Daniel Ortega, el gran endeudador de Nicaragua

La deuda externa creció más de $2000 millones desde 2018. En vez de negociar una solución a las crisis del país, el mandatario impuso su voluntad, por medio de una reforma tributaria que desangró la economía, y como no puede sacar más dinero a las empresas, está elevando la deuda externa a pasos acelerados. Nicaragua se acerca rápidamente a las líneas rojas advertidas por organismos internacionales en materia económica

Un retrato de Daniel Ortega en La Habana, Cuba. EFE.

En menos de cuatro años (entre 2018 y el tercer trimestre del 2021), el Gobierno de Daniel Ortega incrementó la deuda pública externa del país en 2070 millones de dólares, o sea, más del doble que en los once primeros años de su permanencia en el poder, cuando la hizo crecer en 1019 millones.

Si el primer mandato consecutivo de Ortega (1979 – 1990) puede caracterizarse como una pesadilla en términos económicos, marcada por la hiperinflación y el escaso crecimiento del Producto Interno Bruto; y el período 2007 – 2017, por un crecimiento estable y una inflación controlada, hay un elemento que ambos tienen en común: el exagerado crecimiento de la deuda externa, en especial, entre 2018 y 2021.

La explicación es bien sencilla: “El Gobierno apostó por una política keynesiana”, dice el economista Marco Aurelio Peña. Traducido a un lenguaje que entiende la mayoría, eso solo significa que el Poder Ejecutivo decidió enfrentar la crisis económica incrementando la cantidad de dinero que gasta el Estado, para mantener funcionando al país.

El problema es que para ello se requiere dinero, de modo que aprovecharon el vacío de poder que se originó cuando le quitaron al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el derecho de opinar, y aprobaron una reforma tributaria que le dio más dinero al Ministerio de Hacienda, pero se lo quitó a las empresas.

La adopción de esta política suponía que el Gobierno sería capaz de aumentar sus gastos año con año, aunque una simple comparación del Presupuesto General de la República del período 2018 – 2022 (medidos en dólares), con el del 2017, muestra que el monto se ha estancado, pese a los esfuerzos tributarios de Hacienda.

“El gasto se financia con los ingresos públicos producto de la recaudación fiscal, aun en tiempos de crisis, pero al caer los niveles de producción cae el ingreso y se restringe el consumo”, lo que hace muy difícil mantener el nivel de gasto deseado, explica Peña.

Cuando fue evidente que el dinero de los contribuyentes era insuficiente para mantener el incremento del gasto en los niveles programados; que la Inversión Extranjera Directa se había desplomado, y que se habían caído tanto las donaciones no reembolsables, como las transferencias que les hacía la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Gobierno de Ortega recurrió a la otra fuente de recursos externos que le quedaba: el endeudamiento.

“La cooperación venezolana se cayó porque esa economía entró en una fase depresiva, así que al ver que no había más alternativa, y que las altas tasas impositivas estaban frenando la capacidad productiva del país, al Gobierno no le quedó más opción que el endeudamiento”, remarcó Peña.

 Hay que frenar el aumento de la deuda

Si bien los montos de la deuda externa del Gobierno crecen todos los años, el buen desempeño económico permitía que disminuyera como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), especialmente entre 2011 (año en que equivalió al 54.7% del Producto) y 2016 (38.2% del PIB), pero esa tendencia se detuvo y revirtió a partir del 2017.

Ese año, la deuda externa pública subió a 5546.1 millones de dólares (40.1% del PIB), y a partir de entonces, no hizo más que crecer: llegó a 5949.6 millones en 2018; y a 6278.7 millones en 2019, hasta marcar 6956.8 millones en 2020.

La deuda alcanzó los 7616.9 millones de dólares en el tercer trimestre del 2021, lo que representa un poco más del 56% del PIB, si se cumple el pronóstico mínimo del Banco Central, que supone que la economía del año pasado creció entre 7.5 y 9.5%.

Si la deuda sigue creciendo a ese ritmo (y es bastante probable que lo haga, mientras el lento desempeño de la economía siga elevando la dependencia de los recursos externos), el país se irá acercando a la línea roja marcada por los organismos financieros multilaterales.

“Existe un criterio técnico consensuado con las instituciones multilaterales, según el cual, para economías como la nuestra, se considera que la deuda pública es manejable, si no pasa del 70% PIB”, citó Peña.

Dado que “Nicaragua necesita del ahorro externo para equilibrar sus cuentas, hay un riesgo de ‘default’, (o sea, de que el país sea incapaz de pagar sus deudas), por causa de la irresponsabilidad, la incompetencia y el déficit de integridad de la clase política gobernante, que nos haría caer en la necesidad de salir a pedir que nos condonen las deudas”, advirtió.

A diferentes escalas, el país puede llegar a una situación similar a la de una empresa que cae en quiebra porque no supo controlar sus deudas, o a la de una persona cuyo endeudamiento sale de control, y se ve obligado a perder un auto o casa dado en prenda.

Durante el Gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990 -1997), el país logró que se le incluyera en la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), para conseguir un suculento perdón de la deuda externa, que en 1978 era de 961.3 millones de dólares, (44.9% del PIB), y que en 1989, Ortega llevó hasta 9597.1 millones, o sea, 940.3% del PIB.

Peña amplió que es muy difícil que el país pueda volver a lograr un perdón de ese nivel, porque “un Gobierno que ha perdido la credibilidad, la legitimidad, y la confianza, del cual se tiene la percepción de que puede generar nueva inestabilidad política y social, tendrá mayor dificultad para renegociar su deuda”, principalmente cuando el saldo del principal y los intereses aumentan todos los años.

Esta es una situación que desestimula la actividad económica, en especial, cuando los contribuyentes llegan a la conclusión que la riqueza que genere el país, se irá en pagar deudas.

Ojalá que Venezuela no decida cobrar al Estado de Nicaragua los montos que Ortega privatizó a favor de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), porque entonces, la situación será peor.

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