La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del pastor Rudy Antonio Palacios, su esposa Olga María Lara, su hija Jessica, su yerno Pedro López y su cuñado Armando Bermúdez, desaparecidos desde el 17 de julio en Jinotepe, Carazo, tras ser detenidos por agentes la Policía Nacional. En la resolución 65/2025, adoptada el 16 de septiembre, la Comisión advirtió que los cinco se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir un daño irreparable a sus derechos a la vida y la integridad personal.
El caso de Palacios no es aislado ni reciente. En 2018, en el contexto de las protestas cívicas, el pastor fue acusado falsamente de terrorismo. Su “delito” fue brindar asistencia a jóvenes y heridos en las calles, un gesto vinculado a su vocación religiosa. Desde entonces, se convirtió en un blanco de la persecución política en Nicaragua. Siete años después, esa hostilidad se ha transformado en una desaparición forzada que no solo lo alcanza a él, sino también a su familia cercana, borrada de un tajo por la maquinaria represiva del régimen Ortega-Murillo.
La desaparición de los Palacios expone un fenómeno cada vez más evidente: la represión dejó de enfocarse únicamente en individuos críticos del poder y ahora se ensaña con núcleos familiares completos. Es una forma de castigo que combina el terror colectivo con la estrategia de silenciamiento, multiplicando el impacto entre comunidades enteras, advierten organismos de derechos humanos. La coincidencia temporal con la desaparición del opositor Mauricio Alonso, ocurrida en el mismo mes de julio, refuerza un patrón sistemático que extiende los límites de la violencia estatal a lo letal, ya que tanto Petri como el abogado Carlos Cárdenas fueron entregados sin vida a sus familiares.
Padecen cáncer
El drama de esta familia tiene, además, un componente de urgencia vital: tanto Rudy Palacios como su esposa Olga estaban bajo seguimiento médico por antecedentes de cáncer. Sus controles periódicos eran esenciales para evitar recaídas. La detención, en la que se desconoce si reciben atención en salud, agrava el riesgo y acentúa la crueldad de su desaparición.
La CIDH subrayó en su resolución que los familiares han acudido reiteradamente a centros penitenciarios en busca de información, sin obtener respuesta. El Estado tampoco brindó datos al organismo interamericano. No hay registro de acusaciones formales, ni audiencias judiciales, ni constancia de visitas familiares o contacto con abogados. En la práctica, se trata de una desaparición forzada que coloca a las víctimas fuera de toda protección legal y mantiene a sus allegados en un limbo de incertidumbre.
La decisión de la Comisión exige a Nicaragua revelar el paradero de los desaparecidos, aclarar su situación jurídica, garantizar acceso a familiares y defensa, y adoptar medidas de investigación para evitar la repetición de hechos similares. Pero el régimen Ortega-Murillo, fiel a la lógica del silencio que caracteriza a estas prácticas, se ha limitado a ignorar los reclamos.
Estados Unidos sigue exigiendo mostrar presos políticos
La presión internacional también se intensifica. La Oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental exigió esta semana una prueba inmediata de que el periodista Leo Cárcamo se encuentra con vida, tras su detención y desaparición. Washington denunció que Cárcamo fue apresado “simplemente por ejercer su profesión” y advirtió que la dictadura y sus cómplices deberán rendir cuentas, reiterando el llamado a la liberación incondicional de todos los presos políticos.
Una semana atrás, la misma oficina exigió mostrar al jóven médico Yerri Estrada, quien estuvo incomunicado desde el 13 de agosto, hasta que la presión internacional, en particular la de Estados Unidos, obligó a la dictadura a difundir fotografías y videos de una supuesta visita familiar. Washington cuestionó directamente a Rosario Murillo con un dardo político: “¿Está Murillo tan insegura de sí misma que no puede proporcionar evidencias de que esté vivo?”.
La presentación pública del médico, divulgada con retraso y sin explicaciones sobre su captura o situación judicial, buscó sofocar las denuncias. Sin embargo, análisis forenses posteriores evidenciaron golpes, cojera y señales de tortura. Para juristas y organismos de derechos humanos, el régimen no actuó por voluntad propia, sino como reacción a la presión externa, que se intensificó tras la muerte en el mismo lapso de Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas.
Lejos de disipar la preocupación, el caso de Estrada refuerza la idea de un patrón sistemático: opositores detenidos en secreto, sometidos a torturas, exhibidos solo cuando la presión internacional los obliga, y familias condenadas a la incertidumbre. Estrada, como los Palacios, sigue siendo parte de una lista creciente de desaparecidos en Nicaragua, una práctica que defensores de derechos humanos califican como crimen de lesa humanidad.