El último estudio presentado por la organización chilena Latinobarómetro cataloga a Nicaragua como una “suerte de sultanato familiar” y define el uso de las próximas elecciones generales como una estrategia hecha “por un dictador para vestirse de legitimidad”.
El estudio de opinión pública confirma que los gobiernos latinoamericanos que venían en declive junto con sus democracias desde inicios de la década de 2010, llegaron a fines de 2018 al annus horribilis con la caída de Nicaragua y Venezuela, desde su condición de democracias para entrar en la categoría de autocracias y dictaduras.
El estudio se aplicó cara a cara en 17 países entre el 26 de octubre y el 15 de diciembre de 2020. En Nicaragua la muestra es de mil ciudadanos de 18 años a más. Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20 mil entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes.
En el caso específico de Nicaragua exponen que la dictadura somocista entre 1937 y 1979 tiranizó al país hasta el 19 de julio de 1979, cuando fue derrocada por la revolución sandinista que se quedó en el poder. Como describe Sergio Ramírez en Adiós muchachos el proceso revolucionario se corrompió y hoy el régimen de Daniel Ortega es una suerte de “sultanato” formado por sus familiares, quienes controlan los centros de poder del Estado. Nicaragua pasa de la dictadura de derecha con Somoza a una dictadura de izquierda de quien lo derroca, con un breve período democrático entre ambos.
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El “sultanato” de los Ortega comenzó a construirse en 2017, cuando nombró vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo. El estudio afirma que Ortega en su cuarta y última elección, en 2017, ya tenía dudosa legitimidad. “La elección fue definitivamente la farsa de una dictadura familiar”.
El informe alerta que Ortega lleva más de 30 años en el poder, “y es el gobernante latinoamericano que más tiempo ha permanecido como presidente”. Varias generaciones nicaragüenses no conocen a otro presidente de su país.
“El caso de Nicaragua donde Ortega ha gobernado en total tres décadas, el de El Salvador, donde Bukele pasa por encima de la democracia cuando esta no le sirve, además del de Venezuela, reflejan que es la élite de cada país la que pone en jaque a la democracia y no los ciudadanos, que son meros espectadores de estas arbitrariedades”.
En el país se observa un alto apoyo a la democracia en el período más democrático de fines de los años noventa, en 1998 (72%) después del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y durante el gobierno de Arnoldo Alemán. En este último período presidencial de Daniel Ortega es donde se ha registrado un deterioro mayor, llegando al 40% en 2017 cuando empieza este mandato actual. “¿Lo que el pueblo nicaragüense no apoya es la democracia a la “Ortega” más que la democracia en sí misma? Los datos permiten formular esa hipótesis”, concluye el análisis.
El informe amplía sobre la situación de Nicaragua explicando que desde la elecciones de 2016, Daniel Ortega fue forzando las reglas de reelección del país, ocasionando la caída de los indicadores y estos muestran cómo se comienza a profundizar el autoritarismo que desemboca en una dictadura.
En términos generales, el problema que presentan estos casos es que es más difusa la definición del momento que termina de ser una democracia y pasa a ser una autocracia. Cuántas y cuáles transgresiones se requieren para que la comunidad internacional la declare como tal. “El caso de Nicaragua ilustra bien este dilema, porque se requirió que Ortega apresara a los candidatos a presidente para que la comunidad internacional lo declarara autoritario”.
La respuesta del gobierno nicaragüense ha sido mantener los juicios políticos contra 37 opositores que han sido encarcelados desde inicios de junio, siete de ellos son precandidatos presidenciales.
El panorama de las próximas elecciones
“Nicaragua pasa con ello a ser un “sultanato” más que una democracia. El país dejó de ser democracia y en esta seudo elección se está comportando como una dictadura al apresar a los candidatos opositores”, afirma la organización. Los hechos impiden del todo llamar las elecciones de noviembre “una elección”; se trata, más bien, del uso del mecanismo electoral, por un dictador, para vestirse de legitimidad.
El documento explica que los latinoamericanos no “eligen” el autoritarismo como opción de gobierno sino en una pequeña minoría, lo que indica que cualquier opción autoritaria no contará con aplausos. “Los latinoamericanos quieren “votar” a sus gobernantes, por eso Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela se ven obligados a hacerlas, aunque sean una farsa”.
Los países de América Central muestran la mayor fragilidad en distintas dimensiones, con indicadores más altos de actitudes autoritarias y de descontento con el funcionamiento de la democracia. La combinación de ambos factores produce los quiebres democráticos o populistas. Estos se advertían en Nicaragua ya desde 2017 y se comienzan a observar en El Salvador a partir de la administración de Bukele (2019).
Las instituciones electorales han sido muy importantes en las transiciones dando garantías de transparencia y seguridad al voto en las elecciones. Estas son un termómetro de la validez de las elecciones en cada país, y las elecciones son un pilar al cual se aferran demócratas y dictadores para poder tener el apodo “democracia”. Algunos académicos incluso han acuñado el término “democracias electorales” como indicador de lo crucial que resulta esta característica para la categoría de “democracia”. Sin embargo, Nicaragua obtuvo un 27%, uno de los porcentajes más bajos de la región.
El informe también hace énfasis en la importancia del voto en la democracia. “Es su característica latinoamericana por excelencia. Votar y protestar es válido para uno de cada tres habitantes de la región”. Paraguay es el país con la mayor disposición a hacerlo (65%), y Nicaragua con la menor (11%), esto como clara evidencia de que es un país en una dictadura donde no se puede protestar ni votar.
Nicaragua es uno de los países que tienen grandes clivajes sociales y políticos que ahuyentan la libertad de expresión. Un 67% de los nicaragüenses dice que no suele expresar sus opiniones sobre los problemas del país, “lo que es comprensible porque la dictadura arresta a los disidentes”, señala el estudio.
Otros indicadores
Todos los países de la región quieren ser llamados “democracias”, inclusive aquellos que no lo son: Nicaragua y Venezuela. “La pandemia no logra derrumbar la demanda de democracia, son las élites (que gobiernan) quienes lo hacen”, afirma el informe.
Al contrario de lo que creían muchos analistas, lo que se ha despejado en la agenda política latinoamericana, es que cada día se ven más lejanos los gobiernos militares. “¿Para qué tener gobiernos militares cuando se puede ser dictador sin usarlos? Los autócratas han aumentado en el mundo desde que pueden ser electos. En América Latina, Maduro y Ortega llegaron a las dictaduras por las urnas. Son civiles que han constituido dictaduras sin las armas, sino por la vía electoral”.
Sin embargo, en 2020, la mayor confianza en las Fuerzas Armadas se registra en El Salvador con un 65%, seguida de Uruguay con un 59%. Las dictaduras de la región se sitúan en los últimos dos lugares: Venezuela (20%) y Nicaragua (30%). Esto reafirma el porcentaje de latinoamericanos (62%) que planteaban que no volverían a llamar a los militares al poder “en ninguna circunstancia”. “Ello para los que quieren rápidamente “leer” que la confianza en las FFAA es un apoyo a su liderazgo político en un eventual gobierno militar”, apunta el documento.
En gobiernos populistas como El Salvador, el 50% opina que se gobierna para la mayoría, y en gobiernos autoritarios como Nicaragua (39%), lo que equivaldría al apoyo a la dictadura.
Al observar la queja de que se “gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”, queda claro que el clamor de la región es casi unánime: hay solo tres países donde es menos de 60% (Uruguay, Nicaragua y El Salvador) y en seis países es superior al 80%.
Costa Rica, Uruguay y Nicaragua son los únicos países donde se percibe menores grados de injusticia en salud, educación y justicia.
Curiosamente, en países donde se observa más aprobación de gobierno, como El Salvador, aparece este siendo percibido con el menor poder en la región (32%), mientras que es muy alto, como es de esperar, en las dictaduras de Venezuela (90%) y Nicaragua (71%).
Los países de la región donde las grandes empresas son percibidas con más poder son Perú (55%), El Salvador (49%) y Chile (48%). En contraste, Nicaragua y Venezuela son los dos países donde las grandes empresas son percibidas con menor poder: 19% y 21%, respectivamente.
“En una democracia plena con Estados poderosos, el poder empresarial se tiene que regir por las mismas reglas sometido a los mismos castigos por transgredirla. No es lo que sucede en la región”, agrega el estudio.
En cuanto a los medios de comunicación, el país donde son percibidos con más poder es en Argentina con un 27%, mientras que Nicaragua se ubica con un 2%, uno de los más bajos de la región junto a República Dominicana.