El anuncio de congelar el valor de los combustibles evidencia lo que el régimen Ortega-Murillo siempre ha negado: que ellos controlan los precios de los hidrocarburos que por años han golpeado la bolsa de los consumidores. A quince días de las elecciones sin competencia en Nicaragua, la maniobra es vista como una estrategia electorera, en medio de un contexto de desencanto con los comicios catalogados como “farsa”.
Este fin de semana se esperaba nuevamente un alza en los precios de los combustibles. Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo ha decidido “no aplicar las alzas constantes derivadas del movimiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados en Nicaragua”, afirmó el ministro de energía y minas, Salvador Mansell, este sábado en una conferencia de prensa.
El comunicado del gobierno señala que “los precios internacionales del petróleo y sus derivados han experimentado y experimentan durante todo este año hasta el 73 por ciento de incremento”. “Estos incrementos, aunque obedecen a causas externas, impactan negativamente encareciendo localmente los precios de combustibles, gasolinas, diésel y gas licuado, indispensables para la vida y el trabajo de las familias nicaragüenses por ello la Presidencia de la República de Nicaragua analiza continuamente el impacto del alza de estos precios en la economía familiar y en la vida productiva en general”, expone el documento.
Según lo planteado en el comunicado esta acción es “para proteger la economía y la vida de las familias”. En lo que va del año, se registran 29 alzas y 11 bajas en la gasolina regular; 29 alzas y 11 bajas en la gasolina súper, 27 alzas y 13 bajas en el diésel, según un registro del portal Dele peso a sus pesos.
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Una fuente especialista en hidrocarburos, quien pidió su anonimato, confirmó a DIVERGENTES que “esa es una prueba de quién es que maneja los precios”, ya que veces anteriores el gobierno y sus medios oficialistas han afirmado que quienes controlan el precio son las empresas distribuidoras. Un ejemplo de la propaganda es la siguiente publicación de Radio La Primerísima:
Las empresas distribuidoras ya habían anunciado el alza en los precios de los combustibles. Se proyectaba un aumento del C$0.79 por litro en la gasolina regular, del C$0.81 por litro en la gasolina súper y C$0.52 por litro en diésel.
De haberse realizado ese aumento, el combustible en Nicaragua habría registrado su cuarta semana consecutiva en alza, superando hasta los 42 córdobas por litro en la gasolina súper.
Durante el período de referencia sobre el cual se calculan los precios que se aplicarían este domingo (jueves y viernes de la semana previa y lunes, martes y miércoles de esta semana), los precios promedio internacionales de la gasolina súper y regular, al igual que el diésel, subieron.
En febrero de 2020, Daniel Ortega mandó a crear cuatro empresas estatales que intervienen en toda la cadena del negocio de la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas, combustibles y hasta en la exploración de petróleo en Nicaragua, según una publicación de La Prensa. Los analistas advirtieron como la movida legal con la que el régimen buscó traspasar el control en este rubro que ejercían Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP).
Bajo el esquema del negocio petrolero del régimen, Albanisa y DNP han utilizado los tanques de la estatal Petronic en Corinto para almacenar el petróleo y los combustibles importados, que posteriormente comercializaban en el país. Con las sanciones a Albanisa y DNP, Petronic pasó a ser el importador directo, que es el Gobierno, pero ahora el régimen cambió el modelo al crear a Eniplanh y Enicom que funcionan como lo hacían Albanisa y DNP, solo que bajo la sombra del Estado nicaragüense.
Una de las figuras claves en el negocio de la distribución de combustibles es Rafael ‘Payo’ Ortega, hijo de la pareja presidencial. En diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro lo sancionó a él y dos empresas bajo su control utilizadas para el “lavado del dinero”.
“Rafael Ortega es el principal gestor de dinero detrás de los ilícitos mecanismos financieros de la familia. El Tesoro está sancionando a Rafael y las empresas que posee y usa para lavar dinero, con el que sostener el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Las empresas designadas por el Gobierno estadounidenses fueron Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., a las que acusaron de ser utilizadas por Rafael Ortega “para generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega”. Asimismo, el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas al Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), empresa con la que la familia Ortega se enriqueció personalmente a través de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua.