Hace unos días, casi por casualidad, me crucé en Instagram con una publicación de AbsolutEdu sobre el capital cultural en Venezuela. Empecé a leerla sin mucha intención, pero algo me hizo regresar. La vi otra vez y la dejé guardada. Me quedé pensando en la pregunta de fondo: ¿quién define lo que una sociedad mira, celebra y termina validando como contenido de valor o cultural?

Y, como casi siempre me pasa, terminé trayéndola a Nicaragua, donde la dictadura ha ido cerrando espacios, apagando voces y empujando al exilio a periodistas, artistas y educadores, mientras asfixia cualquier posibilidad de una vida pública libre. Entonces, la pregunta ya no era sobre Venezuela. ¿Por qué, en medio de todo eso, ciertos rostros virales y una conversación pública cada vez más anestesiada, parecen abrirse paso con tanta facilidad en nuestro país?

A una dictadura como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo no le basta con controlar la Policía, los jueces, el Ejército, las alcaldías, la Asamblea y el aparato electoral. Tampoco le basta con encarcelar, desterrar voces incómodas y cancelar organizaciones. Para permanecer atornillados al poder se necesita algo más profundo y ellos –o más bien ella– lo saben: moldear el clima cultural de la sociedad. Necesita meterse también en lo que la gente mira, repite y termina normalizando.

Pierre Bourdieu llamó capital cultural a esa pelea por lo que una sociedad valora, legitima y vuelve visible. En una dictadura, eso deja de ser teoría y se vuelve poder. Quien controla el capital cultural no solo influye en los gustos de un país. También influye en su capacidad de pensar, de recordar, de indignarse y de resistir.

En Nicaragua, el problema no son  los “creadores de contenido” o entretenimiento. El problema es el ecosistema autoritario en el que estos fenómenos aparecen, se amplifican y ocupan espacio. Por ejemplo, Viva Nicaragua Canal 13 presentó La Casa de Frazier como “el primer reality de creadores de contenido del país” con 12 influencers encerrados durante 15 días, un premio de 10 mil dólares y transmisión digital 24 horas. El canal TN8, propiedad de la familia Ortega-Murillo, dedicó una cobertura completa a ese tema, y a otra iniciativa llamada Proyecto B, describiéndolos como nuevas apuestas de entretenimiento digital “inspiradas en realities internacionales” para captar la atención del público nicaragüense. No parece casual. Muestra bien qué tipo de contenido empujan hoy esos medios.

Eso, por sí solo, podría parecer una simple nota de farándula. Pero en Nicaragua, en la dictadura sandinista, nada ocurre por casualidad. En el país no quedan medios de prensa independientes y la familia Ortega-Murillo tomó control directo de –casi– todos los medios nacionales. En ese paisaje, la pregunta ya no es solo qué contenido entretiene, es qué contenido recibe visibilidad privilegiada dentro de una estructura mediática intervenida por el poder. 

Y en este punto la pregunta deja de sonar frívola y obtiene una respuesta. ¿Por qué al régimen le encanta que veás a los influencers? No es porque todos sean operadores, o porque pretendan inundarte de su contenido para desviar la atención de temas más importantes, sino porque en una dictadura como la de Nicaragua, la banalidad también cumple una función. Una sociedad cansada, llena de ruido y saltando de un escándalo a otro tiene menos energía para sostener memoria, criterio y participación.

No conviene convertir esta pregunta en un reproche moral contra la sociedad nicaragüense. Sería injusto, porque la conversación pública no se produce en condiciones de libertad; se produce en condiciones de asfixia. Y precisamente por eso, la banalización le resulta tan útil al régimen. A una dictadura no siempre le conviene que toda la propaganda parezca propaganda. A veces le conviene algo más eficaz y es que la atención colectiva se fragmente, que el debate público se vuelva superficial y que la notoriedad empiece a valer más que el criterio.

Por eso no me interesa escribir este artículo para señalar a quienes consumen estos contenidos virales o realities. Me interesa mirar al poder que se beneficia de un país distraído. Al régimen le sirve una ciudadanía que, después de años de terror, llegue cansada a todas partes, incluso a la conversación pública. Le sirve que un reality tenga más oxígeno que el saqueo de los recursos naturales, que un pleito entre creadores arrastre más atención que el alto costo de la vida, que ese ruido termine tapando la erosión institucional.

Pero tampoco todo está perdido en esa disputa. La diáspora no tiene por qué ser solo el lugar del destierro; puede ser también el lugar de reconstrucción del capital cultural nicaragüense. Los medios en el exilio, junto con organizaciones y proyectos que todavía conectan con sus audiencias, pueden –podemos– ser parte de esa reconstrucción.

La tarea no pasa por insultar a la audiencia, ni por despreciar la cultura popular. Pasa por disputar ese ecosistema y abrirle espacio otra vez a la memoria, al contexto y a una conversación menos hueca. Y en esa tarea la diáspora puede jugar un papel decisivo ayudando a preservar lo que la dictadura ha querido destruir por dentro.

Porque al final la pregunta no es por qué en Nicaragua hay influencers, realities o contenidos virales. La pregunta de fondo es quién gana cuando eso se convierte en el centro de la escena en un país sin libertad. Gana el régimen que ya cerró medios, tomó universidades y persiguió periodistas, pero que además aprendió a hacer otra cosa: enseñarle al país a mirar hacia otro lado.