El reciente nombramiento de “copresidenta” que Daniel Ortega otorgó a su esposa, Rosario Murillo, es la continuación de un plan de sucesión familiar planteado en 2016, cuando ella fue designada vicepresidenta de Nicaragua. La idea inicial era que la primera dama asumiera el relevo como candidata en las elecciones generales de 2021, en un clima sin complicaciones. Sin embargo, la rebelión de abril frustró la proyección y ahora, ante un panorama de ilegitimidad por el cierre democrático, el caudillo sandinista trata de enmendar el sueño presidencial de su pareja con este cargo de facto, muy al estilo cubano, sostuvo Manuel Orozco, analista para Diálogo Interamericano.
“Están replicando el proceso de relevo utilizado por los hermanos Castro en Cuba. Fidel anunció el traspaso de poder a su hermano, Raúl, mientras temporalmente lo apoya en la transición. De igual forma, cuando Raúl informa de su retiro, apoya a Díaz-Canel y le deja montado el andamiaje para asegurar la continuidad. Los Ortega-Murillo están operando ese relevo de manera similar, con Daniel soltando formalmente pero asesorando internamente, en particular apoyando al partido para restaurar la moral”, analizó Orozco para DIVERGENTES.
Ortega justificó la “copresidencia” de Murillo bajo el principio constitucional de igualdad de género, conocido como 50-50. Es decir, que los cargos de elección popular y públicos deben ser ocupados por el mismo porcentaje de hombres y mujeres. Un argumento que ya había sido invocado por el mandatario para justificar el creciente poder de su esposa en el gobierno y el partido, sobre todo ante los cuadros sandinistas históricos que hacen tímido contrapeso a la vicepresidenta.
“Aquí tenemos dos presidentes, porque respetamos el principio de 50-50, o sea, aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario. Todos los días se está comunicando con nuestro pueblo dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses, sin hacer diferencias políticas, sin hacer diferencias ideológicas, allí van las obras multiplicándose todos los días en nuestro país”, dijo Ortega este 25 de octubre durante la entrega de buses rusos a cooperativas de transporte aliadas al régimen sandinista.
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La Constitución Política de Nicaragua, incluso la reformada por el mismo Ortega en 2014 para reelegirse indefinidamente, no establece una “copresidencia”. En su artículo 144, el máximo texto legal del país no contempla una presidencia compartida.
Sin embargo, la socióloga y feminista María Teresa Blandón, asegura que Murillo es copresidenta de facto “incluso mucho antes de que la hayan colocado en la vicepresidencia”. “Esto deja en evidencia una clara violación a la Constitución Política. Lo hacen sin ningún límite porque ellos se saben dueños y señores del Estado”, criticó.
Ortega viene “forzando” la reelección, su autoritarismo y su régimen familiar desde su regreso a la presidencia en 2007. Para el exdiputado y analista político Eliseo Núñez, el nombramiento de facto de Murillo acelera el traspaso de autoridad formal, luego de las elecciones sin competencia. Pero además constituye un mensaje para la base política del sandinismo, mermada por el mal manejo de la pandemia y la represión sostenida, según la última encuesta de CID Gallup.
“El anuncio de la copresidenta representa una señal hacia la base leal del sandinismo. Es un preaviso a la disidencia existente fuera del círculo de poder, a aquellos dentro de las bases militares, militantes históricos, funcionarios del gobierno, e incluso el electorado sandinista que miran con recelo una forma diferente de hacer política y un proceso de renegociar sus lealtades”, dijo Manuel Orozco por su parte.
La sucesión de Murillo siempre ha causado escozor entre la vieja militancia. Por ejemplo, hace dos años el comandante “Cero”, Edén Pastora, se atrevió a soñar con la “sucesión y muerte segura” de Ortega. “Yo recomendaría a nuestro Comandante Daniel estructurar ese gran partido científico, y que sea él quien nos diga cuál va a ser el próximo candidato, nuestro próximo dirigente”, expresó durante un programa televisivo con el propagandista Moisés Absalón Pastora en el estatal Canal 6.
“Implicaciones catastróficas”
Dejar a Murillo legalmente al frente del Ejecutivo sería “catastrófico”, tanto para el país como para el partido sandinista, según Orozco. Primero, a nivel local “la política se tornará más conflictiva y tensa”, ya que actualmente existe lealtad a la figura de Ortega. “El apoyo del círculo de poder y otros sectores disminuirá o podría darse con más reticencia”, dijo.
La represión aumentaría con las turbas manejadas únicamente por Murillo, cuyo estilo es mantener “control de una militancia violenta en coordinación con sus campañas de desinformación”. En otro aspecto, el mecanismo tradicional clientelista de Ortega “cambiará por un autoritarismo del miedo en un 2022 lleno de incertidumbre sobre la economía, y la polarización del país en medio de represión”.
Por consiguiente, Orozco no descarta que uno de los resultados sea el “debilitamiento más rápido del monopolio de la fuerza de los Ortega-Murillo”. “Las tensiones internas como la desesperación de la población llega a mayores extremos”, señaló el analista del Diálogo Interamericano.
Murillo ha sido sancionada en tres ocasiones y señalada por la comunidad internacional por cometer graves violaciones a los derechos humanos, de ser responsable del desmantelamiento de las instituciones democráticas y de actos de corrupción. Todo ello se ha conjugado para “entorpecer su sueño presidencial”, insisten las fuentes sandinistas.
En el plano internacional, Orozco augura mayor presión. “Se intensificará, ya que la complicidad de Murillo en las órdenes de ataques a manifestantes es conocida internacionalmente, a parte de estar a cargo de un gobierno ilegítimo”, apuntó.
El anuncio de la copresidencia de Murillo adquiere relevancia por el contexto actual que ubica a Nicaragua de cara a un proceso electoral sin competencia. Según Latinobarómetro, los comicios “se tratan del uso del mecanismo electoral por un dictador para vestirse de legitimidad”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la elección sin competencia “podrá calificarse como nuevos crímenes de lesa humanidad”.