Dos días antes de cometer el asalto, los sujetos merodearon el Super Exprés, ubicado en el barrio Santa Elena, en el Distrito VI de Managua, hasta tres veces por la noche. “Me pareció extraño que pasaran a cada rato y se quedaran parqueados cerca del lugar”, dijo Joel, un vecino de la zona que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato y quien observó a los motorizados varias veces en la semana en la que fue cometido el crimen.
Al día siguiente, Joel visitó este Super Exprés antes del asalto, más por curiosidad, que por una necesidad de realizar compras. Observó que todo estaba normal y entonces pensó que aquellos misteriosos motorizados solo andaban en la zona por casualidad. Sin embargo, un día después, el 29 de octubre de 2025, a eso de las siete de la noche, el establecimiento fue asaltado por cuatro sujetos armados con armas de fuego.
Llegaron en motocicletas. Mientras dos esperaban afuera del local, los otros irrumpieron con fuerza, saquearon el dinero de la caja registradora y despojaron de sus pertenencias a los ciudadanos que se encontraban dentro del establecimiento realizando compras y pagos. Joel se dio cuenta del robo unas horas después, cuando el “chisme” se “regó” por todo el barrio y el video de la cámara de seguridad del establecimiento circulaba por las redes sociales.
“Este barrio no ha sido el más sano, pero tampoco es normal que vengan ladrones de otros lados a robar en las calles y en el Super Exprés. En otras partes de Managua ocurre lo mismo. Fijo es por ese montón de presos que han liberado con los indultos”, expresó el ciudadano de 43 años de edad.
Población reconoce que criminalidad ha aumentado
Un informe de percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua, elaborado en julio de 2025 por Hagamos Democracia, basado en encuestas vía Signal a 400 ciudadanos de 40 municipios del país, reveló que el 97% de los pobladores considera que la criminalidad ha aumentado de forma alarmante.
“Este dato denota que la situación de seguridad ciudadana en el país se mantiene en deterioro, sin que los aparatos policiales y judiciales demuestren la capacidad o el interés de hacerle frente a esta creciente crisis”, cita una de las conclusiones del informe.
El aumento de la criminalidad, según la percepción de los encuestados, lo atribuyen en su inmensa mayoría a la presencia de grupos armados irregulares que actúan en el país con el consentimiento de las fuerzas del orden, lo que les permite delinquir libremente.
La conclusión sobre los grupos armados que ejecutan crímenes con plena libertad, y el discurso de Joel, se replica en las redes sociales. Por ejemplo, algunos usuarios comentaron la publicación del robo en el Canal de Youtube de la oficialista Radio Ya. La cuenta de @antoniogutiérrez escribió: (que) “deje de hacer indultos el gobierno”; la usuaria @YadiraDelgadillo replicó que “de nada sirve que los capturen (si) después los sacan en indultos”.
Dos días después la Policía Nacional anunció la captura de Cristofer Emmanuel Campos Rojas, Jorge Luis Guerrero, Alfredo Antonio Benavides Coleman y Steven Alfonso Jiménez, como responsables del asalto en el Super Exprés del Santa Elena, y de otros robos en los barrios Villa Arlen Siu, Carlos Marx y Miguel Gutiérrez. El caso quedó resuelto, sin embargo, la institución no confirmó si los delincuentes fueron indultados y regresaron a cometer crímenes.
De acuerdo a una fuente policial consultada por DIVERGENTES, al menos dos de los cuatro asaltantes ya habían sido detenidos por robo con intimidación en el pasado. Uno de ellos, Jorge Luis Guerrero, tiene un amplio expediente que empezó a archivarse desde que tenía quince años. Precisamente este bagaje delincuencial provocó que Guerrero fuese procesado en dos ocasiones.
“Algunos delincuentes como Guerrero no cumplen su condena porque tienen ‘buena conducta’ en el penal. Otros salen antes de prisión porque son indultados. El punto es que regresan a las calles sin oportunidades y sin un plan de reinserción que les motive a dejar el mundo delictivo. El resultado: más robos y los mismos delincuentes”, detalló un experto en seguridad consultado por este medio de comunicación bajo condición de anonimato.
Control total vrs libertad de delinquir
La preocupación de los indultos en la población en general es evidente. Un robo siempre es vinculado a estas acciones que ejecuta el régimen sandinista desde hace dos años. Y aunque no existe información contundente sobre delincuentes que salen con indultos y vuelven a delinquir, la ciudadanía está atemorizada por esta ola de asaltos.
Rosaura, una ciudadana de 45 años fue víctima de asalto en octubre de este año mientras caminaba rumbo a su trabajo en los alrededores del barrio Venezuela, en Managua. A eso de las seis de la mañana, fue interceptada por unos motorizados que la amenazaron con dispararle si no entregaba su bolso.
Consciente de que no iba a exponer su vida, la ciudadana entregó su bolso y luego observó cómo los delincuentes se perdían por las calles del barrio. Ningún vecino salió en su auxilio al momento del atraco. Incluso después del mismo, siguió caminando sin que nadie le preguntara qué había pasado o si estaba bien.
“Siempre paso por la misma calle, siempre ha sido solitario, pero nunca me habían robado. Ese mismo día puse la denuncia en la Policía y me dijeron que me iban a contactar si encontraban a los ladrones. Sigo esperando. mientras sueltan a más delincuentes. Ellos regresan a lo mismo, a robarle al pobre”, relató la ciudadana.
La Fundación sin Límites, un tanque de pensamiento nicaragüense en el exilio, lleva años observando esta política gubernamental de liberar reos comunes, en específico el impacto que esto tiene en la seguridad ciudadana y el esquema político del régimen sandinista.
“En los últimos diez años, las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53,164 reos comunes”, engloba un análisis de la Fundación sin Límites. “No obstante, los registros indican que un 7.18 por ciento de estas personas reincidió en la comisión de delitos, lo que evidencia que una proporción significativa de los liberados no logra reintegrarse plenamente a la sociedad ni abandonar conductas delictivas”.
Actitud pasiva de la Policía con asaltantes
La actitud de la Policía frente al incremento de los robos es pasiva. No impulsan campañas para garantizar seguridad en puntos claves como paradas de buses o calles concurridas y solitarias, y apuestan por ejecutar operativos a posteriori para detener a los asaltantes.
“El caso del Super Exprés podría ser un ejemplo concreto de que la Policía tiene información de los grupos delictivos y que actúa hasta que un caso se viraliza. Los tres robos anteriores en los que estuvieron involucrados los mismos sujetos y en los que hubo más pérdida de dinero, no se resolvieron tan rápido como el último, cuando los dos días ya habían detenidos”, explicó el experto en seguridad.
La fuente policial consultada para este artículo expresó que la Policía tiene una red de información bien detallada sobre el actuar de las bandas criminales, sin embargo, el tema de las detenciones y la resolución de los casos, se realiza bajo planificación, y en algunos casos, hasta que desde la jefatura nacional se autoriza.
“Las autoridades tienen el control, conocen las células delictivas, pero es incomprensible que a pesar de tener el poder, continúen permitiendo que la inseguridad crezca”, señaló el experto en seguridad, quien agregó que temas de criminalidad es necesario reaccionar rápido antes de que la situación aumente, como es el caso, y se salga de control.
Para el experto en seguridad, el hecho de que la Policía no aclare si estas bandas delictivas tienen antecedentes policiales o explique cómo consiguen armas para cometer sus fechorías, deja en evidencia el poco interés de la institución para disminuir un flagelo que ha tenido picos altos en el último trimestre del año.
Lo dicho por la fuente se refuerza en algunos de los casos que la Policía ha “resuelto” en los últimos meses. Por ejemplo, en el robo al Exprés de Santa Elena la institución informó únicamente sobre los vehículos ocupados y las armas utilizadas para cometer los robos, asimismo la relación de los delincuentes con otros robos. No obstante, omitió informar sobre la operatividad del grupo, sus antecedentes y cómo fue que lograron armarse.
En el caso del asalto en Altamira, ocurrido a mediados de octubre y en el que falleció un delincuente por un disparo propinado por el dueño de la tienda que este asaltaba, la Policía informó tres semanas después sobre la detención de los sospechosos, también sin explicar posibles antecedentes o la estructura criminal que permitió al grupo tener las armas de fuego para ejecutar el asalto. La única información novedosa fue el vínculo que la institución estableció entre los detenidos y un robo a otra tienda de celulares ocurrido en enero de 2025.
“La Policía actúa rápido cuando hay casos virales. Esto es conveniente porque ‘mejora’ la imagen deteriorada que tienen. ¿Si hacen este adrede? No lo sé, pero las evidencias apuntan a que resuelven y mediatizan los casos populares que ayudan a limpiar la suciedad de la que se contaminaron cuando politizaron la institución”, reflexionó el experto en seguridad.
Permisividad con mercado negro de armas
A Kener Munguía Amador lo mataron cerca de su casa. Dos tipos, sin mediar palabra, le dispararon y lo dejaron sobre una de las calles del barrio Villa Venezuela, en el Distrito VII de Managua el martes 18 de octubre. Ese mismo día, los agentes policiales lograron la captura de los principales sospechosos.
“Pedimos justicia, que esto no quede así”, dijo la hermana de Amador. “¿Pero de dónde consiguen las armas?”, cuestionó un vecino de la víctima, quien agregó que la peligrosidad va en aumento no solo en cuestión de robos, sino de agresiones a la misma población.
El caso de Munguía Amador no es aislado. En teoría la Policía mantiene el control sobre las armas legales e ilegales que circulan en la capital. Sin embargo, los robos a mano armada y este tipo de asesinatos, son una constante, lo que deja claro que la institución aún no logra regular su circulación.
“Hubo un tiempo, después de 2018, que la Policía si logró un control sobre el uso regulado e ilegal de las armas. Hasta los guardias de seguridad tuvieron que entregar sus pistolas, porque así lo demandó la institución. Eran momentos en los que la sociedad estaba en protestas contra el régimen sandinista, y estos, para garantizar que no hubiese un conflicto armado, decidieron incautar los artefactos”, explicó el experto en seguridad.
Después de las incautaciones, tanto a personas con papeles en reglas como a ciudadanos que tenían armas de forma irregular, la Policía controló el número de asaltos a mano armada en el país. La fuente policial señaló que el trabajo de recolección de armas fue arduo y le permitió a la institución un control casi total de los armamentos en Nicaragua.
“No sabemos qué fue lo que ocurrió con exactitud, pero desde 2024 hasta la fecha, la situación de armas irregulares en el país y su obtención a través del mercado negro y otros contactos, ha caminado a tal punto de dirigirse, en unos años, al punto en que el fueron confiscadas en 2019”, señaló la fuente experta en seguridad.
Las armas, según la fuente policial entrevistada para este reportaje, se venden en el mercado negro. No precisamente en el Mercado Oriental, sino en sitios en los que el contrabando de armas cortas nunca se clausuró en su totalidad. La venta de estas ocurre bajo la permisividad de la Policía, que tiene conocimiento de los puntos de comercialización.
Mientras la permisividad impera en la capital, la ciudadanía continúa clamando que cesen los indultos y que la Policía ejecute planes que regrese la tranquilidad que los barrios de Managua tenían hasta hace algunos años.
“Habrá que esperar para entender qué hará el régimen, la Policía. Porque quizás tienen controlado el flagelo, pero esto es volátil, se les puede salir de las manos. Si las armas circulan con facilidad, hasta los mismos agentes podrían ser víctimas de robos o intentos de agresión”, señaló el experto en seguridad.