La justicia controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso la primera sentencia condenatoria en contra de familiares de opositores en el exilio, como forma de represalia ante la ausencia de estos perseguidos políticos. Se trata de las ciudadanas franco-nicaragüenses Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, esposa e hija respectivamente de Javier Álvarez, quien se vio obligado a huir tras la persecución gubernamental en su contra.
Junto a las mujeres, también fue condenado Félix Ernesto Roiz Sotomayor, esposo de Ana Carolina y yerno de Álvarez. Según el régimen, estas tres personas cometieron los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La sentencia dictada el pasado 26 de enero de este año por la justicia fue de ocho y 10 años de cárcel.
Las franco-nicaragüenses fueron capturadas en septiembre del año pasado, cuando la Policía irrumpió la casa de Álvarez, quien un par de horas antes había salido del país por puntos ciegos hacia Costa Rica. Al no encontrarlo, se llevaron a su esposa e hija. Roiz Sotomayor fue secuestrado después.
Francia mostró este viernes su inquietud por la situación de las franco-nicaragüenses, al tiempo que consideró “opaco” el proceso en el que se les condenó a 8 años de prisión. Una portavoz del Ministerio galo de Exteriores deploró que, “pese a las reiteradas demandas a las autoridades nicaragüenses, el acceso al proceso no fue autorizado” al embajador francés.
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“Estamos muy inquietos por las condiciones de encarcelamiento y el estado de salud de nuestros compatriotas”, agregó la portavoz, que indicó que sus representantes diplomáticos en Nicaragua no han podido visitarlos, lo que contraviene la Convención de Viena de 1963.
Tras la detención de esta familia, el régimen comenzó a aplicar una nueva modalidad de persecución, al convertir en blanco de represión a los parientes de los nicaragüenses que continúan alzando la voz fuera del país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su momento calificó esta medida como “secuestro extorsivo”, en el que se toma como “rehenes” a los familiares para forzar la captura de los opositores exiliados.
A juicio de la excarcelada política y activista Ivannia Álvarez, con estas condenas el régimen demuestra que mantiene activa la “campaña de terror”, para que los nicaragüenses se abstengan de opinar sobre la situación del país, porque esto puede llevarlos a ellos o sus familiares a la cárcel.
“La campaña de miedo y de terror del régimen es permanente para quienes estamos fuera, porque asedian a nuestros familiares, pero también para quienes están dentro, que no se atrevan a decir nada, porque sino, se pueden llevar a tus familiares”, expuso Álvarez.
Casos similares
Otro caso similar es el de Gabriel Alfonso López del Carmen, hijo de la opositora Andrea Margarita del Carmen Ibarra, quien fue detenido el 14 de septiembre del año pasado como represalia al no poder detener a la activista y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos). La dictadura también lo acusa por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
El 15 de septiembre pasado la también dirigente de Unamos en el departamento de Carazo, Dulce Porras, denunció el secuestro de su hermano Freddy Martín Porras bajo el mismo mecanismo, después que la Policía lo capturó al no encontrarla a ella, quien huyó al exilio en el 2018 tras la represión y persecución gubernamental.
Álvarez señala que, aunque estos son los casos más conocidos públicamente, hay otros en los que las personas han preferido no denunciar precisamente por temor a cualquier represalia de la dictadura.
La opositora describió estas acciones del régimen como una táctica “cruel, despiadada e inhumana”, porque se abalanza en contra de familiares o amigos que ni siquiera están vinculados a la política. “Uno responde por sus actos, pero no quiere sentirse culpable de que tus familiares o pareja sufran este tipo de encarcelamiento o exilio por tu activismo”, reflexionó Álvarez.