Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no son eventos aislados, sino parte de un sistema estructurado que beneficia directamente a un pequeño círculo de poder. En lugar de ser una serie de incidentes puntuales, se han convertido en un mecanismo de control social, político y económico que favorece a la familia presidencial y su entorno. Desde la represión de las protestas en 2018 hasta las recientes reformas constitucionales, el régimen de Daniel Ortega ha creado una “industria de la represión”. Un modelo en el cual la violación de derechos humanos no solo es una herramienta de poder, sino también un medio de enriquecimiento.

Una de las transformaciones más significativas en la reciente trayectoria política de Nicaragua es la reforma parcial a la Constitución, que eliminó la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta reforma no solo revela una violación explícita a los derechos fundamentales de estos pueblos, sino que también refleja un patrón de subyugación y control de los recursos naturales en sus territorios. Los pueblos indígenas han sido históricamente despojados de sus tierras y derechos, y ahora, con esta reforma, el Gobierno de Ortega ha consolidado aún más su control sobre estos territorios, privándolos de su capacidad para decidir sobre sus propios recursos y su futuro. De esta forma, los pueblos indígenas y afrodescendientes no solo son víctimas de una violencia política directa, sino también de un modelo neocolonial que los coloca bajo el dominio de un Estado centralizado que opera en beneficio de la élite familiar gobernante.

Este modelo de represión se sostiene a través de lo que podríamos llamar una “industria de la represión”, un sistema en el que las violaciones a los derechos humanos no son solo una consecuencia del autoritarismo, sino un recurso utilizado para mantener el poder político y controlar la sociedad. En lugar de estar dirigido a la construcción de una economía basada en el desarrollo y el bienestar de la población, este régimen ha convertido la opresión en un negocio, un medio para generar lealtad política y económica. 

A través de un control absoluto de los medios de comunicación, la manipulación de la información y la persecución de los opositores, el régimen Ortega-Murillo ha logrado consolidar una estructura donde el miedo, la violencia y la exclusión son utilizados para garantizar su permanencia en el poder.

A diferencia de otros modelos capitalistas, donde los grandes empresarios juegan un papel central en la economía, en Nicaragua los beneficiarios directos de este sistema de control no son los empresarios tradicionales, sino los miembros de la familia presidencial. En este modelo, la riqueza se acumula a través del control político y la represión, en lugar de la competencia en el mercado o la inversión extranjera. Las políticas del régimen favorecen a las empresas vinculadas directamente con el círculo cercano a Ortega, mientras que los sectores más vulnerables de la población, incluidos los pueblos indígenas, son excluidos del acceso a los recursos del Estado. Es un capitalismo peculiar, donde el poder económico y político no se distribuye entre empresarios tradicionales, sino que se concentra en un pequeño grupo de personas vinculadas al régimen.

La represión también favorece la perpetuación de este modelo capitalista familiar, ya que crea un ambiente de impunidad donde las violaciones a los derechos humanos no son vistas como crímenes, sino como herramientas para consolidar el poder. Las sanciones internacionales y las condenas de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) parecen tener poco impacto en un régimen que sigue recibiendo apoyo de actores internacionales como Rusia y China, que prefieren mantener sus relaciones con Ortega por intereses geopolíticos. Esto pone de manifiesto que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no son solo un asunto interno, sino que están profundamente conectadas con las dinámicas de poder global que permiten que el régimen se mantenga en el poder y continúe con sus prácticas represivas.

Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ante la crisis del derecho internacional, han echado raíces y se han convertido en una estratagema estructural de control político y económico. Este modelo represivo no sólo mantiene el régimen en el poder, sino que también contribuye a perpetuar un capitalismo distorsionado, donde los beneficiarios directos son los miembros de la familia presidencial y sus aliados. 

La única forma en que la oposición puede derrotar este sistema es con una respuesta que iguale su magnitud: un modelo sociopolítico y cultural que desafíe la estructura de poder, promueva la justicia social y restaure los derechos fundamentales de la población nicaragüense. Solo mediante una resistencia que replantee el orden social y político, Nicaragua podrá superar la “industria de la represión” y avanzar hacia una democracia verdadera y sostenible.