La invasión ilegal y a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 provocó una condena internacional. A fin de intentar frenar esa invasión, la comunidad internacional ha implementado una serie de sanciones enfocadas en presionar al Kremlin a detener su agresión. Hasta ahora, el consenso es que esas sanciones no han sido lo suficientemente fuertes, lo que ha venido cambiando con la aprobación de nuevas medidas por parte de Estados Unidos y el G7. Estas incluyen, entre otras acciones, el congelamiento de activos rusos en el extranjero, el aislamiento de su economía del sistema financiero global y la imposición de restricciones a sus exportaciones de energía.
Recientemente, Estados Unidos ha intensificado sus sanciones contra Rusia, enfocándose en limitar la capacidad económica del Kremlin de sostener por largo plazo la guerra de agresión a Ucrania. El nuevo paquete de sanciones incluye fuertes restricciones al sistema bancario global que negocie con entidades sancionadas. Esta ampliación del programa de sanciones, aprobado en diciembre del año pasado, tiene como objetivo impedir que los bancos extranjeros faciliten el esfuerzo bélico ruso en Ucrania. Una de las medidas más significativas es la imposición de sanciones a la Bolsa de Valores de Moscú, lo que ha resultado en la suspensión de operaciones en dólares y euros. Lo relevante de estas acciones es que finalmente están golpeando de forma significativa a la economía rusa.
Las sanciones también afectan el uso de tecnología en Rusia, incluyendo chips y software. Recientemente se conoció que existen chips de origen estadounidense en drones rusos. Es altamente probable que esa tecnología haya llegado a Rusia por medio de empresas fantasmas chinas. De ahí la decisión de limitar los servicios de software y tecnología de la información (TI) para las entidades sancionadas. Las sanciones excluyen servicios de telecomunicaciones de uso civil o tecnología para organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, las sanciones previas, impuestas por Estados Unidos en 2023, ya prohibían a los bancos que utilizan el sistema Swift negociar con cualquiera de las 1200 personas y empresas vinculadas al esfuerzo bélico ruso. Estas medidas se han ampliado ahora a unas 4500 entidades, y también se incluye la represión del blanqueo de oro.
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A principios de junio, los presidentes Emmanuel Macron de Francia y Joe Biden de Estados Unidos acordaron destinar los activos rusos congelados a la reconstrucción de Ucrania, comprometiéndose a apoyar los esfuerzos para transferirlos dentro del G7 y la Unión Europea, sumando alrededor de 50 mil millones de dólares. Este congelamiento de activos es aún incompleto pues sólo se refiere a los intereses generados por los activos rusos en el extranjero, pero es un paso en la dirección correcta.
Las nuevas sanciones, siguiendo el ejemplo de los líderes del G7 reunidos esta semana, afectan a más de 300 personas y entidades que apoyan la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania. Este tipo de liderazgo del mundo libre es crucial frente al agresivo colonialismo ruso en Ucrania. Como parte de estas sanciones, Estados Unidos ha cerrado el comercio de dólares y euros en el principal mercado financiero de Rusia, la Bolsa de Moscú.
El impacto de estas sanciones fue evidente este miércoles en varias ciudades rusas. En San Petersburgo, por ejemplo, se formaron largas filas en las casas de cambio tras la noticia sobre las nuevas sanciones que provocaron la suspensión del comercio de divisas en la Bolsa de Moscú. Ayer, el cambio del dólar en relación con el rublo era de $1 USD = ₽91 RUB, pero el valor del rublo colapsa después de la emisión de estas sanciones. Instituciones financieras como Raiffeisen Bank han implementado restricciones similares a un “corralito”, limitando el retiro de dólares, euros y yuanes chinos.
Aunque estas sanciones representan un paso significativo, la comunidad internacional puede y debe hacer más. Los datos disponibles, aunque incompletos, indican que Rusia aún tiene capacidad para financiar su agresión por un largo tiempo. Vladimir Putin apuesta a que el considerable tamaño de la población rusa, que es de más de 145 millones de personas, sea el factor determinante frente a un país como Ucrania, de poco más de 36 millones de habitantes. De ahí la urgencia de sanciones que logren frenar una guerra que, si bien ha sido resistida por Ucrania con una capacidad impresionante, tendría consecuencias aún más graves de extenderse en el tiempo.
No hay forma de estimar con exactitud el impacto de las sanciones más recientes en la economía rusa. Desde la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, el Banco Central de Rusia y Rosstat, la agencia oficial de estadísticas, han dejado de publicar datos sobre comercio e inversión. Muchos cuestionan la fiabilidad de los datos disponibles. Los bancos de inversión han reducido sus esfuerzos de investigación y las organizaciones multilaterales han retirado a sus economistas del país. No obstante, el Fondo Monetario Internacional predice que Rusia registrará un crecimiento económico del 3.2% este año.
Las sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia deben ser un esfuerzo continuo para frenar la agresión del Kremlin y apoyar a Ucrania. Aunque los efectos en la economía rusa ya son evidentes, el desafío a largo plazo es mantener la presión y buscar soluciones más efectivas para terminar con esa guerra.
La victoria de Ucrania y la detención de la invasión ilegal de Rusia son esenciales para todas las democracias del mundo, ya que representan la defensa de la soberanía nacional, el respeto al derecho internacional y el rechazo a la agresión autoritaria. Si Rusia se sale con la suya, enviaría un peligroso mensaje al mundo de que las agresiones ilegales y la violación de fronteras soberanas pueden quedar impunes, socavando la estabilidad global y los principios fundamentales de la democracia.
ESCRIBE
Félix Maradiaga
Presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Es académico, emprendedor social y defensor de derechos humanos nicaragüense. En el año 2021 fue candidato presidencial en las primarias de la oposición por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Por ser una de las voces más críticas contra el régimen de Ortega, fue arbitrariamente encarcelado por más de veinte meses.