Brasil “pretende poner en duda” la brutalidad de la dictadura Ortega-Murillo en la OEA

Rechazo contundente de parte de opositores nicaragüenses a “maniobras” de Brasil para bajarle el tono a la propuesta de resolución prevista a aprobarse durante la Asamblea General de la OEA que inicia este miércoles en Washington. Exdiplomático del régimen sandinista considera que el propio presidente de Brasil, Lula da Silva, instruyó esta defensa diplomática porque “tiene una deuda moral” con Ortega, y quiere convertirse en el nuevo líder de la izquierda latinoamericana

Imagen de archivo de EFE que muestra a Lula Da Silva junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo en Managua en 2011, durante el Foro de Sao Paulo.

Un grupo de nicaragüenses que fueron desnacionalizados y desterrados debido a sus críticas hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo firmaron una carta en la que rechazan las “maniobras” de la diplomacia brasileña “que pretende suavizar los términos” de la Declaración que se propuso para aprobarse durante la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C., a realizarse entre el 21 y el 23 de junio. Los firmantes señalan que la propuesta presentada por Brasil “pretende poner en duda la brutalidad sin precedentes aplicada por la dictadura Ortega-Murillo contra miles de ciudadanos”.

El pasado 14 de junio, el Gobierno de Brasil envió un texto alternativo a la propuesta que hicieron cinco países para condenar la represión y violaciones a los derechos humanos y al derecho de propiedad. Sin embargo, la contrapropuesta de Brasil le baja el tono a la resolución y le quita algunas críticas a la dictadura de Daniel Ortega; y le agrega condicionales a algunos de los graves hechos que ocurren en Nicaragua. 

Por ejemplo, Brasil pide que se quite las líneas que hablan de “la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones para aquellas personas privadas de la nacionalidad por el Gobierno (de Nicaragua)”, para agregarle la palabra “supuestas” a las violaciones al derecho de propiedad y seguridad social que hizo la dictadura, al quitarle la nacionalidad y deportar a cientos de ex presos políticos. 

Otro de los cambios que propone el gobierno de Lula está en el párrafo penúltimo, cuando en vez de pretender que la OEA pida el “retorno” de la democracia a Nicaragua, propone solicitar “el fortalecimiento” de la democracia en el país. En otro párrafo se pedía a Ortega “que deje sin efecto las normas que han permitido” privar arbitrariamente de su nacionalidad a ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, Brasil propone cambiar la redacción para que diga que “puedan haber permitido”.

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Por esa razón, los firmantes de la carta aseguran que esta propuesta de Brasil “ofende a los familiares de los asesinados y a todas las víctimas de la represión del Estado totalitario de Ortega y Murillo”. Asimismo, hicieron un llamado a los países representados en la OEA a “ser consecuentes con las declaraciones emitidas en Asambleas anteriores; a respetar las investigaciones realizadas por organismos de expertos del sistema interamericano (GREN y Meseni), de la CIDH y del sistema universal de derechos humanos (la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de las Naciones Unidas y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para Nicaragua, GREHN) y condenar sin ambigüedades al Estado represor que sojuzga a los nicaragüenses”. 

Los 54 firmantes de la carta, entre ellos, presos políticos desterrados, miembros de partidos políticos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, directores de medios de comunicación, entre otros, forman parte de los 317 nicaragüenses desnacionalizados “por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad”. Denunciaron que fueron víctimas de la eliminación de sus nombres en los registros públicos, de la prohibición de perpetuidad de ejercer sus derechos civiles y políticos; de la confiscación de sus patrimonios, de la cancelación de sus pasaportes y del pago de sus pensiones. “Además, hemos sido declarados prófugos de la justicia, todo con el fin de impedirnos seguir en la lucha por la democracia y aplastarnos civil, económica y moralmente”, añadieron en el documento. 

Lula “quiere lavar imagen de las dictaduras”

Brasil “pretende poner en duda” la brutalidad de la dictadura Ortega-Murillo en la OEA
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/André Borges

El exrepresentante del régimen Ortega-Murillo en la OEA, Arturo McFields, dijo a DIVERGENTES que la actitud de Brasil obedece a que el presidente, Lula da Silva, tiene una especie de deuda moral e ideológica con Ortega. “Cuando él (Lula) era un simple sindicalista en los años 80, él llegó a Nicaragua y ahí conoció a Fidel Castro, quien fue su mentor y su ídolo, porque fue quien le dio la idea de crear el Foro de Sao Paulo en los años 90”, contó McFields. 

Por lo tanto, el exdiplomático considera que ante el “vacío de liderazgo” que existe en la izquierda latinoamericana después de la muerte de Hugo Chávez, Lula da Silva quiere convertirse en el referente de esta izquierda. “Para Lula esa misión no está completa sin la inserción de las tres dictaduras (Nicaragua, Cuba y Venezuela) al sistema interamericano… Por eso, Lula está haciendo la operación del lavado de imagen de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela”, añadió. 

El mes pasado, Lula también hizo una defensa del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Luego de invitarlo a una cumbre con otros presidentes en Brasilia, dijo que Venezuela sufre de una “narrativa” impuesta. 

McFields señaló que con esta actitud, el presidente de Brasil “está echando por la borda el prestigio y la reputación de su país” con tal de convertirse “en el nuevo líder de la izquierda latinoamericana”. Para el exdiplomático, en este período presidencial, Lula quiere dejar un legado a nivel internacional. 

El exfuncionario alertó que actualmente en la OEA existe una correlación de fuerza “negativa para la democracia”, y por esa razón es que no se abordan los temas de los más de mil presos políticos en Nicaragua, Cuba y Venezuela; el narcotráfico en Bolivia; las denuncias de financiamiento ilegal para las campañas electorales en Colombia, el posible fraude electoral en Guatemala y los estados de excepción del presidente Nayib Bukele en El Salvador. 


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