La campaña de multas por botar basura en sitios no autorizados ejecutada intensivamente por la Alcaldía de Managua, no tendrá un efecto disuasorio sin el acompañamiento de otras medidas integrales que ayuden a enterrar este problema, advierte el sociólogo y politólogo, Silvio Prado.
De acuerdo con el experto, no solo es necesario campañas de concientización y educación ambiental desde las instituciones estatales, sino también la inclusión de la ciudadanía dentro de las soluciones y la restauración de las organizaciones civiles y comunitarias desmanteladas por el régimen orteguista desde 2018.
Desde finales de 2023, la Alcaldía de Managua ha aplicado múltiples multas a personas y empresas señaladas de incumplir la ordenanza 01-2013, la cual establece sanciones para personas que generen cualquier tipo de contaminación ambiental.
Aunque la ordenanza fue creada desde 2013, esta había sido aplicada escasamente y con poco rigurosidad en los últimos 10 años. Sin embargo, desde el año pasado, la Alcaldía de Managua ha desarrollado una campaña de multas intensas, siendo la más alta la de 8 000 córdobas en el caso de las personas particulares, y hasta 50 000 a empresas y comercios.
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Solo en los últimos seis meses, se han hecho públicas al menos 42 multas que ascienden a más de 351 000 córdobas, de acuerdo con un conteo de DIVERGENTES basado en las publicaciones de la página de Facebook de la campaña municipal, Yo Quiero Vivir Limpio.
Si bien las razones por las cuales la Alcaldía de Managua decidió reactivar la ordenanza 01-2013 son desconocidas, esta única acción no conseguirá la extinción de la bota de basura indiscriminada, advierte Prado.
“Hay que preguntarse por qué hasta este momento. ¿Será por una crisis financiera de la alcaldía, o será que dijeron, basta ya con botar basura? No sé sabe. Lo que se sabe es que muy pocas veces funciona una sola medida, sin un abanico de medidas. Por ejemplo, la educación de la ciudadanía, pero también la alianza con la población y su intervención dentro en las soluciones. Eso en nuestro país no se está haciendo”, añade el sociólogo.
Sin el apoyo ciudadano, no se eliminará el problema
Aplicación de multas a una familia por desechar los restos de un muro en un lugar no autorizado, ocurrida el pasado 13 de marzo | Alcaldía de Managua
Según Prado, la falta de un respaldo ciudadano a las iniciativas de la Alcaldía de Managua son consecuencias directas del déficit de democracia existente, la exclusión de cualquier persona que no sea aliada al partido de un Gobierno, y el excesivo control político que mantiene el régimen orteguista sobre la población.
Prado aclara que la existencia de los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida, creados y promovidos por la dictadura, no implica la existencia de una mecanismo de participación ciudadana. Aunque los gabinetes son mostrados como consejos locales donde la población puede participar directamente según la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la práctica es todo lo contrario.
“Si la alcaldía cree que mediante los Gabinetes de Familia está propiciando la participación de la ciudadanía, se equivoca. Hay una buena parte de la ciudadanía que no se siente parte de estas estructuras porque no son tomadas en cuenta; porque son espacios de reuniones políticas que no llegan a deliberar sobre el problema de la basura, ni los problemas más urgentes de la población; y porque tienen una finalidad de control político”, expresa.
Asociaciones y organizaciones comunitarias son necesarias
La práctica de botar basura en vertederos no autorizados tampoco se logrará eliminar sin la restauración de la red de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, ya que estos eran espacios vitales que colaboraban con acciones y recursos para combatir esta problemática, indica el sociólogo.
“Las medidas de la alcaldía tendrán poco efecto hasta que no se restablezca la red asociativa que había dentro de la población. Toda la red de asociaciones destruida por la dictadura, era una contrapartida a los esfuerzos institucionales. Ese agujero que dejó la falta de asociaciones, no ha sido, ni será llenado por los gabinetes de la familia, porque estos gabinetes son partidistas, no comunitarios”, manifiesta.
Prado explica que las asociaciones y organizaciones comunitarias trabajaban en la autogestión de las necesidades de sus propios barrios, y de otros distritos de la capital con los que establecían alianzas.
Mencionó como ejemplo el caso de los Jóvenes Ambientalistas, organización que tenía 25 años de trabajo, colaboraban para la concientización sobre botar basura, participaban en la recolección y tratamiento de esta, y realizaban otras actividades importantes para la conservación del medio ambiente. Sin embargo, esta asociación fue despojada de su personería jurídica en julio de 2023, e impedida de continuar su labor comunitaria.
Señaló que ahora cualquier alianza comunitaria y movilización ciudadana, independientemente del motivo que sea, es motivo de criminalización. Así que las personas no tienen la oportunidad de luchar contra el problema de la basura.
“La gente nos dice que la mejor forma para enfrentar el problema de la basura es asociarse dentro de la comunidad, pero en las actuales circunstancias, no es posible organizarse, por la represión. La palabra organización se ha vuelto un delito en nuestro país”, lamenta.
“Ninguna alcaldía, por mucho personal que tenga y por muy buen equipo que posea, jamás va a resolver el problema de la basura si no se asocia con la población. Eso es la gobernanza del servicio público”, explica.
Dictadura impide que pobladores limpien sus parques
Prado expone que la prohibición que mantiene la dictadura contra la movilización ciudadana ha llegado al punto que le han impedido a las personas organizarse para limpiar sus propios parques, argumentando que es obligación de las alcaldías.
“En una entrevista nos contaron de un caso en el que los pobladores se asociaron para limpiar un parque de un barrio oriental de Managua. Llegó un inspector de la alcaldía a decirles que era prohibido que la gente se auto organice para limpiar el parque. Lo que la dictadura hace a través de la alcaldía es castrar toda esa energía asociativa de la población”, expresa.
Situaciones similares han pasado con otros grupos ambientalistas y organizaciones juveniles que han intentado limpiar por cuenta propia cauces, vertederos ilegales, predios baldíos y otros espacios contaminados. Estas iniciativas han sido detenidas por la Policía Nacional, los Gabinetes de la Familia y otros grupos relacionados a la dictadura.
“No hay otras instituciones, salvo Marena en ocasiones, que hagan este tipo de acciones. La gente echa de menos las jornadas de limpieza y cuando se sentían parte de su comunidad, pero la alcaldía tiene miedo de cualquier movilización ciudadana que no controlen ellos”, dice.
Para Prado, la prohibición de las acciones ambientales comunitarias y la falta de medidas para educar en el tema, más allá de la aplicación de multas, hará que las personas y empresas continúen depositando la basura en áreas ilegales.