Las palabras del presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, sobre lo “injustas” que son las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron catalogadas por el economista y exdiputado, Enrique Sáenz, como un discurso político de un funcionario que está al servicio de los intereses de un dictador. “Es bochornoso que esta institución esté en manos de alguien tan irresponsable”, dijo el exdiputado en el exilio.
Mossi brindó una entrevista este miércoles en la edición del mediodía del noticiero de Canal 12. Cuando le preguntaron sobre el tema político en el país, y la “desestabilización” que se ha generado a nivel general en Nicaragua, el presidente del BCIE respondió que este tipo de situaciones ocurren en toda la región, es decir, que no es propio del país, y que la institución tiene un buen diálogo con las autoridades del Gobierno sandinista.
“Hay un régimen de sanciones, que aunque es injusto porque se le acusa y se juzga a una persona sin el debido proceso, pero son reglas del juego internacional, entonces lo que hace el BCIE es que busca mecanismos de protección, de cómo podemos seguir promoviendo este financiamiento sin violentar cuestiones internacionales”, afirmó Mossi.
El presidente del BCIE agregó que la buena relación que han tenido con el Gobierno Ortega-Murillo, les ha permitido “hacer los ajustes necesarios a las operaciones de crédito” para poder trabajar sin necesidad de frenar los desembolsos. “Somos un banco totalmente flexible para adaptarnos a las reglas internacionales”, señaló el funcionario.
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Sáenz criticó que Mossi se refiriera al tema de las sanciones y de que estas le parecieran injustas, cuando en el pasado el propio presidente ejecutivo del BCIE dijo que no opinaban “sobre asuntos políticos internos”. “Hay instancias apropiadas (para hacer denuncias) y en este caso el BCIE no es una instancia de derechos humanos”, dijo en ese momento al ser cuestionado por el apoyo financiero que le ha brindado el Banco al régimen de Daniel Ortega.
“Mossi dijo que no se pronunciaba sobre prisioneros políticos, pero sí declaró que las sanciones son injustas. Las sanciones son injustas pero, ¿la prisión por razones de conciencia y la violación a los derechos humanos más elementales no? ¿Eso es justicia?”, cuestionó Sáenz.
El régimen tiene a casi 200 presos políticos en las cárceles del país. Al menos 40 de estos fueron capturados el año pasado y condenados recientemente por delitos como “traición a la patria y lavado de dinero”, que fueron adaptados, con la complicidad de la Asamblea y el sistema judicial, para justificar los juicios espurios contra los acusados.
La transparencia y la lista del GAFI
El presidente del BCIE fue consultado por la transparencia de cada uno de los proyectos que desarrollan en Nicaragua. Al respecto Mossi dijo que todos los fondos están sometidos a una serie de condiciones que exigen controles, auditorías tanto del mismo gobierno como de entidades independientes, y que esto formaba parte de lo acordado con cada país.
“En el Banco, cuando encontramos alguna debilidad, podemos sugerirle al Gobierno fortalecer ciertas áreas para que luego puedan recibir los fondos. Hay que reconocer que se trabaja con instancias municipales o lejanas a la capital, son más débiles y por eso requieren apoyo”, justificó Mossi.
Sin embargo, una publicación de Confidencial de junio de 2022, señaló de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) nuevamente votó para mantener a Nicaragua dentro de su lista gris, por tener deficiencias que les impiden cumplir con las cuarenta recomendaciones del organismo para garantizar el combate contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Habría que decirle a Mossi que el régimen de Ortega continúa en esa lista gris. Que es un Gobierno de alto riesgo en materia de lavado de dinero, y no precisamente por las organizaciones no gubernamentales que han cancelado, sino por las instituciones públicas”, expresó Sáenz.
El economista también señaló que Mossi, al declarar que tienen un sistema de transparencia en cada país, ignora completamente los informes de transparencia internacional en los que el Gobierno de Nicaragua aparece como el más corrupto de Centroamérica, y en el segundo lugar de Latinoamérica.
“Sabe esta persona, que debería estar informada, que el Instituto de Basilea que está en Suiza tiene al régimen de Ortega entre los peores del mundo en materia de riesgo de lavado de dinero”, cuestionó Sáenz luego de escuchar la primera parte de la entrevista que ofreció el presidente del BCIE al Canal 12.
Mossi también se defendió asegurando que en el BCIE existen mecanismos que transparentan los recursos destinados a Nicaragua. “Tenemos una entrada para solicitudes de información, nos pueden pedir toda la información que quieran del impacto de nuestros proyectos y con gusto se la damos”, refirió Mossi.
El fallido proyecto para frenar la migración
Sobre cómo aportan los proyectos del BCIE para detener el flujo migratorio en Nicaragua, teniendo en cuenta la situación política del país, el presidente del BCIE respondió que uno de los programas más exitosos precisamente se encuentra en Nicaragua y que está destinado a la pequeña y mediana empresa.
“Estos programas lo que provocan es un arraigo de la gente a su empresa, a la productividad. En lugar de abandonar el país prefieren mejorar su situación actual. Este fondo es para el sector privado y con grandes beneficios. Son préstamos de ocho años con tres de gracia y bajos intereses”, respondió Mossi, quien agregó que tienen número y evidencias que prueban lo afirmado.
No obstante, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) informó la semana pasada que en el año 2021 se registraron aproximadamente 111 mil 600 nuevas solicitudes de asilo provenientes de nicaragüenses. Es decir, el segundo país entre las naciones cuyos habitantes han realizado mayores solicitudes de asilo en el mundo durante ese año.
Nicaragua solo estuvo por debajo de Afganistán (125 mil 600 solicitudes), país que está en primer lugar y que ha sufrido por más de 40 años conflictos armados, la brutalidad talibán, intervenciones, desastres naturales, pobreza crónica e inseguridad alimentaria.
“Parece que Mossi no sabe que en el segundo semestre de 2021 salió casi el tres por ciento de la población nicaragüense, y a este mes de junio, esa cifra casi se está duplicando. Entonces ¿qué impacto tiene esa millonada de dólares en el país si no pueden aliviar el problema del desempleo y subempleo que se está multiplicado rápidamente?”, cuestionó Sáenz.