Con el mismo proceso judicial en el que fue capturado el dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, Reino Unido, en 1998, podría darse una aprehensión de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuando viajen fuera de Nicaragua, dejándolos de cara a enfrentar cargos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, explica el abogado y defensor de derechos humanos, Uriel Pineda.
El pasado 27 de agosto, el abogado y profesor de derecho penal, Darío Richarte, informó que él y su equipo penal solicitaron una orden de captura internacional contra Ortega y Murillo por las imputaciones de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Argentina.
Esto se denomina como jurisdicción universal, la cual es una competencia extraterritorial que tienen los Estados de la región para juzgar y sancionar a personas que hayan cometido delitos, independientemente del lugar que se hayan cometido, y la nacionalidad de las personas acusadas.
En el caso que se apruebe la denuncia del equipo legal de Richarte, Ortega y Murillo estarán en la obligación de presentarse a una cita de declaración indagatoria, en el que se les hará una entrevista sobre las acusaciones en su contra, explica Pineda.
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Ortega y Murillo no cumplirán con citatoria
Para esta citatoria se necesitará la colaboración de las autoridades del Poder Judicial de Nicaragua, por lo que dicha entrevista no se podrá efectuar. “Como todos sabemos, el Poder Judicial nicaragüense se encuentra controlado por el régimen Ortega-Murillo”, aclara Pineda.
Una vez que no ocurra la presentación para declarar ni la colaboración por parte de las autoridades judiciales nicaragüenses, el siguiente proceso es que la justicia argentina gire una orden de aprehensión contra Ortega y Murillo, que puede ser efectuada por cualquier otro país, si estos salen de Nicaragua.
“Ante una eventual salida del país de Daniel Ortega o Rosario Murillo a un tercer país, se puede emitir efectivamente una solicitud de colaboración a ese país para que se ejecute la aprehensión y puedan ser trasladados a su presentación a Argentina. La visita a un tercer país puede propiciar un escenario diplomático en el que Ortega y Murillo puedan ser detenidos”, señala Pineda.
Augusto Pinochet fue detenido tras una orden de captura girada por parte de un juez de la Audiencia Nacional de España. En septiembre de 1998, Pinochet viajó a Reino Unido y el 16 de octubre de ese año, el juez español de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, giró una orden de detención desde España. La denuncia también fue respaldada por la jurisdicción universal y se le acusó de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas.
Proceso judicial puede ser de utilidad en un futuro
Aun si no existe la posibilidad de que este proceso judicial iniciado en Argentina termine en la detención de Ortega y Murillo, la creación de un expediente judicial contra ellos y una documentación más rigurosa sobre los crímenes de lesa humanidad que han cometido pueden ser útiles en el futuro, señala Pineda.
Este proceso legal puede brindar insumos para que haya un proceso de justicia transicional en el futuro, o un escenario en el que Ortega y Murillo sean presentados ante la Corte Penal Internacional.
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que el régimen Ortega-Murillo cometió crímenes de lesa humanidad en el marco de las protestas antigubernamentales y posterior a estas.
Y en marzo de 2023, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificó que el régimen orteguista ha “cometido y siguen cometiendo graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos” y crímenes de lesa humanidad contra sectores de la población nicaragüense.
Además, existen múltiples informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documentan las denuncias de violaciones a derechos humanos.
El abogado denunciante, Darío Richarte, señaló que su equipo inició la investigación judicial desde 2022. “A esta altura de la investigación, y habiendo sido analizada durante meses la gran cantidad de pruebas acumuladas en el expediente, desde esta querella coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados”, expuso ante el medio de comunicación Infobae.
“El Estado argentino tiene la obligación de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia”, agregó Richarte.