La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó por los “riesgos de criminalización severa” de la prensa salvadoreña con la vigencia de reformas que castigan hasta con 15 años de cárcel “cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión” a las pandillas que impulsa el presidente Nayib Bukele.
En un comunicado de prensa, la Relatoría también advirtió que estas reformas, aprobadas y puestas en vigor el 5 de abril pasado, se contradicen con “estándares internacionales”. “Esta Oficina considera que la amplitud y la vaguedad de los términos que se emplean para describir las conductas prohibidas entran en conflicto con los estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté previsto de manera expresa, taxativa y clara en la ley”, indicó.
Agregó que “la mencionada ambigüedad de la redacción dificulta distinguir entre las expresiones sancionables y las que no”. También señaló que “las presentes reformas, tal como fueron redactadas, activan riesgos de criminalización severa sobre actividades legítimas en la sociedad y de especial trascendencia para la vida democrática como lo son el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria, la investigación académica, entre otras”.
La relatoría que “en la conversación pública alrededor de estas reformas distintas autoridades se han pronunciado sugiriendo semejanzas entre la labor periodística sobre seguridad pública y los discursos no protegidos por el derecho internacional como la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio, incluso con referencias al nazismo”.
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“Sin embargo, ni en la exposición de motivos ni en el articulado se encuentran referencias que permitan concluir que los discursos que se buscan combatir tienen semejanza alguna con aquellos que representan propaganda de la guerra, apología del odio o incitación al genocidio”, subrayó la Relatoría de la CIDH.
Esta instancia de la CIDH llamó al Estado salvadoreño “a adecuar las legislaciones a los estándares interamericanos de derechos humanos en materia de libertad de expresión”.
El presidente salvadoreño, Nayib Bujele, comparó estas reformas promovidas pro su Gobierno con la lucha de Alemania por erradicar el nazismo.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo”, escribió el mandatario en Twitter.
Estas reformas se aprobaron en el marco de un estado de excepción aprobado a finales de marzo, tras una ola de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas y colocó el día 26 de ese mes como el más violento de la historia reciente de El Salvador.
El Gobierno atribuyó la escalada a las pandillas, por lo que el Congreso endureció las penas de prisión contra estos grupos y los cuerpos de seguridad han capturado más de 10.500 personas.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.