El Gobierno de Costa Rica dio este miércoles un batacazo a la comunidad de migrantes que llega a ese país centroamericano en busca de protección internacional ante la represión estatal y la falta de oportunidades en sus países, al anunciar cambios en el Reglamento de Refugio, con el objetivo de frenar “de una vez por todas”, la migración “económica”, que avanza de forma acelerada en esa nación sureña.
El presidente Rodrigo Chaves, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), anunció que su administración suscribió dos decretos que modifican el reglamento de solicitud de refugio y otorgamiento de permisos laborales, así como las restricciones a la Categoría Especial Temporal para personas de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En el primer decreto el mandatario costarricense señaló que no se otorgarán de forma inmediata los permisos laborales a las personas solicitantes de refugio, sino que deberán cumplir con un procedimiento interno de estudio.
“Estamos cerrando el abuso de una vez por todas. Costa Rica seguirá siendo un faro de seguridad y esperanza para aquellos que de verdad necesitan protección”, declaró Chaves durante la conferencia de prensa semanal de este miércoles.
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Por otro lado, el mandatario señaló que los solicitantes de refugio que ya cuentan con el permiso de trabajo, se les renovará dicho documento solamente si se inscriben como trabajadores y cotizan ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El presidente tico indicó que toda nueva solicitud de refugio deberá ser presentada de forma presencial dentro de un mes natural a partir del día del ingreso de la persona al país, y, mientras la solicitud esté en trámite el migrante no podrá salir al extranjero “por ningún motivo”. En caso de hacerlo, las autoridades lo entenderán como un abandono del proceso, advirtió Chaves.
“Había personas que han estado en el país 10 o 15 años y no habían solicitado el refugio, pero se dieron cuenta que por ahí le salía el permiso de trabajo básico, automáticamente, muy rápido, ahora en adelante si usted viene huyendo por razones legítimas tiene un mes para solicitar el refugio”, sostuvo el mandatario.
Tiempo limitado para migrantes nicas
El segundo decreto firmado por el presidente tico es acerca de la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la cual entraría a regir el 1 de marzo de 2023 y que dará un plazo a las personas de estas nacionalidades que no califican como refugiadas o que tienen mucho tiempo en el país, para que regularicen su estatus migratorio en Costa Rica.
Según un documento publicado por la DGME, esta categoría se realiza con el fin de liberar el sistema de refugio, el cual ha sufrido un “uso abusivo” de la figura que afecta negativamente a las personas solicitantes de refugio, que verdaderamente son meritorias de la protección internacional, y que deben esperar por meses, e incluso años, para contar con una resolución sobre su estatus de persona refugiada.
Chaves explicó que estas personas podrán trabajar por dos años en el país, siempre y cuando renuncien a la solicitud de refugio y se inscriban en la Caja del Seguro Social. Este grupo tiene que demostrar que no tiene antecedentes penales en su país, “y hayan realizado su solicitud de refugio entre el primero de enero del 2010 hasta el 30 de septiembre de 2022, y que no hayan ido a su país en ese periodo”.
A criterio de Manuel Orozco, politólogo y experto en temas de migración, con estas disposiciones el Estado costarricense “está rompiendo con su tradición y respeto” al orden legal dentro del marco del estatus de refugiado, al forzar a la población migrante a acogerse a un estatus sin concederles el derecho a defender su caso.
Orozco mira “contradictorio”, que las tres nacionalidades que están dentro de la Categoría Especial Temporal sean de países bajo dictaduras, “que han reprimido y expulsado a sus poblaciones de su país”.
“Son migrantes de Estados fallidos, dictaduras totalitarias, y regímenes represivos en que, la decisión a migrar ha crecido conforme la represión aumenta. Pero la realidad es que en esta época la represión y violencia no son exclusivamente físicas, sino que esta se ha manifestado mediante la exclusión económica”, señaló el experto.
Por su parte, Chaves insistió que su país “ama los derechos humanos” y que con las decisiones anunciadas “no se están cerrando las puertas a la población extranjera”.
Sin embargo, Orozco expuso que dichas regulaciones tienen varias implicaciones: “Una, que después de dos años esas personas quedan en limbo, porque la posibilidad de retorno disminuye con el tiempo, ya sea por las raíces que se montan o porque el país de origen no mejora. Dos, ese limbo genera ansiedad y una decisión de quedarse informalmente, y tres, que se está asumiendo que es una migración económica exclusivamente”.
Según los datos del Gobierno costarricense, ese país ha recibido 222 mil 56 solicitudes de refugio en los últimos cuatro años, la mayoría de nicaragüenses que han salido de su país durante la crisis política y social, pero también hay numerosos solicitantes de Venezuela y en menor medida de Cuba.
Chaves además dijo que cerca del 90% de las solicitudes que resuelve la Dirección General de Migración no reúnen las características para otorgar el estatus de refugiado.
El mandatario dijo que Costa Rica gasta “300 millones de dólares al año en atender a esta gente que se hace llamar refugiado”.
El Servicio Jesuita de Costa Rica recibió el anuncio de Chaves con “vergüenza”, y adelantó que como organización estudiará el caso en asocio con otras instancias para analizar cómo velar por el respeto pleno de los derechos humanos y la normativa nacional e internacional “que el país no puede desconocer”.
“En realidad ahorita nuestra prioridad es saber cómo recoger algunos de los elementos del comunicado para minimizar el temor, la incertidumbre de muchísimas personas que se están enterando de estas disposiciones. Hay muchísimo temor”, dijo a DIVERGENTES Karina Fonseca, directora país del Servicio Jesuita para Migrantes.