La concentración de miles de personas este jueves 6 de agosto de 2026 en la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica, fue mucho más que una muestra de apoyo a jueces y fiscales. El plantón, que unió a estudiantes, sindicalistas y figuras políticas bajo los acordes del Himno Nacional, materializó en las calles el síntoma de una fractura institucional profunda derivada del choque abierto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que amenaza con alterar el histórico equilibrio de poderes en el país.
Con pancartas a favor de la democracia y el Estado de derecho, y cánticos en contra del Gobierno, estudiantes universitarios, sindicalistas, líderes políticos y ciudadanos en general, se concentraron en un plantón que tuvo como objetivo expresar el apoyo al Poder Judicial frente a los constantes señalamientos de la presidenta Laura Fernández, y de su antecesor (periodo 2022-2026) Rodrigo Chaves, ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia.
“Vine a defender a Costa Rica y a nuestra democracia. No queremos que se quiebre la división de poderes y rechazamos la concentración de poder y el autoritarismo”, dijo a EFE José Mario Gutiérrez, un estudiante universitario que portaba una pancarta en favor de al democracia.
Entre los participantes en la manifestación se encontraba el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez, quien dijo a EFE que en el país existe un intento de concentrar el poder, que ello es “muy peligroso” para la democracia y puso como ejemplo lo ocurrido en Venezuela.
El corazón de la disputa actual es el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Sus periodos vencieron en diciembre pasado, pero la Asamblea Legislativa —dominada en su mayoría por diputados del partido oficialista Pueblo Soberano— se ha negado durante siete meses a elegir a los nuevos suplentes de la lista enviada por la Corte Suprema, argumentando que los perfiles no son de su agrado.
Nombramientos de magistrados fue el origen del conflicto
“Fuera Chaves, fuera Chaves”, gritaban en coro cientos de manifestantes que apenas mencionaron a la mandataria. “Esto me da esperanza, ahora sé que somos muchos los preocupados”, dijo una mujer que se identificó como Rosibel, cocinera en un hotel, acompañada de su hija adolescente. Era la primera protesta a la que acudían en su vida. “No pensé que viniera tanta gente, estoy emocionado”, dijo S. Ramírez, médico de una clínica estatal que prefirió no identificarse por completo para evitar represalias en su trabajo. “En el país hay miedo a una dictadura”, afirmó al diario español El País, Jorge Herrera, rector de la estatal Universidad Nacional (UNA), en medio de numerosas pancartas que aludían al temor a perder la democracia por la cual es reconocida Costa Rica en el continente. En otros letreros se leía “Aguanten, magistrados” y “No están solos”.
“División de poderes sí, división del país no”, decía otro cartelón referido a la polarización provocada por el estilo confrontativo de Chaves que intenta emular Fernández y por el discurso centrado en “devolver el poder al pueblo”.
Ante el riesgo de una parálisis en la resolución de casos, la Sala Constitucional tomó una decisión inédita el pasado jueves 30 de julio de 2026 aprobó, en una ajustada votación de 4 a 3, prorrogar temporalmente los nombramientos vencidos hasta que el Congreso cumpla con su deber de elección.
Esta maniobra jurídica fue la chispa que hizo estallar la crisis. La presidentaFernández calificó la acción como un “golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”, tildando a los magistrados de “golpistas”. La retórica escaló a los tribunales el lunes, cuando el oficialismo presentó una querella penal por prevaricato contra los cuatro magistrados que votaron a favor de la prórroga.
Los ataques de Rodrigo Chaves
El pasado 25 de julio, durante una conferencia de prensa en Nicoya, Guanacaste, Rodrigo Chaves hizo alusiones a una dictadura y al cierre del Poder Judicial. Chaves le preguntó a los presentes en el acto público si tenían miedo a que se materializaran ambas amenazas.
Un nuevo choque ocurrió pocos días después cuando el diario costarricense La Nación reportó que el ministro de Hacienda y de la Presidencia mencionó la frase “Operación Chiripa” para referirse a la actuación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que permitió la captura del hombre más buscado del país, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y en la que resultaron heridos varios agentes especiales.
Más allá del tecnicismo legal sobre las suplencias, la marcha de ayer refleja un temor latente en diversos sectores de la sociedad civil: la percepción de un avance hacia el autoritarismo. Este temor no se alimenta únicamente de la disputa por la Sala Constitucional. Se enmarca en una estrategia más amplia y sostenida por la actual administración y la de su antecesor y mentor, Rodrigo Chaves (ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia).
El asedio al Poder Judicial tiene múltiples frentes. El Ministerio Público mantiene abiertas numerosas investigaciones contra altos funcionarios del actual y pasado Gobierno, como el expresidente y actual número dos de Fernández, Rodrigo Chaves. El Ejecutivo también ha anunciado un recorte del 5% en el presupuesto judicial para el año 2027, una medida que los críticos ven como un castigo político que debilitará la capacidad operativa de los tribunales, a lo que se suma las constantes acusaciones desde Casa Presidencial hacia la cúpula judicial, señalándola de “defender a grupos de poder”.
Este choque político en Costa Rica resuena con particular gravedad en una región donde la cooptación de la justicia ha sido el primer paso para el desmantelamiento democrático. La democracia costarricense, tradicionalmente elogiada por su estabilidad, se encuentra en una encrucijada. El conflicto actual ha dejado de ser un debate a puerta cerrada entre juristas y políticos para convertirse en una crisis que ya moviliza a las calles. La forma en que las instituciones del Estado resuelvan este impasse —ya sea cediendo a la confrontación punitiva o, como sugirió.
Con información de EFE, La Nación y El País