Durante la segunda jornada de discusión del procedimiento Acuerdo de Escazú para futuras cumbres COP1, los Estados partes, países signatarios, comunidades indígenas y representantes del público, Bolivia solicitó eliminar el inciso que contempla la participación del público en la mesa directiva. Sin embargo, la sociedad civil demandó mayor “participación, voz y voto”.
Ante la propuesta de Bolivia, y gracias a que un representante del público le cedió su espacio, Nadino Calapucha, miembro de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica Amazonia), reclamó mantener el principio del Acuerdo de Escazú y permitir a los pueblos originarios tener representación en mesa directiva.
Calapucha denunció que mientras se realiza la COP1 en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un líder indígena de la Amazonia peruana fue asesinado por defender sus territorios.
“La lucha de los pueblos indígenas nos sigue costando la vida. Los indígenas defendemos el medio ambiente desde que nacemos. Somos amenazados, perseguidos y asesinados por defender nuestros territorios. Sin la participación de los pueblos indígenas el Acuerdo de Escazú no tendría sentido”, sentenció el kichwa ecuatoriano.
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La propuesta de Bolivia tomó por sorpresa a representantes del público, Estados partes y países signatarios, quienes desde hace varios años habían trabajado una propuesta en conjunto. Cabe resaltar que la propuesta era desconocida por todos.
“Hicimos un esfuerzo muy grande para que estas propuestas que trabajamos durante mucho tiempo para que la conozcan más personas y también participen. (…) Y ese también es un trabajo qué hay que reconocer y valorar”, manifestó Andrea Sanhueza, representante del público, en relación a la propuesta de Santa Lucía, Uruguay, Panamá y Costa Rica.
La propuesta de Bolivia sobre las reglas de procedimiento causó preocupación entre delegaciones y miembros de la sociedad civil, ya que la participación del público en la toma de decisiones es la esencia del Acuerdo de Escazú.
Natalia Gómez, representante del público, destacó la importancia de que las reglas de procedimiento que se adopten para las futuras COP mantengan y fortalezcan los estándares de participación que se han desarrollado en este proceso y que permitan una participación “abierta, directa y efectiva de los miembros del público”.
“Debemos recordar que dentro del principio del Acuerdo de Escazú está el principio de la no regresividad y de garantizar la participación efectiva del público por lo tanto regresar en el artículo 14, es una regresión de nuestros derechos”, señaló Gomez.
Bolivia también presentó un borrador del artículo 14, sobre la creación del Comité de Cumplimiento de Escazú, donde propone que lo conformen los mismos gobiernos y que sean estos quienes lleven a dicho comité, las denuncias contra los Estados que incumplan el tratado. La propuesta de Bolivia tampoco incluye la protección a los defensores ambientales que contempla el Acuerdo de Escazú.
Por su parte, la sociedad civil pide que los miembros del Comité de Cumplimiento sean independientes e imparciales, y que cualquier persona pueda denunciar al Estado parte que no cumpla con Escazú.
Al final del día Bolivia cedió en las negociaciones y se acordó aprobar la propuesta de reglas de procedimientos que propusieron los demás Estados partes en conjunto con la sociedad civil.
Según el último censo realizado en Bolivia, el 62.2% de la población se declara Indígena (5.6 millones), quienes están distribuidos en 36 pueblos.
En esta COP1 que tiene participación presencial limitada por la pandemia de la Covid-19, hay muy poca participación de las comunidades indígenas. Desde los pueblos originarios de Centroamérica no se ha visto hasta ahora su representación.
Líderes de comunidades indígenas de Costa Rica afirmaron que las autoridades de su país no promovieron la participación en la COP1 y tampoco han mostrado interés en divulgar el Acuerdo de Escazú. Al finalizar la jornada de este jueves, se agendó una Conferencia de las Partes Extraordinaria, a realizarse en abril de 2023 en Argentina.