Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007 –y comenzó a compartir la presidencia con su esposa Rosario Murillo en 2017– ha reformado la Constitución Política una docena de veces para dotar de legalidad a su larga deriva autoritaria. Sin embargo, la “reforma parcial” que envió a la Asamblea Nacional este 19 de noviembre es la más telúrica, no sólo porque trastoca más de una centena de artículos, sino porque cambia radicalmente “el sentido del Estado de Nicaragua”: oficializa un Estado totalitario que desde 2018, tras las protestas sociales, han montado de facto. Un totalitarismo en el que la disidencia no tiene cabida legal, extirpan definitivamente la independencia de poderes, y blindan la sucesión dinástica con la formalización de los cargos de “Copresidente” y “Copresidenta”.
Aunque el régimen cataloga la reforma como “parcial”, expertos constitucionalistas coinciden en que se trata de una modificación de calado total que no puede considerarse “parcial”. Para reformar más de una centena de artículos –y hasta el preámbulo constitucional–, como ha hecho la pareja presidencial, se necesita realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, no se convocó ni se hará.
En cambio, los leales diputados encabezados por Edwin Castro recibieron la propuesta de reforma firmada por Daniel Ortega el martes 19 y este jueves 20 de noviembre difundieron los cambios ordenados. Según fuentes sandinistas consultadas por DIVERGENTES, se espera que se apruebe este viernes 22 de noviembre en primera instancia, y se ratifique antes del diez de enero, para que la pareja presidencial asuma los cargos de “Copresidente” y “Copresidenta”.
Si bien en la reforma constitucional realizada en 2013 se mencionan por primera vez los valores socialistas, Ortega y Murillo declaran en el artículo 3 de la actual reforma que el Estado nicaragüense “se fundamenta en ideales socialistas”. En otras palabras, ya no como eslogan de Gobierno o declaración de intenciones, sino como fundamentos. Y el número 6 agrega que “la República de Nicaragua es un Estado revolucionario”.
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“Esa es la gravedad, que sin haber hecho una consulta constituyente, cambian el sentido del Estado de Nicaragua por completo a socialista. Es decir que esa declaratoria de socialista elimina constitucionalmente el pluralismo político, que de facto ya estaba purgado”, explica a DIVERGENTES un jurista experto en constitucionalismo.
Además, mandata el reformado artículo 53, que “los partidos políticos deberán asumir en sus estatutos los Principios Fundamentales de esta Constitución Política. “Es decir que en Nicaragua ya no pueden existir partidos de centro o de derecha, de modo, por ejemplo, que los partidos políticos zancudos (comparsas) que están en la Asamblea deben ser socialistas”, plantea el jurista constitucionalista.
Y agrega: “La declaración en los artículos 3 y 6 del Estado de Nicaragua como revolucionario y fundamentado en los ideales del socialismo es de lo más peligroso y abusivo, pues lo están haciendo sin consulta alguna. Pero además, bajo este régimen es cuando más lejos ha estado Nicaragua del socialismo”.
¿Emular a China y Rusia?
Juan Carlos Gutiérrez Soto, sociólogo y politólogo, señala que, aunque la ciencia política no clasifica aún al régimen Ortega-Murillo como totalitario debido a que carece de una ideología clara que elimine a otras expresiones, y por la existencia formal de elecciones y partidos fuera del Frente Sandinista, en la práctica todo esto es una fachada. No existen elecciones libres ni competitivas, ni partidos políticos realmente autónomos del poder controlado por el sandinismo.
“Pero bueno, los principios fundamentales de esta nueva constitución establecen un marco ideológico para el Estado que se define como socialista, cristiano y solidario. Estos principios serán la base para la formación de partidos políticos, y prácticamente no habrá organización en Nicaragua que no se alinee con ellos. En cuanto a los partidos, será muy difícil que surjan agrupaciones con una orientación distinta”, insiste.
Un esquema político similar al de China, Rusia, Corea del Norte y Cuba, los principales aliados ideológicos del régimen Ortega-Murillo. “Ellos quieren hacer parecer que Nicaragua ha entrado a ser parte de ese bloque de países”, afirma otra fuente cercana al régimen.
“¿Por qué legalizan ahora lo que de facto ya venían haciendo?”, pregunta por su parte el sociólogo Gutiérrez Soto. Contesta en una línea similar a la fuente cercana al régimen: porque Ortega y Murillo, ante el aislamiento en el que se encuentran, necesitan plantear mecanismos normativos y legales que les permita decir al mundo que ellos trabajan con una Constitución, una normativa interna que nadie puede tocar.
“Ellos quieren decir: estamos siendo constitucionales y legales en la gestión del poder, aunque sea un poder centralizado. Y sobre eso el mundo ya dobló su brazo hace mucho tiempo, desde finales de los 90, inicios de los 2000, cuando el acercamiento con China era cada vez más evidente y necesario para el mundo occidental. Porque China funciona a partir de un gobierno central totalitario, un solo partido, centralización económica, política y una flexibilización de mercado en lo económico”, explica el también excatedrático y despojado de su nacionalidad nicaragüense.
Gutiérrez Soto piensa que Ortega y Murillo, quizás, están aspirando a que este modelo les permita entrar a una nueva fase de negociación con Estados Unidos y Europa. Una negociación con un respaldo que ellos aspiran: el de Rusia y China.
“Eso para los nicaragüenses es una burla, pero a nivel internacional, donde no entran al detalle y que no comprenden lo que sucede en el día a día en Nicaragua, eso va a pasar como bueno. Pueden decir ‘así funcionan, son sus normas. Habrá que negociar con ellos’. El reto que tienen los nicaragüenses y los nicaragüenses es evidenciar esa violación de todos los derechos, de la Constitución. Esa violación de gestionar el poder con democracia”, dice Gutiérrez Soto.
Copresidencia resuelve intriga palaciega de la sucesión
El ahora artículo 33 establece que “la Presidencia de la República está integrada por un Co–Presidente y una Co–Presidenta, que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos”. A nivel político, la creación constitucional de los cargos de copresidentes resuelve el embrollo de la sucesión constitucional que Ortega y Murillo han venido barajando desde hace años; un tema espinoso y poco popular sobre todo en sus bases. En principio en 2017, cuando Murillo fue designada como su vicepresidenta, y luego nombrada por su marido como copresidenta hace dos años.
Juan Carlos Gutiérrez Soto asegura que las “copresidencias” en la Constitución Política es “una alternativa o una salida para la tensión interna del poder entre los dos dictadores”. El sociólogo recuerda algo que es bien sabido en los pasillos del régimen: el voraz deseo de Murillo de ser presidenta de Nicaragua, un sueño de sucesión que fue truncada en cierta medida por las protestas sociales de 2018.
“Ella ha sido elocuente y manifiesta en la necesidad o el requerimiento de ser la presidenta. Él le ha prometido en diversos espacios privados, y lo han reconocido gente que estuvo cercana a ellos, que ella sería la candidata a la presidencia en las elecciones de 2026”, continúa Gutiérrez Soto. “Luego la hizo copresidenta hace dos años, pero ahora esta salida le permite a Ortega mantenerse en el poder, al menos visiblemente. Y en segundo lugar, permite que Murillo sea también presidenta. Es decir, hacer legal un funcionamiento que ha venido realizándose desde 2007”.
En ese punto, el sociólogo sostiene que la “copresidencia” abre otro canal: uno para la sucesión compartida. “Es decir, ella va subiendo cada vez más mandatos visiblemente y legalmente, mientras que él asume una figura siempre presente en la gestión del poder”, dice.
Si un copresidente falta, el otro sigue
El artículo 135 reformado amplía el período presidencial de Nicaragua de cinco a seis años. Es decir que se extiende un año más el actual periodo presidencial. A renglón seguido, el artículo 136 de la reforma establece que en caso de faltar un copresidente, el otro continúa al mando. “Por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro copresidente o copresidenta terminará el periodo por el que fueron electos”, precisan.
“En otras palabras, al leer esa reforma, si muere uno de los copresidentes, el otro continúa solo hasta el final del periodo… no hay elección para sustituir al muerto. Es lógico pensar quién puso eso”, sostiene la fuente cercana al régimen.
A la postre, la reforma enviada al Parlamento oficialista establece que los copresidentes “podrán nombrar vicepresidentes que desempeñarán las funciones que se les asignen”.
“Eso de nombrar a sus copresidentes va más allá de la sucesión a corto plazo, que es Rosario Murillo, sino que resuelve el tercer escalón de la sucesión. Y para ese escalón, quien pinta es Laureano Ortega. O también les permite tener ese cargo disponible para contentar a otro sector, como los militares, sin que pase por el sufragio popular”, analiza por su parte Jesús Tefel, presidente de la organización Hagamos Democracia.