El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución estatal de Costa Rica encargada de la protección de menores, confirmó a DIVERGENTES que activó la coordinación con autoridades nicaragüenses para evaluar a la familia materna de las dos niñas de cuatro años, de la joven nicaragüense Junieysis Merlo Espinoza, asesinada en ese país y determinar la custodia final de las menores.
“El PANI ya estableció la coordinación con su homólogo MiFamilia (Ministerio de la Familia en Nicaragua) con el fin de apoyar y priorizar la valoración de recursos familiares maternos”, confirmó la institución costarricense.
La confirmación coincide con información recibida por la familia de la víctima en Nicaragua. Maryuris Merlo, hermana de la joven, relató a DIVERGENTES que autoridades departamentales y de la sede central del Ministerio de la Familia llegaron a su vivienda la tarde de este lunes 13 de abril para notificar el inicio de estas gestiones.
“No hemos podido saber nada de las niñas, pero ahorita recibimos la noticia que ya comenzaron las coordinaciones con el PANI de Costa Rica y nos vino la visita del Ministerio de Familia. Mi mamá no conoce a sus nietas y su mayor sueño es que se la den a ella para criarlas”, dijo la hermana de la joven tiktoker asesinada en Costa Rica.
Niñas bajo custodia del PANI
Mientras avanza este proceso, las niñas permanecen bajo resguardo estatal por parte de la institución costarricense. “Las niñas están bajo protección del Estado con una medida de abrigo temporal y en una alternativa institucional”, indicó por el PANI, cuya entidad asumió su custodia inmediata tras el crimen.
La disputa por la custodia de estas niñas surge tras el femicidio de la joven de 29 años, cuyo cuerpo fue hallado el 9 de abril de 2026 en una fosa dentro de la vivienda donde residía en San José. Su desaparición fue denunciada el 2 de abril, luego de ser vista por última vez el 31 de marzo. El principal sospechoso es su pareja y padre de sus hijas, Gustavo Ramírez, de 57 años, quien permanece en prisión preventiva mientras el caso es investigado como femicidio por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El crimen derivó en un conflicto entre familiares en Costa Rica y Nicaragua por la custodia de las niñas. Sin embargo, la intervención del PANI traslada la decisión a un proceso técnico que ya está en desarrollo.
Evaluación integral del entorno familiar
El PANI explicó que el caso ya se encuentra en una fase formal de análisis institucional y que la oficina local del PANI en Santa Ana, Costa Rica, activó el “Modelo de Procesos Atencionales” que implica la evaluación de las condiciones familiares en ambos países.
“En este sentido, entra la cooperación y coordinación entre Costa Rica y Nicaragua para la valoración de familias y los estudios psicosociales”, indicó la institución.
Aunque el protocolo establece que se debe priorizar la valoración de la familia materna, el PANI precisó que este criterio forma parte del proceso, pero no define por sí solo el resultado final.
Las valoraciones en curso incluyen múltiples factores. El PANI explicó que “el equipo psicosocial y legal lleva a cabo todas las diligencias y valoraciones con el fin de determinar de los recursos familiares existentes, cuáles reúnen las condiciones psicosociales, competencias parentales y económicas para garantizar su cuido y atención integral”.
Este análisis incorpora tanto a familiares en Costa Rica como en Nicaragua. Además, la institución confirmó que “hay otra persona menor de edad, hermano de las niñas, que está en Nicaragua y que también debe ser considerada en las valoraciones”.
Durante el tiempo que conlleva este proceso, las menores permanecerán bajo protección de la entidad costarricense. “Ellas van a permanecer en la alternativa de protección con todas sus necesidades psicosociales y básicas cubiertas”, indicó el PANI.
Interés superior de las niñas como criterio central
Desde el ámbito legal, la especialista costarricense en derecho de familia, Emilia Williams, explicó a DIVERGENTES que este tipo de casos no se resuelve únicamente por vínculos familiares, sino por una evaluación más amplia del bienestar de las menores.
“En los casos internacionales de custodia de menores entre Costa Rica y Nicaragua, especialmente en contextos complejos como un presunto femicidio y con familiares interesados en ambos países, el factor legal determinante es el interés superior del menor”, señala.
La experta indica que ninguna familia tiene prioridad automática en la decisión. “Este principio […] exige una evaluación integral del bienestar físico, emocional, psicológico y social del menor, por encima de cualquier criterio automático como la preferencia por el núcleo materno o la nacionalidad de los familiares”, añade.
Manutención y obligaciones legales
El análisis del caso también incorpora la dimensión económica del cuido de las niñas, en un escenario donde el padre se encuentra en prisión preventiva y la custodia podría recaer en familiares fuera de Costa Rica. En estos casos, la legislación no suspende automáticamente las responsabilidades parentales, sino que activa mecanismos para garantizar que las menores cuenten con recursos para su desarrollo.
La especialista explica que, aun cuando el progenitor no tenga control directo sobre sus ingresos por su situación judicial, el sistema legal permite identificar y utilizar activos disponibles para cubrir la manutención. Esto incluye la posibilidad de iniciar procesos para fijar pensión alimentaria y ejecutar medidas sobre bienes, cuentas o cualquier otra fuente económica que pueda ser legalmente afectada.
Además, cuando la custodia se define en un contexto internacional, la obligación alimentaria no desaparece, sino que requiere coordinación entre autoridades judiciales de ambos países. En este tipo de casos, las instituciones de protección, como el PANI, pueden intervenir para promover acciones legales que aseguren el cumplimiento de la manutención, incluso si las niñas se encuentran fuera del territorio costarricense.
Williams explica que esta obligación puede ejecutarse mediante procesos judiciales. “El tribunal valorará la capacidad real del padre para contribuir económicamente, considerando si posee ingresos, bienes embargables u otras fuentes de recursos que puedan ser afectadas para cumplir con la manutención”, señala.
Sin decisión final sobre la custodia
El PANI reiteró que el proceso aún no concluye. “Las niñas se mantendrán en protección, hasta que la fase de estudios concluya, con el fin de obtener una resolución administrativa que más convenga al interés superior de ambas niñas”.
La decisión final dependerá de los resultados de las valoraciones en curso y será adoptada en sede judicial, tras considerar los informes técnicos y las condiciones de cada entorno familiar.
Mientras el proceso penal por el femicidio de la joven Junieysis sigue su curso en Costa Rica, el futuro de las niñas se define en medio de estas evaluaciones que toman tiempo. En Nicaragua, sus abuelos maternos enfrentan la pérdida de su hija y esperan poder asumir el cuidado de las niñas que dejó.