A mediados de septiembre, la Ciudadana 1 fue interrogada por un miembro de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del Frente Sandinista en una de las calles de un barrio del Distrito 4 de Managua. La Ciudadana 1 es una reconocida líder de una iglesia evangélica de la zona, a la cual le entregaron, “sin que lo hubiera pedido”, el carnet de militante sandinista a finales de 2018, el año que comenzó la crisis política en el país.
—¿Usted es sandinista, hermana?—le preguntó el operador sandinista, con unos papeles en las manos en los que llevaba un formulario.
—No—le contestó ella. —Mi familia siempre ha apoyado al Partido Camino Cristiano—le dijo para acabar la conversación
—¿Va a votar por el Frente?
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—No, yo siempre he apoyado al Partido Cristiano.
—Entonces es opositora—le contestó el hombre en un tono fuerte, y agregó: —yo no sé por qué le dieron el carnet de militante.
La Ciudadana 1, que habló con DIVERGENTES en condición de anonimato, dijo que el operador tenía anotado a los miembros de su familia, y que sabía cuántos de ellos eran sandinistas y cuántos eran opositores. Esto es parte de una estrategia que los CPC han comenzando a realizar a partir de septiembre en los barrios para intentar controlar los votos de los próximos comicios del seis de noviembre que ha organizado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para reelegirse.
Luego de descabezar a la oposición, encarcelando a 37 líderes políticos, entre ellos al menos siete aspirantes presidenciales y quitar la personería a tres partidos políticos, el régimen Ortega Murillo ha despejado el camino para permanecer en el poder. En medio de que existe una extraña campaña electoral que inició oficialmente el sábado 25 de septiembre, con partidos que simulan ser competencia de los caudillos sandinistas, en la que ha reducido al mínimo las actividades políticas, entre ellas convocatorias masivas y prolongadas, la estrategia del partido de gobierno parece apuntar sus ojos y orejas en los barrios: los CPC.
CPC intimidan en los barrios
Los CPC son organismos partidarios que funcionan al margen del Estado pero que representan el poder en cada territorio: extienden recomendaciones, avalan a los beneficiarios de programas clientelistas del partido de gobierno y desarrollan labores de gestión o intermediación entre las diferentes instituciones del Estado. No tener el aval sandinista o el carnet de militante, como se lo dieron a la líder evangélica, excluye a las familias de obtener “beneficios” y derechos de gestiones básicas en las instituciones públicas, que están sujetas a las órdenes de los sandinistas. Además, se ha denunciado que los CPC realizan labores de vigilancia en los barrios; reclutan y organizan fuerzas de choques.
Por lo tanto, un especialista en temas electorales consultado por DIVERGENTES considera que los CPC representan “un factor de intimidación sobre los desafectos al poder” y “presión sobre aquellos que tienen algún pariente trabajando en el Estado y que han sido beneficiados por algún programa de gobierno”.
La Ley Electoral establece en el Art. 62 Cap. I, que los partidos políticos tienen derecho de hacer proselitismo, y el Art. 86 indica que pueden realizar actividades para obtener los votos de los ciudadanos en cualquier lugar en que se concentre la ciudadanía con derecho al voto. Sin embargo, el experto dijo que estos preceptos se cumplen en países donde rige un Estado de Derecho y las elecciones gozan de todas las garantías y condiciones para realizarse en un ambiente de libertad y sin exclusiones. “En Nicaragua las condiciones o garantías para el ejercicio de derechos, y para elegir y ser electo están presentes para unos pero negadas a otros”, dijo el experto.
Ley Electoral establece penas
El formulario que llenan los operadores políticos son los datos personales: nombres, edad, departamento, municipio y comunidad, así como la dirección exacta. En caso de no responder, el documento pide especificar por qué no respondieron la encuesta. Hay otras casillas para poner el número telefónico, las actividades del barrio en que participan; los miembros con el carnet de militante y cuántos de los que no son militantes votarán por el Frente Sandinista.
La Ley Electoral establece en los Delitos Electorales, (Art. 174) que será sancionado de entre seis a 12 meses de arresto, el que soborne, amenace, fuerce o ejerza violencia sobre otro obligándolo, ya sea a “adherirse a determinada candidatura” o “votar en determinado sentido”. El Art. 175 establece arresto de entre 1 a 2 años, para el que, aprovechándose de sus funciones, “presione a subalternos a votar en determinado sentido”. Estas acciones, que constituyen delitos electorales, pueden denunciarse en el Ministerio Público o en la Fiscalía Electoral. Sin embargo, la politización de esas instituciones puede provocar que el denunciante sufra represalias.
El experto dijo que incluso si estas visitas se hacen “estrictamente” entre simpatizantes del mismo partido, “su carácter de autoridad comunitaria o barrial intimida y presiona a los potenciales electores bajo el supuesto de perder sus beneficios o quedar ‘mal vistos’ en una lista de potenciales adversarios”.
La Ciudadana 1 dijo que tiene ese temor. “Ya le dije a toda mi familia que les digan que somos del Partido Cristiano para que dejen de molestar los CPC con esas preguntas”, dijo. “No sabemos si eso los va a calmar, pero lo que nos da más temor es que nos puedan hacer algo o existan represalias contra nosotros”, agregó.
Las personas, como la Ciudadana 1, pueden rechazar o aceptar las entrevistas. En el caso de los trabajadores del Estado, el experto dijo que “difícilmente se puedan negar sin tener represalias o consecuencias lamentables para sus familias”.