladores para que respaldaran el nuevo plan de seguridad del presidente.
Las tropas invadieron el edificio en febrero de 2020 después de que los legisladores de la oposición se negaran a participar en una votación para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares del BCIE para la tercera fase del llamado “plan de control territorial” del presidente Nayib Bukele, destinado a combatir la violencia generalizada de las bandas en todo el país. Aunque el préstamo no se aprobó ese día, se ratificó el año siguiente.
El préstamo, que se describió como destinado a la “seguridad ciudadana”, asignó millones de dólares a la policía y al ministerio de Defensa de El Salvador, incluidos fondos destinados a comprar equipos de vigilancia y un helicóptero.
“Los bancos de desarrollo no deberían financiar a una policía tan abusiva como la de El Salvador”, dijo Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, señalando que “encarcelar a la gente de forma masiva y abusiva debería ser motivo suficiente para que el BCIE pusiera estos fondos en suspenso. En marzo de 2022, Bukele impuso un “estado de excepción” que suspendió muchas libertades civiles en todo El Salvador.
Desde entonces, el gobierno ha detenido a más de 72.000 personas y los grupos de derechos humanos han documentado una larga lista de abusos por parte de la policía y el ejército, desde detenciones arbitrarias hasta el asesinato y la tortura de personas bajo custodia.
Aunque el BCIE aún no ha desembolsado los préstamos para la segunda y tercera fases del plan de control de Bukele, que ascienden a 200 millones de dólares, el banco sigue respaldándole. A mediados de 2022 -apenas unos meses después de que el gobierno de El Salvador impusiera el estado de excepción- las resoluciones del banco muestran que ambos préstamos fueron prorrogados por un año.
Mossi dijo que el BCIE accedió a los préstamos porque eran para financiar “un programa de seguridad ciudadana que incluye una variedad de actividades” y que serían “supervisados de cerca”. “El BCIE tiene una lista negativa de rubros que no podemos financiar, y respetamos esa lista”, dijo. “El programa de seguridad de El Salvador fue monitoreado cuidadosamente para asegurar que esa lista fuera respetada”.
Acevedo, el exjefe del banco central de El Salvador, dijo que el aumento de los préstamos del BCIE a Nicaragua y El Salvador era “sorprendente” – y potencialmente peligroso.
“Esto conlleva riesgos reputacionales que eventualmente pueden traducirse en riesgos financieros”, dijo.
Preguntado por el aumento de los préstamos a Nicaragua y El Salvador, Mossi dijo que la demanda de recursos de cada país “está vinculada a su gobernanza interna y a los ciclos electorales, a su capacidad para ejecutar proyectos y al apetito por nuestros préstamos”, que había aumentado durante la pandemia. Afirmó que el BCIE no tiene una agenda política.
Enfrentado a presiones financieras y vientos políticos en contra, quien asuma la presidencia del BCIE lo hace en un momento crítico para el banco. Tras recibir más de 240 candidaturas, el banco ha reducido la lista a tres candidatos y anunciará el nombre del ganador el 17 de noviembre.
Entre los candidatos se encuentra el actual vicepresidente ejecutivo del BCIE, el economista guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacios, quien ha asumido muchas de las funciones de Mossi en el período previo a la renuncia formal del presidente en diciembre.
A finales de octubre, Mossi escribió a los gobernadores del banco, argumentando que la medida de dar a Díaz Palacios el control del BCIE mientras se postulaba para ser presidente era ilegal y planteando dudas sobre la imparcialidad del proceso de selección.
“La idea de que el Directorio transfirió funciones del Presidente Ejecutivo al Vicepresidente de manera ilegal, y ahora él está en la lista de candidatos, sugiere una falla”, escribió a la Junta de Gobernadores del BCIE el 20 de octubre.
Mossi también llamó la atención al candidato oficial de Costa Rica por mantener reuniones con el directorio en Guatemala, diciendo que “causó preocupación sobre la neutralidad de todo el proceso de selección”.
Al recordar su paso por el banco en conversación con OCCRP, el director ejecutivo saliente dijo estar contento con su legado.
“Yo era un ejecutivo bien pagado en el Banco Mundial que vivía en Washington, D.C.”, dijo. “Acepté este reto y creo que marqué la diferencia”.
Mariana Castro, Andrew Little y Madeline Fixler son becarios de Columbia Journalism Investigations, una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia.
Esta investigación contó con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).