Poco más de un año ha pasado desde que Nayib Bukele se refirió a la negociación que puso fin a la guerra salvadoreña como una “farsa” y negara realizar cualquier acto conmemorativo de los Acuerdos de Paz. Apegada al discurso presidencial, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, dio el tiro de gracia a la conmemoración de los históricos acuerdos, los diputados eliminaron este martes en sesión plenaria la conmemoración de los Acuerdos de Paz y la sustituyeron por el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”. Esta decisión se da en la víspera del aniversario de la firma de los acuerdos, que será el próximo 16 de enero, día en el que diversos sectores han convocado a una marcha para denunciar retrocesos democráticos.
El decreto que eliminó la conmemoración de los Acuerdos de Paz fue aprobado con 62 votos a favor y 18 en contra. La propuesta fue iniciativa del diputado presidente, Ernesto Castro y fue presentada por Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista. Ambos, siguiendo el discurso presidencial, redujeron la importancia histórica del Acuerdo de Paz y se enfocaron en atacar a los actores políticos que participaron de la negociación.
Los Acuerdos de Paz son un documento producto de una serie de reuniones en las que participó el Gobierno de El Salvador, en ese momento liderado por el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y la guerrilla conformada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con la mediación de Naciones Unidas. Con este acuerdo firmado en el Castillo de Chapultepec en 1992, se redujo el poder político de la Fuerza Armada, se estipuló la creación de una Policía Nacional Civil y se hicieron cambios institucionales para garantizar la independencia judicial. También se mejoraron los mecanismos electorales e incluyó la defensa y garantía a los derechos humanos entre las responsabilidades del Estado salvadoreño.
“Me parece una aberración que estemos celebrando los Acuerdos de Paz. El FMLN se glorifica, pero fueron ellos los que generaron la guerra, los que provocaron alrededor de 80 mil muertos”, dijo Guevara en una entrevista televisiva. Además agregó que ni ARENA ni el FMLN hicieron nada para mejorar la realidad del país y que con los acuerdos solo se beneficiaron ellos.
Celia Medrano, defensora de derechos humanos, catalogó como contradictorio que los diputados hayan sustituído el Día Nacional de la Paz por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto cuando en el caso de la masacre de El Mozote “se le ha negado a las víctimas abrir los archivos militares”. En 2020 el ejército bloqueó la entrada del juez del caso a las instalaciones del Estado Mayor cuando quiso ingresar en busca de archivos relacionados con la masacre. Bukele en esa ocasión dijo que el juez “no tenía jurisdicción sobre la Fuerza Armada”.
Negar la historia para repetirla
Para especialistas en derechos humanos consultados por DIVERGENTES, la negación de la relevancia de los Acuerdos de Paz es una estrategia para dar vía libre a los retrocesos democráticos del régimen de Bukele. “Su proyecto es un proyecto de acumulación de poder y de anulación de contrapesos institucionales democráticos, esa es la razón de fondo por la cual han adoptado un discurso negacionista de los Acuerdos de Paz”, dijo David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal.
Morales resaltó que en el acta de los Acuerdos de Paz hay puntos importantes como la creación de una nueva Policía Nacional que sea civil y la reestructuración de la Fuerza Armada, cada una independiente, pero que la independencia de los cuerpos de seguridad se ha perdido durante la gestión de Bukele. Tanto la Fuerza Armada como la Policía han tenido participación en eventos que se han considerado antidemocráticos como la irrupción de Bukele al Palacio Legislativo el pasado 9 de febrero de 2021, cuando utilizó militares y policías para abrirse camino al Salón Azul luego de que los diputados le negaran fondos para su plan de seguridad.
“Estamos regresando al pasado con los cuerpos de seguridad del Estado”, expresó Morales, quien puso como ejemplo los eventos ocurridos el 1 de mayo de 2021, cuando se dio un golpe al Poder Judicial y se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. “Quiero destacar que este golpe al poder judicial se consumó con la participación de la Policía Nacional Civil tomando las instalaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía General, es decir, están teniendo un rol político”.
Serafín Valencia, relator de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), expresó que restarle importancia a los acuerdos es una estrategia del oficialismo para negar el proceso democrático en el que se encontraba El Salvador.
“Es parte de hacer un quiebre de borrón y cuenta nueva, y que los mismos salvadoreños nieguen esos 30 años de construcción de un país democrático, para subirlos a la barca de un nuevo sistema de gobierno encabezado por Bukele y caracterizado por elementos autoritarios de control total de la cosa pública, de la opinión, y la información”, aseguró el periodista.
Valencia agregó que hubo “tiempos muy buenos” para la libertad de prensa a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. “Había un ánimo de la construcción de un país democrático y aunque los gobiernos de ARENA eran de derecha y se opusieron en algún momento a la negociación, hubo dos gobiernos que fueron respetuosos con la prensa”, dijo.
Según Valencia, fue a partir del gobierno de Francisco Flores (1999-2004) que inició de nuevo un discurso gubernamental de ataque contra el periodismo crítico, pero ha sido en el gobierno de Bukele donde han saltado las alarmas. “Hay una clara regresión a la época de la guerra en el ámbito de la falta de garantía de la libertad de prensa”, manifestó.
Aseguró que en lo que va del período presidencial de Bukele, la APES ha registrado censura directa por orden judicial a tres medios de comunicación, seguimientos a periodistas por parte de agentes del Estado y tres casos de migración forzada de reporteros a causa de su labor informativa. “Esas cosas no se registraban desde la firma de los Acuerdos de Paz”, concluyó.
Si bien los Acuerdos de Paz han sido criticados por sectores del movimiento social por tener deudas significativas para las mujeres y otros grupos vulnerables, opinan que borrar su relevancia histórica sería un desacierto. Para Sara García, activista feminista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, hablar de los Acuerdos de Paz es hablar del surgimiento de las organizaciones feministas en El Salvador. “A partir de los Acuerdos de Paz la organización floreció en el país y varias compañeras comenzaron a señalar derechos que se necesitaban garantizar”, afirmó.
García comentó que diversas organizaciones han convocado una marcha el día de la conmemoración de los Acuerdos de Paz para denunciar los retrocesos democráticos que enfrenta El Salvador. Dijo que en el marco de la marcha será fundamental para el movimiento social hablar de la memoria histórica y posicionar temas relevantes como el de las desapariciones tanto del tiempo de la guerra como de las que, supuestamente, ocurren actualmente en la gestión del presidente Bukele.
La activista aseguró que si bien el Pacto de Chapultepec tiene deudas con las mujeres, no debe sepultarse el contenido del acuerdo y la apertura para la garantía de derechos humanos que significó. “Pueden cambiar las leyes, pueden poner un discurso, pero como movimiento social vamos a seguir nombrando esa fecha y denunciando las deudas que siguen a partir de ese momento histórico”, concluyó.