Cualquiera que haga memoria, seguramente no ubica a Daniel Ortega en el cine ni en otro sitio común y corriente. Nadie se lo imagina fuera de un ambiente atiborrado de escoltas pendientes de sus movimientos. Ese autoaislamiento puede tener varias razones. Es frecuente que los poderosos suelen vivir en una burbuja tan grande que los desconecta de la realidad. Pero también hay cierta clase de líderes políticos que se asumen como inalcanzables, porque llegan a interiorizarse como mitos vivientes.

A mí me parece que hay una tercera explicación para esa situación autoimpuesta: El miedo. Después de 45 años en el poder, desde la caída de la familia Somoza, Daniel Ortega tiene muchas cuentas con sus enemigos tras años de abominables abusos de derechos humanos para prolongarse en el poder, más los cometidos para heredarlo a su impopular esposa Rosario Murillo, la nueva “copresidenta” de Nicaragua y la única con semejante título en el mundo gracias a los designios de su marido. 

Desde finales de la revolución sandinista, cuando Ortega perdió el poder en las elecciones con Violeta Barrios de Chamorro, sus constantes sabotajes desde la oposición mostraron su vocación sin escrúpulos por el poder. Finalmente logró instalarse en la casa presidencial en enero de 2007, cuando le pusieron la banda y procuró a partir de entonces el poder absoluto. Para lograrlo, usó el lenguaje que mejor conocía: la corrupción y la fuerza.

Bien sabemos que la democracia establece el respeto a las instituciones, a la diversidad de ideas y a los derechos humanos. No obstante, esa es una realidad que no existe en la Nicaragua actual. Para Ortega y su familia, se trata de predicamentos sin sentido al que no están acostumbrados, porque ellos ponen la bota sobre el cuello de sus críticos cada vez que les da la gana. 

En abril de 2018, cuando los organismos internacionales denunciaron ejecuciones extrajudiciales a manos del Estado y paramilitares leales al régimen, se evidenció también que si estaban en el poder era porque controlaban las armas, teniendo como cómplice al Ejército. El miedo como una estrategia expansiva de control de los ciudadanos se convirtió en su carta en medio de la crisis. Pero ese aparente poder es inversamente proporcional al que miedo que siente tanto él como su entorno. 

La reciente prohibición del uso de drones en Nicaragua—incluye la orden a sus dueños de entregarlos al Ejército en un plazo de 30 días— revela que él cree posible que pueden usar esos dispositivos para atentar en su contra. El dictador envió una ley, en la cual estableció esta norma, más de veinte días después que la Asamblea aprobó las reformas constitucionales que nombraron “copresidenta” a Murillo y fortalecieron al Estado represor. La cereza del pastel del poder absoluto los mantiene, sin embargo, en absoluta zozobra. Eso se puede deducir, por lo que dice el renglón de “protección a personalidades” en los informes anuales de liquidación presupuestaria desde 2018 a 2023. 

Según esos documentos, el Estado invirtió 1,310 millones de córdobas para ese tipo de protección durante ese sexenio, es decir alrededor de 35.8 millones de dólares. No es una cifra menor. Esa partida estatal es superior al gasto total de la Presidencia durante 2023 (438 millones de córdobas), al de la Contraloría (276.2 millones), al Ministerio del Trabajo (140.4 millones), y la Procuraduría General de la República (144.4 millones). 

Lo más curioso son las metas cumplidas para justificar la ejecución de estos fondos. Usaron tres indicadores: revisiones técnicas para detectar explosivos en objetivos de seguridad, planes de “aseguramiento” al presidente y vicepresidenta, y un tercero sobre la protección a miembros de poderes del Estado, diplomáticos y personas de otros países que visitan a Nicaragua. 

En 2018, se realizaron 35,087 revisiones buscando explosivos. Ese fue el año de la represión brutal a la protesta social.  Eso significa que los agentes policiales hicieron diario un promedio de 96 chequeos de ese tipo.  En 2020, sumaron 28, 568. 

Como si fuera poco con los datos anteriores, estos números siguieron creciendo. Durante 2021, cuando se dio la escalada de la represión encarcelando a líderes políticos y sociales en el contexto de votaciones presidenciales, se hicieron 51, 128 inspecciones buscando explosivos. En 2022 sumaron 45, 541.

Si estos números lo tienen impresionado, permítame decirle que hicieron 355, 704 revisiones para detectar explosivos en 2023. Es decir, el promedio diario de chequeos fue 974 diarios.  A falta de pruebas que los justifiquen públicamente, uno no sabe si han llegado a tanta paranoia, o encontraron una manera “creativa” para justificar un gasto público excesivo. 

Independientemente de la postura que asuma frente a estos datos, lo cierto es que el temor es extensivo a la cúpula del orteguismo. Por eso, Ortega no rebaja ninguna oportunidad para atacar a quienes considera sus enemigos, impulsando su encarcelamiento o destierro político. De manera paralela, tampoco deja de invertir en proteger la seguridad de sus allegados.

En contravía con las miles de inspecciones mencionadas, el número de los planes para protegerlo directamente a él y Murillo luce más aterrizado. Pasaron de 44 en 2018 a 19 en 2020. Luego subieron a 34 en 2021, a 47 en 2022 y cerraron con 32 el año pasado. Eso concuerda con la disminución de sus comparecencias públicas, a medida que se ha envejecido. 

Los que sí están muy altos son los planes de aseguramiento a miembros de poderes del Estado, diplomáticos y personas de otros países que visitan el país.  Pasaron de 11,599 en 2018, a 20,183 en 2020, y luego a 25, 164 en 2021, 28, 818 en 2022 y finalmente 48, 956 en 2023. Uno no puede dejar de ironizar que están hablando de Nicaragua, al que la propaganda del Estado llama el país “más seguro de Centroamérica”.

La fuerte inversión en “inteligencia policial” es también otro indicativo para evaluar la importancia que el régimen otorga a un pilar fundamental de la represión. De acuerdo con los datos oficiales, el presupuesto en este rubro significó 1,841.3 millones de córdobas en el período comprendido entre 2018 y 2023. Eso equivale al 39.3 % del gasto total de la Policía el año pasado.

Debemos recordar que esta área policial ha resultado clave para la persecución de opositores y la vigilancia de todos aquellos a quienes el orteguismo considera “objetivos”. Su principal cabeza es el comisionado general Zhukov Serrano, un alto oficial moldeado por la propia pareja presidencial, graduado en Rusia. Fue nombrado subdirector tras la caída estrepitosa de su antecesor, Adolfo Marenco Corea y mantiene una comunicación directa con la familia presidencial que lo ha convertido en una herramienta silenciosa del terror.

La estrategia oficialista, sin embargo, puede leerse también de otra manera: Cada vez más hay una pesadilla que no le da tregua ni a Ortega ni a Murillo desde 2018. Por eso, cuando cae la estatua de un tirano como ha ocurrido recientemente con Bashar al Asad en Siria, los dictadores nicaragüenses se imaginan a miles celebrando su caída; prendiendo fuego a las fotografías gigantes que los proyectaban intocables y eternos.