Durante el acto de juramentación del cuarto período del general Julio César Avilés al frente del Ejército de Nicaragua, Daniel Ortega dijo la noche de este viernes 21 de febrero que el jefe militar continuará asumiendo este cargo hasta 2031 por su “trabajo, dedicación, disciplina, mística… un compañero consciente, comprometido”.
Otra de las razones con las que defendió la perpetuidad de Avilés al frente de los militares es su supuesto “vínculo con el pueblo, los campesinos y productores, yendo de un departamento a otro, para coordinar esfuerzos para proteger la actividad productiva, darle seguridad a la actividad productiva”.
Julio César Avilés fue nombrado por Ortega como comandante en jefe del Ejército desde 2010, después de que se retirara el general Omar Hallesleven, quien fue vicepresidente de Ortega entre 2012 y 2017. Avilés ha estado al frente del cuerpo armado durante tres períodos de cinco años, y, sumando los seis años de este nuevo período 2025-2031, completaría 21 años de forma consecutiva en el cargo, un actuar sin precedentes desde la fundación del Ejército de Nicaragua.
En mayo de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Avilés por ser cómplice de Ortega, al evitar desarmar a los paramilitares que operaron durante la crisis política de 2018. Señalaron que los militares proporcionaron armas a las fuerzas de choque sandinistas que resultaron en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas.
En lista de Interpol
Avilés, por su parte, ha dicho en diferentes ocasiones que el Ejército ha sido víctima de campañas de desprestigio por parte de la oposición y ha defendido la violencia política con la que gobierna la dictadura sandinista.
Avilés también se encuentra en una lista de 15 miembros del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que un juez argentino entregó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para su captura por un caso que se libra en Argentina, señalado por la “violación sistemática de derechos humanos”, amparado en el principio de jurisdicción universal que permite a los países juzgar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.
Los crímenes de los que está acusado el régimen incluyen “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad”.
Avilés: “Siempre leales, firmes y cohesionados”
Ortega dijo que Avilés está asumiendo el mando nuevamente “por la experiencia acumulada”, en el día que se cumplen 91 años desde el asesinato de Augusto C. Sandino.
Avilés agradeció a Ortega por su respaldo y le confirmó que cuente “con la firme determinación de todos para continuar aportando en la construcción de la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos”.
Durante el acto, Avilés les dijo “a mis hermanos de armas que sigamos siempre leales, firmes y cohesionados, defendiendo los sagrados intereses de nuestro pueblo”.
Ortega aprovechó para defender las reformas– casi totales– de la Constitución Política que entraron en vigor a partir del pasado 18 de febrero. “Estas reformas les dan más fortalezas al pueblo nicaragüense, a los programas que estamos desarrollando para que se pueda llevar con más eficiencia el combate contra la pobreza, y hemos avanzado y seguiremos avanzando”, agregó el mandatario.
La reforma OrMu fue aprobada el 30 de enero y tenía un plazo legal de 15 días para su publicación en el diario oficial La Gaceta, por lo que haberse publicado hasta el 18 de febrero la hace inválida.
Según el artículo 45, 125 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 141, de la reforma parcial a la Constitución, Ortega, quien es el encargado de publicar la reforma por “cualquier medio de publicación social escrito”, debía hacerlo en un máximo de 15 días tras su aprobación final.
Aunque para la dictadura parezca un detalle menor, el desfase anula la validez de la reforma y deja en evidencia su intento de maquillar la legalidad del proceso. En un Estado democrático, esta falta impediría su entrada en vigor.
Según analistas políticos y abogados, la nueva Constitución OrMu debió ser sometida a través de un proceso de constituyente en el que los ciudadanos votaran si era necesario este cambio con el que se consolida la dinastía de los Ortega Murillo.
Entre otros cambios, faculta a la Presidencia de la República– ahora con Ortega y Murillo como copresidentes– para dirigir al Gobierno y coordinar a los demás órganos del Estado, de control y fiscalización, regionales y municipales; el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Es decir, el sometimiento de todos los poderes en manos de la pareja presidencial.
También se aprobó que todos los cargos, incluyendo los de la Presidencia como los del Ejército, tendrán un período de seis años. Es por esa razón que Avilés permanecerá como jefe del Ejército hasta 2031. Pese a la nueva figura de copresidencia de Ortega y Murillo, el encargado de juramentar al militar y pasar revista a los soldados fue Ortega.