El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), anunció una demanda en contra de su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, por el incumplimiento del deber fiduciario, manipulación de mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y la violación a la Ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una normativa aprobada a nivel federal en 1970 en Estados Unidos y que tiene como principal objetivo la lucha contra la mafia estadounidense y contra las organizaciones delictivas del crimen organizado.
Según una nota de prensa publicada por el BCIE, la demanda fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de Columbia en Estados Unidos y forma parte del compromiso del banco para continuar cumpliendo con los más altos estándares de integridad y ética.
“Esta acción, no solo presenta el esquema ilegal estructurado por Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco”, detalló el comunicado del BCIE.
La gestión de Mossi fue criticada por entregar miles de millones de dólares a los regímenes autoritarios de Centroamérica —encabezados por el dictador Daniel Ortega, el presidente Nayib Bukele en El Salvador y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
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Distintas investigaciones periodísticas han revelado que durante la gestión de Mossi el Banco ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción del medio ambiente y otros donde los préstamos fueron desviados para prácticas corruptas o usados para financiar proyectos favoritos de los dictadores. Los resultados de estos reportajes demostraron cómo los fracasos del BCIE han permitido el desperdicio y la corrupción en una de las regiones más desiguales del planeta.
En junio de 2024 DIVERGENTES publicó una investigación que demostró cómo el BCIE, siempre durante la gestión de Mossi, aprobó en agosto de 2020 un préstamo al régimen de Nicaragua por un monto de 171.6 millones de dólares destinado al financiamiento de viviendas para familias en extrema pobreza. A pesar que este proyecto contaba con la “supervisión” de la institución financiera, su ejecución estuvo manchada por la corrupción y favoritismo político.
Al menos 55 alcaldías sandinistas fueron encargadas de ejecutar los fondos utilizando de forma irregular la modalidad de contrataciones simplificadas, un proceso contemplado únicamente para situaciones de emergencias, pero que dentro del Gobierno sandinista es empleado para favorecer al dedazo a empresarios allegados al círculo de la dictadura Ortega-Murillo.
La entrega de las casas, según testimonios recopilados por DIVERGENTES, estuvo condicionada a ciudadanos que se identificaban como sandinistas. “Es una obra arruinada por la misma descomposición del régimen”, explicó una fuente vinculada al orteguismo.