Transcurridos más de 100 días de su Gobierno, la resistencia de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por dejar el cargo ha forzado al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, abrir un nuevo frente para poder remover a esta funcionaria.
Arévalo anunció que enviaría una propuesta al Congreso de la República para reformar la Ley Orgánica del MP y así poder remover a la fiscal guatemalteca, quien cumple un segundo periodo al frente de esa institución, tras lograr el respaldo de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Porras se convirtió en el verdugo del actual mandatario guatemalteco, porque no solo intentó evitar que asumiera el cargo este pasado 14 de enero, sino que hace una semana reiteró que presentaría nuevas evidencias para interponer un nuevo antejuicio contra Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, para poderlos someter a una investigación penal por haber respaldado al movimiento universitario que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El sorpresivo mensaje del presidente guatemalteco fue transmitido en cadena nacional en ese país. El gobernante se centró en las acciones que ha realizado Porras en defensa de los actores corruptos y la persecución emprendida contra políticos de oposición.
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“¡El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya!”
“¡El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya!”, puntualizó el mandatario, quien además, recriminó la falta de atención a investigaciones en las que se ha evidenciado actos de corrupción; como la compra de vacunas rusas durante la pandemia del Covid 19 y la liberación de narcotraficantes, políticos y empresarios procesados por corrupción.
“Sé que el mandato político obtenido en las urnas nos obliga a luchar contra la cooptación corrupta del Estado, y que la remoción de Consuelo Porras del cargo de fiscal general es un paso imprescindible en esta dirección”, ratificó Arévalo.
El difícil camino que debe transitar Bernardo Arévalo
La propuesta del presidente de Guatemala que busca destituir a la fiscal general, aún debe recorrer un difícil camino. En ese país, el sistema político y judicial responde a Porras, quien se ha ganado aliados ante su desinterés por investigar varios casos de corrupción.
La propuesta debe pasar primero por el Congreso de la República, donde debe ser analizada para luego ser discutida por el pleno, integrado por 160 legisladores. La bancada oficial únicamente se compone de 23 diputados y para lograr aprobar la propuesta presidencial, se necesitan 107 votos.
La iniciativa de ley fue entregada por el mismo mandatario y la vicemandataria, quienes en un recorrido a pie fueron acompañados por sus ministros e integrantes de su Gobierno.
Bernardo Arévalo busca recuperar facultades sobre el MP
Un segundo frente es la Corte de Constitucionalidad (CC), reconocida por sus fallos a favor de actores corruptos y actualmente su presidente es el magistrado Néster Vásquez, incluido en la lista de actores corruptos por los Estados Unidos.
En Guatemala, la fiscal del MP es inamovible desde 2016, cuando se reformó la Ley Orgánica de esa institución buscando evitar que Thelma Aldana, quien en ese momento encabezaba un arduo trabajo en la lucha contra la corrupción e impunidad, fuese destituida.
El abogado Edgar Ortiz, explicó que lo que Arévalo propone con esa iniciativa de ley es devolver la potestad al presidente para remover al fiscal general por una “causa justificada”, sin limitarla a una sola causal, como es la condena por un delito.
“Ahora, esta iniciativa de ley irá al Congreso. El pleno deberá leerla en la próxima sesión, luego debe pasar a una comisión para recibir un dictamen que puede ser favorable o desfavorable. Si recibe dictamen favorable, debe discutirse en tres sesiones distintas y votarse para su aprobación, salvo que se declare de urgencia nacional y se apruebe en un solo debate, pero para ello faltan 107 votos”, indicó Ortiz.
En la actualidad, Consuelo Porras enfrenta sanciones de Estados Unidos, Canadá y tiene restringido el ingreso en más de 30 países de Europa, que se sumaron a la sanciones por sus acciones de criminalización y respaldo a la corrupción en Guatemala.
La discusión de su destitución no es algo nuevo. Empezó desde 2021 con la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, el encarcelamiento de fiscales, jueces y periodistas, como José Rubén Zamora.