La renovación por dos años del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés) es un hecho que sienta un precedente para el país, y que representa una excepción aplicada en ocasiones muy concretas. Los alcances de la renovación deberán ser definidos por el Ghren, quienes cuentan con un nuevo escenario en el que podrían profundizar en nuevos enfoques de investigación, incluyendo hasta la posible vinculación del Ejército en la represión. De igual forma, determinarán a nuevos mandos responsables en la cadena de hechos represivos cometidos a partir de 2018.
Raphaël Viana, responsable de incidencia para China y América Latina de International Service for Human Rights (ISHR) –miembro del Colectivo 46/2, que agrupa a 21 organizaciones de derechos humanos, impulsoras del mandato– explicó que la renovación a cargo del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra fue inédita. “Estaríamos creando otro precedente con la situación en Nicaragua. Ese ha sido el caso en el pasado con una relatoría especial para Camboya y con la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, que después de un primer mandato, se renovó por dos años”, manifestó.
Viana reiteró que esta decisión facilita la investigación, ya que quita las barreras administrativas que conlleva, por ejemplo, una renovación anual. De igual forma, facilita la investigación y deja la reflexión de que en este periodo de tiempo “no se anticipa un cambio sustancial en la situación nacional”.
“Esta reflexión está arraigada en el análisis de la constancia de los patrones de abusos de derechos humanos, que sólo se ha ido deteriorando de forma continua sin ninguna señal de mejoramiento”, agregó el experto.
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Nuevas adjudicaciones de responsabilidades
El informe del Ghren, presentado el 2 de marzo en Ginebra, concluyó que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Fue la primera vez que expertos independientes nombraron directamente a los responsables de la represión en el país, que servirá para futuros procesos penales. La investigación de Naciones Unidas encontró “motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
Con un nuevo mandato de dos años, se espera que surjan nuevos enfoques y líneas de investigación que podrían profundizar –incluso más– los hallazgos de los investigadores. “Hasta ahora, el enfoque fue en crímenes de lesa humanidad y en poder identificar a los perpetradores directos. También en las instituciones que tuvieron un rol fundamental en todas las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, faltan muchos enfoques que no pudieron ser incluidos en el primer informe, como por ejemplo la situación de pueblos indígenas y también la violencia de género”, remarcó por su parte Gaia Hefti, oficial de incidencia del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Con ello, no se descarta que los expertos puedan ahondar en la participación del Ejército de Nicaragua, uno de los pilares que sostienen al régimen de Ortega y Murillo, y cuya participación no ha sido abordada por investigaciones independientes.
“El Ejército puede claramente ser identificado como un actor responsable. Digamos que el Ejército en sí necesariamente tiene una obligación vinculante, pero puede haber una responsabilidad penal individual de personas en la cadena de comando del Ejército, que el grupo de expertos podría identificar”, agregó Viana.
En líneas generales, el mandato del Ghren investiga violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en Nicaragua bajo el derecho internacional. También identifica las responsabilidades de crímenes de lesa humanidad, asesinato, tortura, detención arbitraria, perseguición política, deportación forzosa y de violencia sexual. Por lo tanto, se encargará de señalar a los responsables de dichos crímenes sin ninguna restricción.
“El grupo de expertos al final no es un tribunal o una corte internacional. Lo que harán es investigar los hechos desde 2018, recolectar información y aplicar la ley internacional en materia de derechos humanos. Todo esto para que, cuando una entidad que pueda juzgar a estos perpetradores exista la evidencia de los hechos”, sintetizó Hefti.
Sumado a ello, los expertos destacan que, además de la renovación del Ghren, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU deberá actualizar periódicamente la situación de Nicaragua. Es decir, ambas instancias verán de forma paralela –aunque con enfoques diferentes– lo que ocurre en el país en dicha materia. Asimismo, el Ghren brindará un informe cada año de lo que dure su mandato.
“Eso permitirá una atención y una visibilidad constante de la situación de derechos humanos de Nicaragua. Además de un avance en las investigaciones del grupo de expertos”, agregó Viana, quienes además recalcó que el mandato se renueva de forma íntegra como tal quedó en su primera aprobación.
La negativa de cooperación
Pese a las 12 cartas y solicitudes sin responder enviadas por el Grupo al régimen nicaragüense, y la imposibilidad de visitar el país, los expertos obtuvieron información a través de víctimas en el exilio y de activistas que trabajan en el territorio en clandestinidad. Sin embargo, el destierro masivo de personas –317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad en febrero– y la persecución en Nicaragua agudizada tras esta medida puede representar un reto para el Ghren.
“Preocupa esta nueva tendencia de sacar del país a toda la oposición en general, pues significa despojar a las voces disidentes que ayudan a la comunidad internacional a entender también lo que está pasando dentro de Nicaragua”, explicó Hefti.