El artículo 175 de la Constitución Política de Nicaragua incluido en la reforma total que ejecutó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la semana pasada contempla que el territorio nacional se dividirá, para su administración, en departamentos, regiones autónomas de la Costa Caribe, municipios y regímenes especiales de desarrollo.
Esta última figura de “regímenes especiales de desarrollo” recuerdan a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que se crearon en Honduras en 2013 y se eliminaron en menos de 10 años después, por ceder la soberanía nacional a inversionistas extranjeros, según argumentó el Parlamento hondureño al derogar la Ley Orgánica de las ZEDE en abril de 2022.
Sobre la figura nicaragüense, el artículo 175 sólo consigna que “las leyes de la materia determinarán su creación, extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de diversas circunscripciones territoriales”.
Zonas de desarrollo similares
Además de Honduras, en países asiáticos como Hong Kong o Singapur existen zonas de desarrollo similares, que proveen condiciones especiales, al margen de la jurisdicción local, para atraer capital e inversiones foráneas que ayudan al desarrollo económico del país.
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Sin embargo, en Honduras fueron ampliamente criticadas y ha provocado conflictos entre los inversionistas extranjeros que tomaron esta figura y el Gobierno de Xiomara Castro.
“Con la voluntad del pueblo estamos recuperando nuestra soberanía. No es una campaña de Organizaciones No Gubernamentales, es un pueblo que se manifestó durante todos estos años para derogar esta ley. Para mí este es el momento más especial que hemos tenido en estos 85 días de Gobierno”, manifestó la presidenta Xiomara Castro, después de sancionar el decreto que deroga la Ley Orgánica de las ZEDE.
Atribuciones por encima de los poderes del Estado
Un economista con experiencia en comercio exterior, en anonimato, dijo a DIVERGENTES que habría que revisar la Ley Orgánica de estos regímenes especiales de desarrollo para conocer los alcances de esta figura.
“Los regímenes especiales son los que tienen beneficios especiales de impuestos y aduaneros, con normas generales por las que se rigen. Sin embargo, en Honduras, las ZEDE tenían atribuciones exclusivas que pasaban por encima de los poderes del Estado”.
El economista explica que, incluso, en Honduras existen otros regímenes especiales, como zonas de libre comercio y turísticas; industriales de procesamiento y regímenes de importación temporal que siguen operando en el país, después de que las ZEDE fueron eliminadas.
“En los que son similares es que las ZEDE de Honduras, como estos regímenes especiales de desarrollo en Nicaragua, es que se crearon a través de reformas constitucionales, y estas no pueden derogarse ni siquiera a través de decreto presidencial o por el Congreso, o por lo menos así lo fue en Honduras… Tuvo que haber una resolución de la Corte Suprema de Justicia, porque las ZEDE seguían operando y amenazaban con demandar al Estado hondureño”, explicó el economista.
Violan principios de soberanía y territorialidad
Las ZEDE, constituidas en 2013, fueron regímenes fiscales y aduaneros extraterritoriales, con independencia presupuestaria, fiscal y jurisdiccional, impulsados por el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) con el supuesto objetivo de “promover el desarrollo de centros financieros, ciudades autónomas y distritos de inversión”, entre otros. En Honduras se establecieron tres ZEDE: en Roatán, Islas de la Bahía; San Marcos de Colón y en Choloma, Cortés.
Desde su creación, diversas organizaciones sociales se opusieron a ellas, argumentando que violaban “los principios de soberanía y territorialidad establecidos dentro de la Constitución de la República”. No obstante, durante los Gobiernos de Lobo Sosa y la doble administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), gozaron de total tranquilidad para desarrollarse dentro de Honduras.
Las atribuciones de las ZEDE
Cuando fue derogada la Ley Orgánica de las ZEDE en 2022, el Congreso de Honduras dijo que estas fueron creadas “violentando, alterando, modificando y lesionando el territorio nacional, la soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres poderes del Estado”.
“La ilegalidad se realizó mediante la configuración de instituciones exclusivas para zonas privadas, de empresas privadas y para otorgar privilegios a un grupo de personas en detrimento de todos los hondureños, originando este régimen de ZEDE e instituciones con funciones, competencias, atribuciones y poderes que constitucionalmente son propios o exclusivos del Poder Ejecutivo y Legislativo”, indicó el Parlamento.
El Congreso también argumentó que las ZEDE permitían que el sistema de justicia hondureño fuera “suplantado por otros sistemas judiciales o jurisdiccionales de otros países, poder, que solo es propio y exclusivo en Honduras del poder Judicial”.
“La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía”, indicó la presidenta Xiomara Castro a través de un mensaje difundido en la red social X, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló las ZEDE.
La diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la Comisión Especial contra las ZEDE, Silvia Ayala, dijo al medio Contracorriente que la instalación de las ZEDE “atentan contra la soberanía del pueblo hondureño, y, además, es un acto de traición a la patria” cometido por los diputados que aprobaron la ley en 2013.