La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) finalizó este jueves la audiencia sobre el “Caso Beatriz”, en la que las organizaciones colitigantes, feministas y familiares pidieron al tribunal ordenar la despenalización del aborto en El Salvador, cuando la vida y salud de la mujer corra peligro. En tanto, la representación del Estado salvadoreño señaló que el aborto implica una “conducta dolosa” y, que de aprobarse, abriría la puerta a la aplicación libre de este procedimiento médico.
Entre el 22 y 23 de marzo, los jueces de la CorteIDH, con sede en San José, Costa Rica, escucharon los testimonios y alegatos de organizaciones feministas que acompañaron a la familia de Beatriz, así como representantes del Estado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se espera que entre octubre o noviembre el tribunal dicte una sentencia sobre este caso que en caso de ser positiva para las mujeres sentaría un precedente jurídico en Centroamérica, donde la interrupción del embarazo está casi penada en su totalidad.
Las organizaciones solicitaron a dicho organismo que declare al Estado salvadoreño responsable por violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la vida privada, a la vida familiar y que se establezca que la negación de la interrupción del embarazo constituyó una forma de tortura, en contra de la joven Beatriz.
“En este segundo día de audiencia hemos confirmado que la postura del Estado es negar que Beatriz sufrió violaciones a sus derechos humanos, que sufrió afectaciones a su salud e integridad, y que no dará pauta a reconocer su responsabilidad internacional”, dijo a DIVERGENTES Liliana Caballero, oficial de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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Caballero sostuvo que como organización están “entusiastas” y convencidas de que el alto tribunal emitirá una sentencia “contundente frente a las necesidades de las mujeres que viven las consecuencias de una prohibición absoluta del aborto”.
“Lo que estamos pidiendo es eliminar la criminalización absoluta del aborto para que las mujeres puedan resguardar sus vidas y su salud”, dijo por su parte Gisela de León, también representante de CEJIL.
El llamado “Caso Beatriz” se trata de una joven salvadoreña a quien le negaron la interrupción de su embarazo en 2013, a pesar de que su vida corría riesgo. Según la demanda, Beatriz había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Un informe médico determinó que su embarazo era de alto riesgo. Sumado a ello, se diagnosticó que el feto era anencefálico, un defecto en el que el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo.
El informe médico firmado por 15 jefaturas del hospital donde era tratada recomendaba la interrupción del embarazo, pero esto no ocurrió por temor de los médicos a ser denunciados judicialmente, según la argumentación de los peticionarios. El 3 de junio de ese año la joven comenzó con trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció 5 horas después.
“Beatriz no recibió el tratamiento unánimemente recomendado por los médicos que la atendían porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia. La prohibición sigue atentando contra la salud, la vida y la dignidad de las mujeres”, expresó Morena Herrera, otra de las representantes.
La CIDH, que en el 2022 expresó que el dolor y sufrimiento que vivió Beatriz “constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes”, durante su participación sostuvo que el Estado incurrió en una “responsabilidad por omisión”, al ignorar la petición de la víctima de interrumpir su embarazo.
“Los derechos a la vida, integridad personal, salud y vida privada que podrían verse beneficiados durante la interrupción del embarazo fueron limitados en vista de la tipificación del delito de aborto”, señaló Julissa Mantilla, comisionada relatora de la CIDH para El Salvador.
“Acceso libre al aborto”
Por su parte, Juana Acosta, representante del Estado de El Salvador, manifestó en la audiencia que la despenalización del aborto sería un “error” que podría generar “acceso libre al aborto en cualquier momento de la gestación”.
Acosta argumentó que este caso puntual involucra a dos seres humanos con los mismos derechos, en referencia a Beatriz y a su hija, que los médicos trabajaron para salvar ambas vidas. “De ninguna manera la penalización es discriminatoria porque surge en la finalidad de proteger a seres humanos en gestación”, manifestó.
Asimismo, negó que la vida de Beatriz estuviera en peligro inminente, como insistieron las organizaciones colitigantes, ya que sus enfermedades estaban controladas y la cesárea se le practicó precisamente para prevenir mayores complicaciones.
El juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CorteIDH, explicó al finalizar la audiencia que tanto las organizaciones colitigantes, como el Estado salvadoreño, tendrán un plazo de un mes para presentar sus alegatos finales por escrito.
En países como Nicaragua, Honduras y El Salvador las leyes penales imponen penas de prisión a las mujeres que consientan la interrupción de un embarazo bajo cualquier circunstancia y, desde 2009, en Honduras también se prohíbe y sanciona el acceso a la anticoncepción de emergencia.
En el caso de Guatemala, Panamá y Costa Rica, su legislación permite de manera limitada el aborto cuando la continuación del embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer. Mientras que la legislación panameña permite también el aborto cuando el embarazo es producto de violación.
Sin embargo, en la práctica las mujeres enfrentan barreras institucionales para acceder a este servicio de salud socialmente estigmatizado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es una de las primeras cinco causas de muerte materna a nivel mundial.
(Con información de EFE)