En un clima de hostilidad política, de popularidad del liderazgo personalista del presidente Rodrigo Chaves y de incertidumbre entre las fuerzas opositoras, Costa Rica entró desde esta semana a una contienda electoral que pondrá a prueba la solvencia de la democracia más regular de Centroamérica para responder a problemas complejos que comprometen la imagen del “buen vivir” costarricense. En el contexto de fondo está el aumento de las desigualdades sociales en este siglo y la crecida del narcotráfico que provoca la mayor ola de violencia y que alimenta las tentaciones por soluciones de mano dura influencias por el “efecto Bukele”. En las noticias de cada día lo que prima es la foto de Chaves y sus acciones para hacer que su obra vaya más allá del 8 de mayo.
Las elecciones del primero de febrero que viene para designar al nuevo poder Ejecutivo y a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa, o la posibilidad de ir de nuevo a un balotaje en abril, aparecen en el horizonte de una contienda que, como nunca antes, pone contra las cuerdas a los partidos políticos frente a la capacidad de influencia del presidente Chaves, quien no cesa de llamar a la necesidad de “continuar la tarea”. Esto significa ampliar el poder “chavista” caracterizado por una lucha constante contra las estructuras de poder históricas, sean instituciones estatales, partidos, gremios o medios de comunicación, y la consolidación de un discurso que reclama ser “la voz del pueblo” que, según él, ahora sí está despierto y reclama el poder legítimo.
El problema del “chavismo” (concepto que no agrada al oficialismo por recordar al Hugo Chávez que instauró la dictadura venezolana) es que el Presidente no compite en las elecciones, al menos no formalmente. Aunque en la encuesta más reciente de la Universidad de Costa Rica (UCR) un 7% indicó que votará por él, eso es imposible porque en Costa Rica está prohibida la reelección inmediata. El apoyo popular que le acredita ese estudio de opinión pública, de 52%, queda como un lingote denso y valioso que, sin embargo, no tiene garantía de entrada en la delgada ranura de las urnas electorales.
La candidata presidencial oficialista, una exministra reconocida por su lealtad a Chaves llamada Laura Fernández, captaba en septiembre un apoyo equivalente sólo a un tercio del caudal del mandatario. Pese a ello, parte con ventaja dentro de una veintena de aspirantes que intentan recoger el voto de un considerable sector de ciudadanos molestos, escépticos o asustados con el “chavismo”. Entre los candidatos están el predicador evangélico Fabricio Alvarado, protagonista en el 2018 al ganar la primera ronda presidencial, aunque luego perdió contra Carlos Alvarado, cuya esposa, Claudia Dobles, ahora es aspirante presidencial.
También compite un candidato de nueva camada en el tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, quien presidió la Caja de Seguro Social en los primeros meses del cuatrienio actual, hasta que Chaves lo destituyó. También el exministro de Transportes Luis Amador, convertido en enemigo de Chaves y otra exministra de esta administración, Natalia Díaz, con posiciones ambiguas, así como un diputado de la bancada de izquierda, Ariel Robles, notable opositor del gobierno actual. Además, otros nombres poco conocidos a bordo de partidos menores que cruzan los dedos para poder posicionarse mejor conforme avance la campaña.
Con mayor o menor fuerza, todos intentan ofrecer una alternativa ante el discurso populista y autoritario del economista ‘outsider’ que llegó al poder en 2022 con la promesa de acabar la corrupción, pero que ahora ataca al Poder Judicial por las decenas de investigaciones penales que dirige en contra de él y de figuras que fueron parte de su gabinete antes de presentarse a la campaña como candidatos para la Asamblea Legislativa. Laura Fernández intenta emular ese discurso confrontativo de su líder y, por si las dudas, ya ofreció nombrarlo en un cargo clave del gabinete, en caso de ganar las elecciones.
Pero la candidata oficialista no logra aún igualar a Chaves y es este el encargado de llevar la voz cantante contra las instituciones que considera adversarias a su movimiento, contra los oponentes políticos y contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la respetada institución local que ya emitido varias advertencias al mandatario para que se abstenga de meter sus manos en la contienda y que cumpla con la obligación de suspender la propaganda gubernamental.
¿“Mordaza”?
Chaves dice ser víctima de una “mordaza” y acusa al Tribunal de parcialidad, aunque sin usar aún los calificativos destemplados que ha dedicado a autoridades judiciales, a políticos opositores, a dirigentes sindicales, a representantes de universidades estatales, a la prensa crítica y a empresarios cuando no se ajustan a su línea. Para él la institucionalidad es sólo un concepto instrumentalizado por la “casta”, dice. Hace pocas semanas, al inaugurar una nueva escuela, lanzó un símil con la política: “hay cosas que hay que botar para reconstruir. Yo tengo unas ideas para dentro de poquito tiempo. Y no son de cemento… Es mejor botar y hacer nuevo en lugar de estar reparando. Aquí Costa Rica lo va a ver”.
Otros discursos son más directos, como cuando llama a sus adversarios “corruptos”, “filibusteros”, “asqueroso”, “cobarde”, “antipatriota” y así tantos, si no es que en cámaras los remeda con sorna o los culpa de problemas vigentes o de malas intenciones. Por eso no quedaba mucho espacio de duda sobre quién podía ser el aludido cuando la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, pedía dejar de lado los exabruptos en la discusión electoral. “Podemos malgastar este valioso tiempo en insultar a los rivales, caricaturizar sus ideas, repetir -sin reflexionar- unos pocos eslóganes y avivar las llamas de la ira y el miedo mutuos. O podemos invertir estos cuatro meses en poner sobre la mesa, con franqueza y rigor, los problemas nacionales y los desafíos que enfrentamos como sociedad”, leyó la magistrada en la sesión solemne de convocatoria a elecciones, a pocos metros del mandatario que escuchaba sin posibilidad de discurso in situ.
“La convivencia en democracia exige actitudes maduras proclives a los acuerdos, pues los berrinches airados -por no poder imponer la propia voluntad- son estériles y corrosivos de la hermandad entre nosotros”, subrayaba Zamora, quien ha recibido directamente los cuestionamientos de Chaves en meses recientes, apenas empezaron a emitirse las advertencias de observancia de las normas de no intervención en la elección de su sucesor, de las dos vicepresidencias y de las 57 diputaciones para el período 2026-2030. El oficialismo apuesta por llevar a la Asamblea Legislativa una mayoría que le permita reformar al Poder Judicial, ajustar el Estado para dar más poder al Ejecutivo (tal como lo recomendó Nayib Bukele en una visita que hizo a finales del 2024) y modificar la Constitución Política para eliminar cosas como la inversión mínima en educación (8% del PIB) y agregar otras, como la reelección inmediata que no ha podido tener Chaves en esta ocasión.
“Son sesenta personas que, como no puede ser de otra forma en democracia, ejercerán temporalmente un cargo, sujetos al imperio de la ley y a lo que resuelvan los tribunales de justicia de la república. Ese es nuestro pacto de convivencia”, añadía el miércoles la magistrada con palabras que en otros momentos hubieran parecido demasiado obvias. Esta vez fue reiterado al clamar por actitudes pacíficas: “no la valentía impostada, teatral, del grito, de la injuria, de los golpes de pecho y de la agresión verbal, sino el valor, el enorme valor que se necesita para apreciar verdad y razones en los otros, para reconocer los errores propios.
El factor crimen organizado en la contienda
El llamado electoral llega en el momento de mayor preocupación nacional por la incidencia de las organizaciones criminales del narcotráfico, con asesinatos que ocurren a un ritmo de uno cada 10 horas, algunos a plena luz del día y sin que importe la presencia de testigos, niños o abuelas.
La cifra de víctimas letales ajenas a los conflictos entre bandas también llega a máximos, pero el gobierno de Chaves no asume responsabilidad alguna y más bien culpa al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa por no endurecer las leyes. Especialistas y opositores han cuestionado decisiones de esta Administración que, señalan, han facilitado el trasiego de drogas y han reducido la labor social preventiva, lo que empuja a cientos de muchachos vulnerables a entrar a los grupos criminales.
Al inicios de su gobierno Chaves pedía que se le calificara con cifras del segundo año, después minimizaba diciendo que sólo los criminales “se matan entre ellos” y luego admitía la crisis, pero apuntando el dedo contra los otros poderes del Estado. Su proyecto bandera ha sido colocar escáneres antidrogas en puertos con apoyo de Estados Unidos (“nuestro poderoso aliado”, describe ufanándose de su relación con el gobierno de Trump), pero el efecto en la seguridad interna ha sido incierto y no hay cifras que muestran una reducción en la circulación de drogas o de dinero de este negocio. El 45% de la población dice que la inseguridad es el principal problema del país y 70% cree que el Gobierno no tiene capacidad de solucionarlo.
El dinero del narcotráfico y la cultura de exaltación de los líderes criminales han ganado terreno, reconocen expertos. Sus posibles efectos sobre la reducción de la pobreza, sin embargo, los descartan las autoridades del Ejecutivo, que se felicita por haber logrado bajarla al 18%. Estudios independientes señalan que, al margen de ese indicador, otros miles de hogares viven con necesidades cuyos efectos se revelan con más claridad frente a la bonanza de otros. El país fue clasificado en julio por el Banco Mundial como una economía de ingreso alto, basado en el promedio per cápita.
Chaves exalta orgulloso esa medalla, así como los reconocimientos por los indicadores de la macroeconomía posteriores a la pandemia, pero sus críticos señalan una caída de la inversión social que se refleja en un deterioro de la sanidad pública y de la educación estatal, dos de los bastiones de éxito del moderno de bienestar que ha exhibido Costa Rica por décadas. El otro bastión es el de la democracia, pero Chaves ha dicho que aquí estuvo vigente una “dictadura” o una “tiranía” basada en instituciones cooptadas por las élites hasta que él llegó a abrir los ojos al pueblo, pero que se necesita prolongar esta “revolución” mediante las urnas en febrero del 2026. Por eso el lema de Laura Fernández: la continuidad.