Un acelerado proceso de envejecimiento vive Costa Rica al ver duplicada la porción de adultos mayores desde el año 2000 y registrar una caída de 32% en el peso de la población menor de 15 años dentro del total de los habitantes, una cifra que apenas supera los 5 millones. Este es el retrato actual costarricense que logra observarse con las nuevas cifras del Censo 2022, hecho público esta semana en medio de fuertes cuestionamientos del Gobierno por haberse logrado entrevistar solo al 61% de los hogares objetivo.
A pesar de los datos tardíos y parciales presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la información sobre la tendencia demográfica permite confirmar las proyecciones y advertencias sobre el fuerte cambio en la pirámide demográfica de Costa Rica, en la que el 69% corresponde a personas en edades de entre 15 y 64 años, el rango de población económicamente activa. “Esto puede ser favorable para el país”, señaló el INEC sobre la posibilidad de aprovechar la fuerza productiva, a pesar de que las encuestas de empleo más recientes indican que solo la mitad de ese grupo ocupa un puesto laboral.
Los motivos del envejecimiento pueden ser varios y alguno puede ser más bien un logro, como la reducción de embarazos de madres adolescentes: en lo que va del siglo XXI la caída supera el 70%, con menos de seis nacimientos por día. Después las razones abundan y pueden relacionarse con las tendencias laborales, cambios culturales que alivianan el mandato social por la maternidad o el menor peso de los preceptos religiosos. Además existe un entorno económico complicado o el deterioro de las condiciones de bienestar que hacen a muchas mujeres o parejas frenar la idea de tener hijos, pero el nuevo censo sólo presenta los datos y la sentencia es esa: más bordones y menos juguetes.
INEC es una institución autónoma y el Gobierno calificó como “fracaso” el nuevo censo por la escasa cobertura lograda en 2022, pero hay información valiosa que debe aprovecharse y nadie duda de esa tendencia demográfica. Se nota en las clínicas públicas que atienden más y más enfermedades crónicas de los mayores, en la oferta abundante de productos o servicios del mercado para los “ciudadanos de oro” y en la presión de los sistemas de pensiones. Además, en la reducción de las matrículas escolares o en otro dato que presenta el nuevo estudio: por cada vivienda hay un promedio 3.1 personas, una menos que cuando comenzó el siglo XXI. Hay municipios donde llega a 2.6, como Montes de Oca, cantón universitario situado al este del centro de San José.
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Se trata de familias cada vez más pequeñas y menos conectadas en espacios públicos, según numerosos estudios que han registrado los cambios en el modo de vivir, especialmente el de la clase media de las que se ufanaban los políticos durante décadas. Ahora se han estrechado y, ante el desgaste de la sanidad, educación o seguridad públicas, dedican a servicios privados más recursos de los que dedicaban sus padres treinta años atrás. “No sé cómo hacen para tener hijos”, dijo Luisa Azofeifa, una auxiliar de contabilidad de 31 años, durante una feria para encontrar empleo. Su mamá le pide nietos, pero ella y su hermano tienen claro que no traerán niños “a este mundo así como están las cosas”.
“Las cosas”, explica, son menoscabo de servicios públicos, escasas oportunidades laborales para trabajos tradicionales, costo de la vida, problemas de inseguridad. Son factores que hacen a muchos jóvenes, sobre todo los mejor preparados, pensar en ir a buscar vida en otros países. A esto se suma la fecundidad baja, de 1.3 hijos por mujer, según una medición reciente. De no ser por las madres inmigrantes, mayormente nicaragüenses, sería de 1.1, según el demógrafo Luis Rosero.
La caída en la población menor de edad ocurre en paralelo a una alta esperanza de vida (80 años), apunta el comunicado institucional del INEC, fuente de los informes sobre estimaciones laborales (tasa de desempleo de 10% y contracción de la fuerza laboral) o para la pobreza que golpea al 25% de la población, según un análisis del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
¿Desafío para la generación joven?
“Es un ecosistema lo que genera bienestar y ese ecosistema se nos desmoronó a través de los años (…) Estamos en un desafío histórico para que la generación joven viva y crezca en un país mejor”, decía el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, contestando a la pregunta de un periodista de la provincia costera Puntarenas sobre inversión educativa en las zonas desfavorecidas. Son algunas de esas regiones desaventajadas donde la población ha crecido más. El mejor ejemplo es Talamanca, cantón montañoso de la provincia Limón fronterizo con Panamá. Entre el 2011 y el 2022, este lugar de alta presencia indígena registró la mayor tasa de crecimiento entre los 82 cantones del país, con una tasa anual de 4.23%. Antes fue Garabito, un cantón de la provincia del Pacífico, Puntarenas, también con indicadores bajos en desarrollo social y con problemas complejos que manifiestan en una mayor cantidad de homicidios que en el centro de Costa Rica.
Esas zonas periféricas fue donde más apoyo relativo encontró el proyecto político de Chaves en las elecciones del 2022 basado en un discurso anti élites y la promesa de “hacer que Costa Rica vuelva a ser feliz”. Y son esas regiones, precisamente las que ganarán más representación en la Asamblea Legislativa, pues la repartición provincial de las 57 curules se revisa con base en los datos de cada censo. En esta oportunidad, las tres provincias que más espacio ocupan en el centro del país (San José, Cartago y Heredia, con cantones de más nivel educativo y oportunidades de empleo) perderían tres escaños frente a las provincias con más costa, frontera y zona rural, según los cálculos publicados por el diario La Nación sobre las nuevas cifras de población. Esas tres curules representan el 5% dentro de la cámara legislativa.
Del Censo 2022 queda pendiente un alto volumen de información sobre cómo las tendencias socioeconómicas y la pandemia alteraron el modo de vida de los habitantes, tanto costarricenses como inmigrantes (más del 10%, según estimaciones oficiales, aunque Chaves insiste en que son 20%). “No es el resultado que queríamos; pero es el resultado que tenemos y que le va a servir al país para tomar decisiones”, dijo la coordinadora general del Censo, Elizabeth Solano, sobre la escasa cobertura del proyecto.
La última vez que se realizó fue en 2011 y alcanzó al 94% de los hogares, pero en esta ocasión hubo incertidumbre presupuestaria producto de políticas de austeridad que el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) aplicó para frenar la crisis fiscal agravada por la pandemia. También hubo contratiempos logísticos por el clima, el distanciamiento aún remanente de las medidas pandémicas, razones de seguridad y llamados de grupos que pedían no dar información personal al Estado, además de dificultades de acceso a muchos complejos residenciales donde suelen vivir los que tienen mejores condiciones.