El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó el totalitarismo en Nicaragua, al adjudicarse el control absoluto de los Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos de las dos regiones de la Costa Caribe de Nicaragua en las votaciones del pasado domingo 3 de marzo.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por la pareja presidencial, proclamó al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganador con el 88.95% de los votos.
El observatorio ciudadano, Urnas Abiertas, destacó que el 86.72% de los ciudadanos se abstuvo de votar en los 15 municipios y 30 circunscripciones donde se desarrollaron los comicios. Este monitoreo se realizó por al menos 200 observadores electorales voluntarios que trabajaron de forma clandestina en más de 160 centros de votación.
Brenda Rocha, presidenta del CSE, dijo que con el 99.20% de las Juntas Receptoras de Votos escrutadas, el FSLN obtuvo 147 762 votos (88.95%).
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Los partidos políticos colaboracionistas del régimen fueron agrupados de la siguiente manera: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), obtuvo apenas el 7.83% de los votos. Le siguen la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) con el 1.83%, el Partido Liberal Independiente (PLI) con el 0.76% y la Alianza por la República (APRE) con el 0.62%.
En estas votaciones se eligieron a 45 concejales de cada una de las dos regiones: Región Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS) y Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN). Estas regiones, que gozan de enormes y diversos recursos naturales, fueron aprobadas como autónomas desde 1987.
Sin embargo, son regiones olvidadas y con altos niveles de pobreza. El observatorio Urnas Abiertas destacó que en estas elecciones el Frente Sandinista pretendía “controlar todos los gobiernos regionales para disponer de los recursos naturales” y de esta manera financiar su aparato represivo.
Los comicios del pasado domingo estuvieron marcados por las mismas irregularidades de las últimas votaciones nacionales y municipales: bajo persecución política y la imposición de un Estado policial en todo el país.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado estos comicios como “farsas electorales” por la falta de competencia y de condiciones para que puedan ser consideradas transparentes.
FSLN anuló a los partidos indígenas
Fueron las primeras elecciones regionales en las que no participó ningún partido indígena.
A finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, el CSE canceló la personería política del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama) y capturó a sus dos de sus principales dirigentes: Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez James, quienes forman parte de los más de 120 presos políticos en Nicaragua.
Los demás partidos regionales participaron en alianzas con los partidos nacionales, algo inédito en estas novenas elecciones regionales que se realizan desde 1990.
El régimen Ortega-Murillo controla todos los poderes del Estado y tiene el control, desde 2022, de todos los 153 gobiernos municipales del país.
El observatorio denunció que durante estas elecciones hubo coacción del voto: acarreo de votantes, entrega de códigos, amenazas y presión a trabajadores del Estado.
“En los barrios y comunidades se movilizaron adultos mayores mediante medios de transporte de instituciones públicas o pagos a transportistas, y se reportó que estas personas fueron amenazadas de quitarles la pensión si no votaban”, dijo Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.
Códigos de control sandinista
Operadores del Frente Sandinista entregaron códigos para confirmar que los ciudadanos votaron a favor de su partido.
Los ciudadanos fueron obligados a apuntar esos “códigos” en las boletas electorales, denunció el observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
“La indicación ha sido que todas las personas tienen que escribir este código en la boleta para posteriormente verificar su voto a favor del FSLN. Aunque ciertamente esta práctica ha sido utilizada en elecciones pasadas, es la primera vez que se observa de manera generalizada”, destacó el organismo.
Valle dijo que registraron amenazas de parte de autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) a trabajadores de la salud (médicos y enfermeras) para que se presentaran a votar. “Hubo traslado de enfermeros para obligarlos a votar”, apuntó Valle.
Además, también registraron amenazas de profesores de la facultad de Derecho de la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), quienes enviaron mensajes a sus estudiantes para forzarlos a votar, con la amenaza de reprobarlos en sus clases si no lo hacían.
De manera similar amenazaron a jueces en Waspam, “a quienes se les dijo que sus nombramientos se podrían asegurar, sólo si acudían a votar”, dijo Valle.
Urnas Abiertas también denunció presencia y movilización de paramilitares, detenciones arbitrarias, amenazas a fiscales liberales, prohibición de ingreso a los centros de votación a personas percibidas como opositoras; policías armados en recintos de votación y amenazas a comunitarios por llamar a no votar en las elecciones.