En medio de un remolino de reporteros que era vigilado por un desaforado número de policías antidisturbios, Cristiana Chamorro ingresó junto a sus abogados a la sede de la Fiscalía, en Managua, la mañana de este viernes para atender una citatoria que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le impuso por el supuesto delito de lavado de dinero. “Vengo con la frente en alto a defender a los nicaragüenses, porque esto no es una acusación contra mi persona, sino contra todos los que queremos democracia”, dijo Chamorro, quien dejó claro que el objetivo de esta imputación es afectar su candidatura presidencial.
Chamorro –señalada de cometer lavado de dinero en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización que cerró operaciones en febrero pasado por la Ley de Agentes Extranjeros– llegó a las nueve de la mañana al Ministerio Público, después que el día anterior había acudido al Ministerio de Gobernación. En un primer momento, funcionarios de la Fiscalía no querían dejar ingresar a los abogados de la hija de la expresidenta Violeta Barrios y el mártir Pedro Joaquín Chamorro. Sin embargo, la periodista los increpó y logró ingresar con su asesoría legal. Fue una larga citatoria de más de tres horas.
La fiscal sandinista Heydi Ramírez Olivas fue la encargada de realizarle a Chamorro y su equipo más de 30 preguntas sobre el presunto delito de lavado de activos. Según el señalamiento de la dictadura, la “Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”. Algo que la precandidata rechazó categóricamente.
Chamorro respondió a la fiscal sus preguntas e hizo énfasis que esas mismas respuestas las dio el jueves en el Ministerio de Gobernación. Aparte, invitó a la Fiscalía a consultar el informe que la fundación que dirigía entregó a los funcionarios de Gobernación y en el que, según ella, se desmonta una acusación que cataloga como una “monstruosidad y farsa”. “En Gobernación está toda la documentación de nuestro trabajo. Es transparente. Todo lo que ellos pidieron”, insistió.
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“Dijeron un montón de cosas que ni vale la pena repetir, porque es una incriminación injusta. Es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana por haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses”, dijo Chamorro en referencia a su precandidatura presidencial, que goza de las mayores simpatías ciudadanas según las encuestas.
Por ahora, la Fiscalía controlada por los Ortega-Murillo no ha abierto una causa contra la expresidenta de la Fundación Violeta, pero sí están en fase “investigativa”. Aunque a Chamorro no le quisieron dar mayores detalles sobre el caso, ni mucho menos cuánto tiempo durará. “Esto es contra el derecho del pueblo a votar libremente. Esto es para intimidarnos en este proceso electoral y que no salgamos a votar, para cometer fraude”, sostuvo Chamorro, quien desconfía plenamente de la Fiscalía. De hecho, el Ministerio Público ha sido señalado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales de ser un instrumento represivo del gobierno, al acusar a ciudadanos opositores de delitos comunes para enmascarar la motivación política de las causas.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, expresó este viernes que las “acciones contra Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios, así como las detenciones de periodistas, son otro alarmante paso contra la democracia en Nicaragua”. “Las elecciones libres y justas se ven socavadas cuando los medios independientes están bajo asedio y los líderes de la oposición no pueden postularse”, escribió Price en Twitter.
Entre todos los precandidatos presidenciales, Chamorro es la que más escozor causa en la pareja presidencial, si se toman en cuenta los ataques verbales que en sus discursos oficiales hacen Ortega y Murillo contra la familia de la precandidata. Un hecho de color es que la vicepresidenta Rosario Murillo ya no menciona la palabra “cristiana” cuando dice uno de los eslóganes principales de su gobierno: “Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria”.
Aparte de esta acusación por lavado de dinero, el gobierno allanó este jueves las oficinas clausuradas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero también aprovechó la ocasión para confiscar y asaltar por segunda vez en tres años la revista Confidencial, medio de comunicación dirigido por el hermano de la precandidata, Carlos Fernando Chamorro.
“Actúan compulsivamente”
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, acudió a la Fiscalía y aseguró que el régimen “actúa compulsivamente” contra Cristiana Chamorro. La veterana abogada sostiene que la Fiscalía emitió una cita cuando ni siquiera se había agotado el plazo de 24 horas que el Ministerio de Gobernación le dio a la precandidata para presentar pruebas.
“Actúan compulsivamente, violando como de costumbre todas las normas. Están aplicando retroactivamente la ley. Definitivamente buscan inhibir la candidatura de Cristiana, porque es una violación de derechos humanos para cercernar sus derechos. Se está consumando una inhibición y una agresión a todos los nicaragüenses”, dijo Núñez.
Una hora más tarde de salir de la Fiscalía, Chamorro emitió un comunicado asegurando que “en este momento el dictador está demostrando que me tiene miedo. Les aseguro que también nos tiene miedo a todos, porque seremos capaces de unirnos y lo derrotaremos junto al pueblo con el pueblo (…) Es una monstruosidad jurídica que lesiona gravemente la democracia”.
Chamorro insistió en el comunicado en “una unidad nacional” opositora. “Solo juntos, solo unidos, con un candidato único y con una sola fuerza de oposición, derrotaremos a Ortega.
Casa por cárcel contra precandidatos y opositores
Luego del allanamiento violento de la redacción de Confidencial, el régimen redobló el estado policial. La mañana de este miércoles los precandidatos opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro informaron que los policías que los vigilan día y noche les comunicaron que “hasta nuevo” aviso no podían salir de su casa, imponiendo de nueva cuenta casa por cárcel de facto.
Tamara Dávila y Suyen Barahona de la Coalición Nacional tampoco pudieron salir de sus viviendas. “Había patrullas de policías diciéndole que no tenían permiso de salir. Así funcionan los órganos represivos”, denunció Ana Margarita Vijil de Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista).
“Sabían que hoy íbamos a venir a solidarizarnos con Cristiana. Se les olvida que eso no nos va a callar. Daniel Ortega hace estas cosas que son absolutamente ilegales y ridículas. Lo que te demuestra es que ni siquiera se atreve a ir a unas elecciones en las que tiene los dados cargados a su favor. Además de que hay una oposición dividida, ni siquiera en esas condiciones quiere arriesgar y demuestra que tiene miedo y está desmoralizado”, fustigó Vijil.