Nicaragua ha acudido a los tribunales internacionales, en numerosas ocasiones, para solicitar su apoyo en litigios con otros países, como Estados Unidos y Colombia, bajo diferentes períodos gobernados por Daniel Ortega. Sin embargo, el régimen sandinista no suscribió el llamado Estatuto de Roma, que permitiría intervenir al Tribunal Penal Internacional en los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en el país a partir de abril de 2018.
Por esa razón, el contundente comunicado emitido este jueves por la Cancillería de Colombia, a través del cual condena con “repulsión” el destierro “sorpresivo e inhumano” de 317 nicaragüenses, y pide a la Corte Penal Internacional que se ocupe del asunto, se trataría de una propuesta “provocadora”, según expertos en derecho internacional, pero casi imposible de llevar a cabo.
La decisión del Gobierno de Colombia, al emitir el comunicado a favor de llevar al régimen sandinista ante la justicia, pretende relajar la presión interna que ha tenido el presidente Gustavo Petro para desmarcarse definitivamente de los Ortega-Murillo, y fortalecer la idea de abogar por la paz en escenarios internacionales, cuestionando los autoritarismos, opinó Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario en Bogotá.
Según Jaramillo, en Colombia ha habido muchas críticas y mucha indignación por lo que ocurrió con los opositores en Nicaragua, sobre todo por el hecho de que hayan sido despojados de su nacionalidad 317 personas. “En medio de las acusaciones que ha habido contra el Gobierno de Petro de condescendencia frente a las violaciones de derechos humanos, es que ha surgido este comunicado”, opinó el experto.
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En el comunicado, emitido por la cancillería colombiana, la administración de Petro también pide a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, que solicite “autorización para visitar a los que siguen detenidos” y no fueron desterrados.
“Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Atanasio Somoza que el sandinismo logró superar”, detalló la Cancillería en el comunicado.
Jaramillo consideró que esta declaratoria del Gobierno colombiano refuerza la idea que la administración de Petro ha querido impulsar desde su regreso al poder: que Colombia abandere la causa de la paz en escenarios internacionales y sea crítico con los autoritarismos, independientemente de que estos provengan de regímenes autoconsiderados de izquierdas o de derechas.
En las últimas semanas, 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el régimen sandinista, junto a 222 presos políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos el nueve de febrero.
La demanda a la Corte Penal Internacional
En el comunicado el Gobierno colombiano señaló que el autoritarismo que se ha impuesto en Nicaragua ha infringido normas ius cogens que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias e inmutables en esencia. “Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional. Al señor Fiscal de la Corte se le pide tomar cartas en tan alarmante asunto”, detalla el documento oficial.
Para Jaramillo la solicitud de Colombia para que la Corte Penal Internacional (CPI) tome cartas en el asunto es más un gesto simbólico que una acción que pueda materializarse en el futuro. Aunque el anuncio va encaminado a desmarcarse de una vez por todas del régimen Ortega-Murillo, el experto explicó que estos procesos son engorrosos y muchas veces es muy complicado probar todos estos crímenes.
“Esto ocurrió en el pasado durante las administraciones de los presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Estos anunciaron en su momento que iban a recurrir a la Corte Penal Internacional para denunciar al régimen venezolano de Nicolás Maduro”, relató el experto.
Una fuente consultada por DIVERGENTES explicó que, al no ser Nicaragua parte del Estatuto de Roma, el punto de entrada para activar la acción de los órganos de la CPI es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, según el artículo 13 (b).
Según la fuente, no está muy claro cómo se podría activar esa vía, ya que el Estatuto de Roma es muy claro. Es necesario que la cancillería colombiana aclare qué es lo que pretende o qué es lo que hará para que el fiscal pueda actuar.
Comunicado cierra la puerta a futura negociación
No es la primera vez que el Gobierno de Petro intenta actuar en favor de las víctimas de la represión del régimen nica. En septiembre de 2022, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, confirmó las gestiones humanitarias que su Gobierno llevó a cabo para que el régimen sandinista liberara a los presos políticos de Nicaragua. Sin embargo, la dictadura se opuso y provocó más tensión con el país sudamericano.
Leyva reveló sus gestiones luego de la controversia que se armó en Colombia, a raíz de la ausencia de este país en la resolución contra el Gobierno nica que se aprobó en agosto de ese mismo año en la Organización de Estados Americanos (OEA).
“De ninguna manera estamos con el señor Ortega, una cosa es una acción humanitaria y otra cosa es una confusión que desafortunadamente tenemos sobre una situación pendiente en la Corte Internacional”, manifestó el canciller en ese momento.
Jaramillo expresó que, a raíz del comunicado de la Cancillería de Colombia, “queda claro que a Colombia no le interesa tener un contacto con el régimen sandinista ni que se le asocie de ninguna manera”. Así mismo, agregó que la toma de distancia de Petro va en consonancia con otras declaraciones anteriores, “como sus críticas a la Policía peruana por reprimir a manifestantes, el año pasado”.
En la parte final del comunicado, la Cancillería de Colombia señaló que el Gobierno “buscará entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana”, como ya ocurrió con el escritor Sergio Ramírez esta semana en Madrid, a quien se le ha concedido dicha nacionalidad, en un gesto más que ahonda el aislamiento del régimen de Ortega.