Han pasado 26 días desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a los gatilleros que segaron la vida del mayor en retiro Roberto Samcam, el pasado 19 de junio en su vivienda ubicada en la capital josefina, en Costa Rica, donde el opositor se encontraba exiliado debido a la persecución y amenazas de la dictadura sandinista de Nicaragua. La captura de los sicarios ha sido un paso fundamental para el esclarecimiento del asesinato, pero por ahora no ha resultado suficiente… todavía queda en el aire el meollo del crimen: la motivación, en especial después de que el OIJ ha titubeado en torno a una pista anónima que recibió, relacionada a un presunto “autor cerebral” del atentado, identificado como Pablo Antonio Robles Murillo, nicaragüense, nacionalizado en Costa Rica.
El lunes 22 de septiembre se filtró, en medios de comunicación costarricenses y nicaragüenses, un extracto del expediente del caso Samcam, en el que figuraba un detalle inédito que causó conmoción mediática. Se trataba de la aparición de Robles Murillo como presunto autor intelectual del crimen.
Pero no sólo eso: el expediente recogía que el sospechoso tiene vínculos con el Ejército de Nicaragua, en específico con el general Julio César Avilés, lo que reforzó la presunción inicial y general sobre el asesinato del mayor en retiro —y uno de los principales críticos de la pareja copresidencial—: que se trató de un crimen político, fraguado desde Managua por la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua.
A eso se sumó una declaración del fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, después de la captura de los sicarios, en la que enfatizó que la principal línea de investigación es la del “trasfondo político”. Sin embargo, tras el eco político que tuvo la filtración de esa pista sobre el presunto autor cerebral, el director del OIJ, Randall Zúñiga, ha salido en diversos medios de comunicación a matizar el asunto.
“El móvil es una recompensa de pago, ahí no hay quite. Lo que queremos saber son las motivaciones de esa recompensa del pago”, dijo Zúñiga en el programa Esta Semana, dirigido por Carlos Fernando Chamorro. “Puede ser una motivación política, que podría ser perfectamente; cómo podría ser deudas u otras más, pero pareciera que es más política”, explicó el director del OIJ, aunque aclaró que no tiene “elementos ahorita para señalar a alguien en particular que fuera el que pagó para que se matara” a Samcam.
En la misma entrevista, el fiscal general tico fue más categórico al afirmar que existen “varios móviles” y que “uno de ellos, creo que el más fuerte, incluso así se hace ver en investigación”, es que “pudo haber, en este caso, una encomienda para que se ejecutara este crimen por asuntos políticos”.
“Me genera mucha preocupación, obviamente, que en la última entrevista el director de la OIJ está poniéndonos como un tope hasta los autores materiales, y diciendo que la OIJ no está lista para investigar más allá”, dice a DIVERGENTES Claudia Vargas, viuda de Samcam. “Que porque la OIJ no es transnacional, que no puede investigar más allá de la frontera”.
¿Asuntos políticos que tratan de bajar los decibeles?
Para fuentes cercanas a los organismos de seguridad de Costa Rica consultadas por DIVERGENTES, el asesinato de Samcam es uno de los crímenes de mayor implicación política para los ticos en los últimos años. Sobre todo porque se trata de un opositor muy reconocido de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Ejército de Nicaragua, refugiado en Costa Rica, nacionalizado español y quien, antes de ser gatillado, se había acercado a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para informarles que había sido amenazado de muerte.
La DIS es una agencia que responde directamente al Ejecutivo costarricense, es decir, a la presidencia de Rodrigo Chaves. Sobre la DIS han caído una serie de críticas tras el asesinato del mayor en retiro ya que, además de cierta displicencia, fuentes del OIJ recriminan que “no han querido colaborar con la investigación en curso”. De hecho, a principios de octubre, el jefe de Operaciones de la DIS, Gilbert Villegas, dijo ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que la institución perdió contacto con el exmilitar nicaragüense Roberto Samcam a mediados del 2023.
Algo que Claudia Vargas, viuda de Samcam, pone en entredicho. Según ella, su esposo siempre estuvo comunicándose con la DIS sobre su situación y percepción de seguridad, en especial después de ser amenazado de muerte previo a su asesinato.
“Yo voy a seguir manteniendo esa verdad y, por supuesto, ellos (DIS) están evadiendo algún tipo de responsabilidad. No sé qué implicancia política pueda tener para ellos asumir públicamente que tenían una relación con Roberto… pero yo creo que lo importante es la relación que tienen con el exilio nicaragüense amenazado. Si bien es cierto que con Roberto había una mayor cercanía por los temas de seguridad que trabajaba, también hay otros exiliados que se están reuniendo con la DIS desde 2018”, dijo.
Fuentes de la DIS, ajenas a Villegas, confiaron a DIVERGENTES que efectivamente, a lo interno de la agencia que debe velar por la seguridad nacional tica hay diferentes visiones sobre los riesgos que enfrentan algunos exiliados más expuestos por su visibilidad pública. “Unos creen que no hay mucho riesgo y hasta indican relajarse a algunas personas, pero la verdad es que deberían redoblar sus medidas de seguridad”, sostuvo la fuente de la DIS.
El factor Chaves
Fuentes políticas cercanas al Ejecutivo plantean un elemento como contexto —no como señalamiento— para entender, sobre todo, la postura de la DIS frente a un crimen muy sonado internacionalmente y que pone a las instituciones de seguridad costarricenses en ristre con el régimen Ortega-Murillo: que el presidente costarricense Rodrigo Chaves siempre ha sido comedido en su relación con la Administración sandinista.
De hecho, hasta hace unas semanas, Chaves catalogó por primera vez como “dictadura comunista” al régimen vecino, posiblemente motivado por la postura de la Casa Blanca de Donald Trump frente a Managua, quien, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha dejado claro que los Ortega-Murillo, junto a las dictaduras de Cuba y Venezuela, son una prioridad en la agenda de Washington.
“En el despacho de Chaves saben que el caso de Samcam tiene mucha proyección política. Si ves el transcurso de su presidencia, casi nunca ha confrontado de forma directa a los Ortega-Murillo. Él mide las consecuencias políticas y hasta económicas, porque uno de los principales temores es que Managua cierre en represalia la frontera y boicotee el comercio regional, del que Costa Rica depende para llevar sus productos hacia el norte”, plantea una fuente habituada a los pasillos de la presidencia tica.
En esa misma línea de un viraje timorato a la calificación hecha por Chaves, el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, dijo esta semana en una conferencia de prensa que “le preocupan los perseguidos políticos en su país”.
“Costa Rica no puede dejar de levantar su voz ante violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos en suelo nicaragüense. Nos preocupa la condición de la población nicaragüense, nos preocupan los perseguidos políticos y nos impresiona que más de 400 perseguidos fueron declarados apátridas; se les borró su certificado de nacimiento”, planteó el canciller tico.
“La mayoría de la prensa nicaragüense opera desde Costa Rica. La mayoría de ONGs fueron disueltas y algunas operan desde suelo costarricense. Se estima que nuestro país tiene entre 650 000 y 750 000 nicaragüenses viviendo con nosotros, muchos ya integrados. Otros no; hay 220 000 solicitudes de refugio provenientes de 2018 aún pendientes de resolver y eso se dificulta por la merma en programas internacionales de apoyo a la migración. La comunicación (entre gobiernos) es formal y escasa”, reconoció Tinoco.