Honduras ha entrado en una fase de incertidumbre jurídica que evoca los fantasmas de sus crisis más agudas. Tras las elecciones del pasado 30 de noviembre, el país se divide hoy entre una declaratoria oficial de resultados y una contraofensiva del Ejecutivo que busca, mediante un decreto de emergencia, invalidar el veredicto del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La presidenta Xiomara Castro sancionó el Decreto Legislativo No. 58-2025, que ordena un recuento “voto por voto” de las 19 167 juntas receptoras. Para Castro, no se trata de una crisis de leyes, sino de una “crisis de ética” derivada de lo que denomina una “injerencia extranjera” liderada por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, esta decisión ha colocado al Gobierno en una ruta de colisión con una coalición de nueve países latinoamericanos y el Departamento de Estado de EE. UU.
Para entender el conflicto, es necesario separar la narrativa política del marco legal hondureño. La Constitución de Honduras establece que el CNE es un órgano autónomo e independiente, responsable exclusivo de los procesos electorales.
El núcleo de la disputa reside en la interpretación del artículo 205, numeral 7, de la Constitución, invocado por el presidente del Congreso, Luis Redondo. Este artículo faculta al Legislativo para intervenir en casos excepcionales, pero analistas y la propia presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advierten que un decreto no puede suplantar la autonomía de un órgano constitucional que ya certificó a Nasry ‘Tito’ Asfura como ganador.
“La institucionalidad es la última barrera para defender nuestra democracia”, sentenció Hall, quien pidió a las Fuerzas Armadas mantener la custodia del material electoral para evitar que sea tomado por el Congreso.
El factor Trump y el aislamiento regional
El enfoque de esta crisis trasciende las fronteras. A diferencia de 2017, cuando las denuncias de fraude contra Juan Orlando Hernández fueron recibidas con tibieza internacional, hoy el escenario es opuesto. El gobernante partido Libre no reconoce los resultados, aduciendo que el respaldo público de Trump a Asfura influyó negativamente en el proceso.
Asfura, por su parte, ya se encuentra en Washington. Este lunes tiene previsto reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, y directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este respaldo ha blindado la figura de Asfura frente a las acusaciones del oficialismo.
Por otro lado, la reacción regional ha sido unánime. Países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y Argentina han firmado un comunicado conjunto rechazando el decreto de Castro, calificándolo como un atentado a la institucionalidad. Honduras se enfrenta a un aislamiento que podría tener “serias consecuencias”, según la advertencia de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU.
Lo que está en juego
La tensión en Tegucigalpa ha escalado a niveles físicos: la diputada opositora Gladis Aurora López resultó herida por un artefacto explosivo y las sesiones legislativas se han celebrado sin el quórum de la oposición. Mientras Castro solicita un “diálogo directo” con Trump para abordar la situación, el reloj corre hacia el 27 de enero.
La gran interrogante para la región es si Honduras podrá transitar hacia una sucesión pacífica o si el desconocimiento de las reglas electorales marcará el inicio de un nuevo capítulo de inestabilidad en el Triángulo Norte de Centroamérica.