La detención y posterior acusación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de cinco familiares de tres opositores en el exilio, evidencia una nueva modalidad de persecución de la dictadura sandinista: convertir en blanco de represión a los allegados de los nicaragüenses que continúan alzando la voz fuera del país, explicó Uriel Pineda, abogado y experto en derechos humanos.
“Ante la imposibilidad de amenazar, intimidar y silenciar a estos opositores en el exilio, (el régimen) recurre a las detenciones de sus familiares para tratar de silenciarlos o incidir en su labor de denuncia ante la comunidad internacional”, consideró Pineda.
El Ministerio Público acusó por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas a Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa. También a Félix Ernesto Roiz Sotomayor, esposo de Ana Carolina y yerno de Jeannine. Los tres son familiares del exiliado opositor Javier Alberto Álvarez Zamora.
Gabriel Alfonso López del Carmen, hijo de la opositora Andrea Margarita del Carmen Ibarra, también fue acusado por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. En el caso de Freddy Martín Porras García, hermano de la perseguida política Dulce Porras, únicamente se le imputó por cometer menoscabo a la integridad nacional.
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Pineda señaló que la mayoría de las voces críticas que salieron de Nicaragua encontraron en otros países espacios más seguros para continuar denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen Ortega-Murillo.
“Entonces, ¿quién mantiene vivo los temas de agenda sobre la represión en Nicaragua? Es justamente la comunidad de nicaragüenses en el exilio y estos escapan naturalmente al brazo represor del régimen”, enfatizó Pineda.
Repudiamos acusaciones infames en contra de 13 personas nicaragüenses. En #Nicaragua hay más de 215 personas privadas de su libertad. Exigimos el cese de la represión, la derogación de las leyes violatorias de #DerechosHumanos y la libertad de todas las personas presas políticas pic.twitter.com/60qd4lrWCb
— Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua Nunca +" (@ColectivoNunca) October 4, 2022
Horvilleur Cuadra, Álvarez Horvilleur y Roiz Sotomayor están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”.
Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el día de la cacería la Policía en realidad buscaba a Álvarez Zamora, pero al no encontrarlo, se llevaron a su esposa e hija. Roiz Sotomayor fue secuestrado después.
El proceso judicial actualmente está en trámite en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo del juez Rolando Salvador Sanarrusia. La encargada de hacer la acusación fue la fiscal sandinista Heydi Estela Ramírez Olivas, identificada como la principal verdugo de los medios de comunicación y opositores.
“Ante la pérdida absoluta de legitimidad, lo único que le queda (al régimen) para aferrarse en el ejercicio del poder es contener cualquier tipo de descontento social”, añadió el abogado.
Ministerio Público acusa a más opositores
Este lunes la Fiscalía también informó que presentó acusación en contra de siete opositores por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
“El Ministerio Público acusó por ambos delitos a José David Gallo Torrez, José Javier Álvarez Argüello, Nicolás Palacios Ortiz, Hugo Ramón Rodríguez Flores, y Javier Alberto Álvarez Zamora; para este último el judicial giró orden de detención”, señala un comunicado del Complejo Judicial.
La institución añadió que entre los acusados por menoscabo a la integridad nacional también figuran Adolfo Ramón García Ramírez, Andrea Margarita del Carmen Ibarra (a quien también se giró orden de detención) y Arnulfo José Somarriba Aguilar.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció la nueva “embestida represiva de la dictadura Ortega-Murillo” en contra de estos opositores. Según la organización, en septiembre el régimen desató una nueva acción represiva en contra de la dirigencia territorial y militancia del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Esa organización advirtió que la oleada represiva también ha dejado a un número considerable de miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco en situación de riesgo que han tenido que salir del país o bien resguardarse internamente para no ser capturados.
Este lunes se conoció que el régimen también acusó formalmente a cuatro trabajadores del diario La Prensa por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Entre los imputados figuran una periodista, la asistente de redacción del diario y dos conductores, estos últimos secuestrados y apresados desde el mes de julio.
🚨 “Arremeten contra aquello que tienen a su alcance, en este caso a los familiares, como medida de represalia”, consideró Uriel Pineda, abogado y experto en derechos humanos. pic.twitter.com/P8jv8Qpcnt
— Divergentes (@DivergentesCA) October 4, 2022