A las dos de la madrugada, Samuel, un pequeño migrante nicaragüense de diez años, se despierta sobresaltado y camina silenciosamente hasta la cama de sus padres. Desde que llegó con su familia a Costa Rica en 2024, el mínimo ruido de la noche lo atemoriza. En su país dormía tranquilo. Ahora, la oscuridad le provoca miedo y lo obliga a buscar compañía.
“Antes, Samuel era un niño seguro y extrovertido. Le encantaba liderar los juegos en el recreo de su escuela en Managua”, recuerda su madre. Ahora, en cambio, se aísla. Evita salir a jugar, le cuesta relacionarse con sus compañeros y ha dejado de participar en clase.
Lo mismo ocurre con Andrea, de nueve años. Poco después de llegar a Costa Rica en 2023, su letra –antes firme, bonita y legible– comenzó a desordenarse. Su maestra notó que tenía dificultades de concentración, se frustraba con tareas simples y lloraba sin motivo aparente. Su padre comenta que era una estudiante entusiasta en Nicaragua. “Es un retroceso de todo lo aprendido” recuerda con tristeza.
Como Samuel y Andrea, cientos de niños y niñas nicaragüenses en Costa Rica están atravesando duelos emocionales silenciosos tras el desarraigo. La migración forzada ha dejado cicatrices no siempre visibles, pero que se manifiestan con fuerza en la salud mental de la infancia desplazada.
Cómo el exilio impacta la salud mental
Estas manifestaciones no son aisladas. La psicóloga costarricense Ruth Quirós, del colectivo Nicaragua Nunca Más, ha atendido múltiples casos similares. “El exilio suele vivirse como una experiencia profundamente disruptiva y potencialmente traumática”, explica. En muchos casos, los niños, niñas y adolescentes llegan tras haber estado expuestos a violencia política, detenciones de familiares o rupturas abruptas de su entorno.
Desde 2018, Costa Rica se convirtió en uno de los principales países de acogida para nicaragüenses que huyen de la represión y la crisis sociopolítica impuesta por el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se estima que más de medio millón de personas han llegado a esta nación desde ese año, con casi 100 000 emigrando solo en 2024. Una parte importante de ese flujo migratorio son niñas, niños y adolescentes que llegan en edad escolar. Las autoridades costarricenses no tienen un registro actualizado sobre los menores atrapados en ese flujo migratorio forzado.
Para ellos, el exilio no sólo significa cambiar de casa, barrio o país. También implica empezar de cero en una escuela nueva, muchas veces sin documentos académicos, con duelos abiertos y un idioma que, aunque es el mismo, suena distinto.
“A nivel emocional observamos con frecuencia ansiedad, miedo persistente, tristeza profunda, irritabilidad, problemas de sueño, síntomas somáticos, regresiones en el desarrollo principalmente en el control de esfínteres, autorregulación emocional traducida en berrinches, irritabilidad, conductas disruptivas y aumento en la dependencia emocional”, señala la especialista.
La pérdida de hogar, escuela, amigos y país constituye una ruptura múltiple. Aunque a veces no logran expresarlo con palabras, “el cuerpo y la conducta expresan ese duelo no elaborado”, advierte Quirós.
La dimensión emocional del exilio en la niñez y adolescencia migrante también está profundamente condicionada por el contexto al que llegan. Entre los factores que agravan ese impacto se encuentran la precariedad económica, la discriminación, el hacinamiento y la separación familiar. “También pesa mucho el estado emocional de las personas adultas responsables, cuando madres, padres o abuelos están desbordados por el estrés o el trauma, la niñez queda más vulnerable”, señala la experta.
El acompañamiento adulto puede marcar la diferencia. “Es de suma importancia que la persona adulta a cargo esté disponible emocionalmente, que pueda sostener, explicar lo que ocurre de manera adecuada a la edad y transmitir cierta sensación de seguridad”, dice Quirós. No ocultar la realidad y ofrecer información adaptada a su nivel de comprensión ayuda a reducir la ansiedad y a contener los miedos.
Lo que enfrentan los niños migrantes día a día
El psicólogo comunitario Marcos Carranza Morales, docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), también advierte que la salud mental de la niñez migrante está profundamente condicionada por el entorno donde se desarrolla. En contextos de movilidad humana forzada, como el que enfrentan miles de familias nicaragüenses en Costa Rica, la estabilidad emocional de niños y niñas suele verse comprometida por múltiples factores: la pérdida del entorno habitual, la separación de figuras afectivas, la incertidumbre y las dificultades para acceder a servicios básicos.
“El espacio en el que se desarrolle el niño o la niña es fundamental para su estabilidad física y emocional”, señala Carranza. Cambios frecuentes de vivienda o escuela, incluso dentro de un mismo país, pueden generar inestabilidad, pero en el caso de la migración forzada, estos impactos se profundizan.
“Por ejemplo, no es lo mismo migrar con ambos cuidadores —padre y madre— que hacerlo solo con uno. También influye mucho si migran con una abuelita o una tía, lo que genera una situación distinta a nivel afectivo y social”, explica el especialista.
Carranza agrega que las condiciones migratorias de las personas adultas inciden directamente en la posibilidad de que niños y niñas accedan a servicios esenciales, como salud y educación. “Lo que he visto es que el niño o la niña que nace aquí en el país, está en cierto modo regularizado, pero no así las figuras paterna y materna. Esto supone una dificultad de acceso a servicios, sobre todo para las personas cuidadoras, que por desconocimiento no acceden a que el niño o la niña, que sí tiene la posibilidad de ser atendido por el Estado, pueda recibir atención”, comenta.
También señala que los niños pequeños pueden integrarse con mayor facilidad en nuevos contextos culturales, siempre que existan entornos propicios y acompañamiento. Pero eso no siempre ocurre. “En Costa Rica, lamentablemente no nos encaminamos hacia un sistema que favorezca este tipo de procesos desde la educación”, lamenta. Agrega que la falta de políticas públicas inclusivas, el aumento de discursos xenofóbicos y la discriminación afectan especialmente a niños migrantes que viven en zonas urbanas o alejadas de la frontera.
“La salud mental es un tema complejo en todo momento, y por supuesto que los niños y niñas son los más afectados”, destaca Carranza. También considera que la falta de regularización migratoria impacta a nivel emocional, ya que “se sufre mucho emocionalmente cuando la persona no llega a fin de mes”, y añade que las familias migrantes suelen estar más expuestas a condiciones de precariedad laboral, acceso limitado a seguros de salud o imposibilidad de acceder a servicios privados.
Frente a esas carencias, Carranza destaca el rol que pueden tener las organizaciones comunitarias y espacios de contención emocional. Pero insiste en que falta mucho trabajo a nivel social para reconocer que “migrar es un derecho, que nadie es ilegal y que todas las personas tenemos la misma valía”.
Contexto cuantitativo y apoyo institucional
Los datos más recientes disponibles confirman la magnitud de este fenómeno. Según un informe anual de ACNUR sobre Costa Rica, al cierre de 2024 el país albergaba 241 000 refugiados y solicitantes de asilo, de los cuales el 83% son nicaragüenses —una proporción que representa gran parte de la población desplazada en Centroamérica.
En este contexto, las organizaciones internacionales han implementado programas para atender necesidades de la niñez migrante. UNICEF Costa Rica reportó que unos 3000 niños, niñas y adolescentes participan mensualmente en los “Child‑Friendly Safe Spaces”, espacios diseñados para promover el desarrollo integral, el aprendizaje y el apoyo psicoemocional en escenarios de movilidad humana.
Estos espacios, que existen en zonas fronterizas y centros de tránsito, ofrecen actividades lúdicas y educativas que buscan dar contención emocional a la niñez migrante y fortalecer su resiliencia. También proporcionan información a las familias sobre derechos, desarrollo infantil y estrategias de afrontamiento que pueden aliviar el estrés prolongado.
Pese a estos esfuerzos, aún persisten brechas significativas en la articulación de servicios públicos de salud mental, educación y protección integral para la niñez migrante. La psicóloga Quirós advierte que las escuelas pueden convertirse en espacios de contención y detección temprana del sufrimiento emocional, pero solo si cuentan con programas sensibles al trauma. De lo contrario, también pueden reforzar la discriminación y el aislamiento.
El informe Including Refugee Learners in National Education Systems (Inclusión de estudiantes refugiados en los sistemas educativos nacionales), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), destaca que garantizar el acceso a la educación formal es una de las estrategias más importantes para proteger física y emocionalmente a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, porque reduce riesgos de violencia, explotación y exclusión y ofrece un entorno estable para su desarrollo.
Una educación que también debe ayudar a sanar
Para la niñez migrante, la escuela no es solo un espacio de aprendizaje, sino también un escenario en el que pueden aflorar las heridas del desarraigo o comenzar a sanar. Pero no todas las aulas están preparadas para ese reto. Ernesto Medina, académico nicaragüense y exrector universitario, considera que el sistema educativo debe tener capacidad de identificar historias de vida marcadas por experiencias traumáticas, y brindar apoyo emocional oportuno.
“Es importante que personal especializado detalle el historial de los niños y niñas, para conocer lo más detalladamente posible la historia de vida de la familia, analizar las experiencias de viaje y el proceso de adaptación que han tenido en su nuevo país”, señala. Además, agrega que en la mayoría de los niños que han tenido experiencias traumáticas en la migración, es fundamental identificar las necesidades de ayuda en salud mental y determinar el tipo de apoyo que necesitan.
Medina también insiste en que los docentes deben estar formados en mediación intercultural para evitar que esas diferencias se transformen en obstáculos de integración. “Es importante que la escuela, el sistema educativo y los maestros tengan cierta experiencia en mediación intercultural, sobre todo cuando se trata de niños que vienen de países con una cultura muy diferente o con religiones distintas. Si estas diferencias no se atienden bien, terminan creando guetos de niños y jóvenes que no se adaptan, no se asimilan, no se integran”, indica.
Esa diversidad de experiencias también es evidente en el aula de la profesora de primaria Kattia Delgado Jiménez, docente de la Escuela General José de San Martín, en Alajuela. “La adaptación de los chicos al sistema educativo aquí en Costa Rica es muy diversa. Depende mucho de la forma de ser de cada niño. Algunos hacen amigos en cuestión de días; otros necesitan semanas para atreverse a hablar en clase”, explica.
En su experiencia, Delgado notó diferencias clave entre quienes migran por razones económicas y quienes lo hacen escapando de la represión. La mayoría de las familias extranjeras que ha recibido en su clase lo hicieron “para buscar alguna ayuda económica o salir adelante”. Estos niños, aunque enfrentan nostalgia y cambios, suelen integrarse con mayor facilidad. Pero el caso de “Rodrigo”, un estudiante nicaragüense de nueve años cuyos padres eran activistas perseguidos por el régimen de Daniel Ortega, fue distinto.
“Nunca me había tocado un niño de Nicaragua cuyos papás tuvieran que venir por el trabajo que desempeñaban allá”, comenta. En sus clases de Estudios Sociales, cuando hablaban de democracia, Rodrigo participaba para hablar de la represión en Nicaragua. “Él nos comentaba que hay un presidente que encarcela y persigue gente inocente. Claramente el niño tiene traumas derivados de la situación política de su país porque es algo que repite con frecuencia”, recuerda la maestra.
La historia de Daniel, un joven nicaragüense que llegó a Costa Rica en sus primeros años de secundaria, también evidencia cómo el sistema escolar puede convertirse en un terreno difícil de transitar para la niñez migrante. Tenía 13 años cuando cruzó la frontera con su madre y su hermana menor, escapando de un contexto de represión. “Me costaba entender el ritmo de las clases, el acento de los profesores, la dinámica de la clase porque era distinto a Nicaragua. Siempre me sentía siempre atrasado o perdido. Había días que solo quería irme a la casa y no volver más”, recuerda.
Hoy, con 18 años, cursa el primer año de universidad. Reconoce que no fue un camino fácil, pero insiste en que el acompañamiento familiar y el esfuerzo personal marcaron la diferencia. “No todos los jóvenes migrantes tienen las mismas oportunidades. Yo tuve suerte de tener una familia que me empujó a seguir adelante”, reconoce Daniel.
El desafío de aplicar una política que reconoce la migración como realidad estructural
A pesar de las múltiples barreras de acceso que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes en Costa Rica, el país cuenta desde enero de 2024 con una Política Migratoria Integral 2024-2034, que establece un marco normativo más robusto para la atención e integración de personas migrantes, incluyendo principios de derechos humanos, enfoque intercultural y perspectiva de género.
Esta política reconoce la migración no como una amenaza, sino como una realidad estructural del país. Uno de sus pilares es “promover la cohesión social y la integración de las personas migrantes” mediante un modelo de gestión que garantice su protección y facilite su inclusión en áreas clave como la salud, la educación y el trabajo. Según el texto oficial, el Estado costarricense asume el compromiso de “respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas, sin discriminación”, y de fomentar la “igualdad de oportunidades para su integración efectiva en la sociedad costarricense”.
Aunque no dedica capítulos específicos a la infancia o adolescencia migrante, la normativa sienta bases claras que pueden servir como marco para exigir políticas sectoriales más específicas. El enfoque de derechos humanos, por ejemplo, se define como una obligación transversal en toda la gestión migratoria. “Esta política parte del principio del respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas migrantes, sin importar su estatus migratorio”, cita el documento.
Además, uno de sus ejes centrales propone fortalecer la coordinación interinstitucional entre instituciones públicas y organizaciones sociales, reconociendo que el abordaje de la migración debe ser integral y articulado. En palabras del documento: “Se busca promover sinergias entre las distintas entidades para una gestión eficiente, basada en evidencia, que responda a las necesidades de las personas migrantes”.
Este enfoque representa una oportunidad para que actores del sistema educativo, de salud, municipalidades y organizaciones comunitarias generen acciones concretas de atención psicosocial, orientación escolar, detección de casos de trauma o abandono, y acompañamiento familiar, especialmente para quienes como Samuel, Andrea y Daniel llegan en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión -IPLEX- y se enmarca en el proyecto global “Space for Freedom” que, a su vez, forma parte de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.