La condena a Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas por los supuestos delitos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional fue la última de este nuevo ciclo de juicios políticos ordenados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proceso judicial en contra de los dos empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), sentenciados a 13 y 9 años respectivamente, fue similar al de los más de cuarenta opositores encarcelados durante la escalada represiva de 2021: lleno de irregularidades y plagado de violaciones de las garantías procesales y de sus derechos humanos.
Gonzalo Carrión, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que los juicios políticos en realidad fueron “paredones judiciales” porque desde el inicio del proceso, cuando se capturó a los opositores, tanto los jueces, fiscales y testigos, tenían resuelto el veredicto final: una sentencia de culpabilidad y penas hasta de trece años por delitos que los familiares de los reos de conciencia aseguran que no cometieron.
“Para que una persona sea sometida a un proceso tuvo que haber sido detenida legal y constitucionalmente, es decir, con una orden judicial o cometiendo flagrante delito. A los presos políticos se les privó de su libertad de entrada sin que estas dos normas se cumplieran. Desde aquí el proceso es torcido, arbitrario e inconstitucional”, expresó Carrión.
Los presos políticos capturados durante 2021, previo a las elecciones sin competencia organizadas por el régimen sandinista, fueron secuestrados de sus casas o capturados en la vía pública. Luego permanecieron por varias semanas incomunicados. En algunos casos no se supo de ellos hasta 84 días después, tal y como ocurrió con Félix Maradiaga, precandidato presidencial que fue sentenciado a 13 años de prisión por la justicia orteguista.
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Tras el secuestro y la incomunicación, el régimen cometió una serie de acciones ilegales que se tradujeron en una cadena de abusos de poder en perjuicio de los presos políticos.
Las autoridades judiciales decidieron mantener detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocido como “El Chipote”, a los más de cuarenta presos políticos. Las audiencias fueron pospuestas constantemente y retomadas hasta el 2022, pero de nuevo violando otras garantías del debido proceso.
El régimen orteguista no respetó lo que mandata el artículo 33 de la Constitución Política de Nicaragua. Este señala que todo ciudadano tiene derecho a ser informado sin demora de las causas de su detención y de la acusación en su contra. Asimismo detalla que las autoridades, en este caso la Policía, deben comunicar a la familia del detenido sobre el estado en que se encuentra. Los presos políticos tenían derecho a ser tratados con respeto y ser puestos en libertad o ante la orden de una autoridad competente dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su detención.
“Algunos pasaron más de tres meses bajo interrogatorios constantes, no tuvieron presencia de abogados. En el caso de Félix Maradiaga la persona que lo asistió durante su juicio era el cuarto abogado. El primero y el tercero se exiliaron y el segundo, que es Roger Reyes, fue capturado. Todos estos juicios son una farsa. Incumplieron los procedimientos legales y han juzgado a las personas por razones políticas. No han cometido ningún delito”, manifestó Bertha Valle, esposa de Félix Maradiaga.
¿Traslado al sistema penitenciario?
A pesar de que los presos políticos que fueron arrestados previo a las elecciones de 2021 ya tienen una sentencia firme y una pena marcada en el acta de culpabilidad, las autoridades judiciales no han autorizado el traslado de los mismos a los sistemas penitenciarios, como dictan las leyes del país.
De hecho los reos de conciencia debían estar de forma transitoria en las celdas de Auxilio Judicial porque este no es un centro penitenciario. Carrión explicó que todos, sin excepción, debían ser trasladados a recintos de acuerdo a su zona de residencia, tal y como lo manda la ley. Sin embargo, “El Chipote” se convirtió en una cárcel permanente y de tortura para los presos políticos.
Carrión señaló que durante las audiencias la Fiscalía “inventó delitos y acusó sin pruebas” a los presos políticos. Agregó que los jueces “no ofrecieron control de la legalidad” porque desarrollaron todo el proceso en “El Chipote” sin permitir la fiscalización de la sociedad y aterrorizando aún más a los reos y a los propios abogados defensores, quienes no tuvieron otra opción que litigar bajo la presión y la incertidumbre de si luego del juicio podrían quedar detenidos.
“La incomunicación prolongada con familiares, abogados, eso también genera violaciones de derechos y garantías. También irrespetaron el derecho a permanecer en silencio que tenían los presos porque estos fueron sometidos a interrogatorios prolongados cuyo objetivo principal era quebrantar la moral para que confesaran delitos que no cometieron”, indicó el abogado.
A juicio de Carrión, los jueces han ido en contra de toda la norma judicial porque de entrada no anularon las acusaciones que los fiscales presentaron en los juicios. Por ejemplo, el hecho de presentar como pruebas comentarios que los detenidos habían hecho en redes sociales o en entrevistas matutinas en televisión nacional. O su participación en grupos de WhatsApp.
“¿Qué le vamos a pedir a personas que dejaron de ser operadores de justicia para convertirse en operadores políticos que responden de rodillas ante la familia en el poder. Al final estos no fueron verdaderos juicios, sino paredones judiciales porque decidieron desde el inicio del proceso que los acusados iban a ser culpables”, insistió Carrió.
Esta semana los eurodiputados Javier Nart, Soraya Rodríguez y Jordi Cañas enviaron una carta al Alto Representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrel, pidiendo sanciones en contra de los 14 jueces de la Corte Suprema de Justicia que han dictado sentencias contra los presos políticos.
Más tratos crueles
Los familiares han denunciado los tratos degradantes que reciben de parte de los guardias de “El Chipote”. También expresaron su inconformidad porque los juicios ilegales se realizaron en esas instalaciones y no en una corte de forma oral y pública, como se acostumbra en Nicaragua.
El pasado tres de mayo los allegados de los presos políticos lanzaron un llamado de emergencia por la salud de los reos porque esta empeora cada día dentro de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. “Los están matando de hambre, ese es el patrón que vemos en todas las personas que están detenidas”, dijo César Dubois, esposo de Suyén Barahona, una de las presas políticas de la dictadura.
Las enfermedades, según denunciaron los familiares, se han extendido a agravamientos de problemas cardíacos y de presión arterial, mal abordaje de la salud mental, problemas de salud dental y lesiones corporales. La mayoría de los detenidos han sido sometidos a un estricto régimen de aislamiento, en el que tienen poco acceso al sol y no son atendidos de manera pertinente.
Semanas atrás el estado de salud de Víctor Hugo Tinoco, el segundo exguerrillero sandinista histórico en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, era objeto de preocupación para sus familiares. El exvicecanciller de la revolución sandinista había perdido 15 libras de peso, estaba pálido y corría el riesgo de que sus enfermedades crónicas se agudizaran.
El primer exguerrillero sandinista histórico cuya salud se deterioró totalmente en prisión fue Hugo Torres. El general en retiro falleció el 12 de febrero después de permanecer desde el 17 de diciembre de 2021 internado en el hospital Roberto Huembes. Los familiares de Tinoco y de otros presos políticos temen que ocurra lo mismo que con Torres, quien enfermó mucho antes de ingresar al centro hospitalario y murió en el mismo.
A pesar de la demanda de libertad que han lanzado los familiares de presos políticos frente al pésimo estado de salud y los tratos inhumanos, el Gobierno se ha negado a enviar a la mayoría a casa por cárcel. Uno de los casos que mayor preocupación causa es el de Violeta Granera, quien según sus hijos, desmejora con el pasar del tiempo.
La conclusión a la que han llegado algunos familiares de presos políticos como Bertha Valle es que el régimen no va a trasladar a los presos políticos a sus casas por una cuestión de autoritarismo. Y los jueces tampoco van a decidir sobre el futuro de los reos de conciencia mientras no baje una orden directa desde El Carmen.
“A estas alturas es tan arbitrario el proceso de que por una parte no tenemos información de lo que va a pasar con nuestros familiares, ni siquiera se nos respeta la frecuencia de visitas, y tampoco sabemos lo que va a pasar. En el fondo no entendemos cuáles van a ser las medidas, es decir, si los van a trasladar a otro sitio o los van dejar en El Chipote y van a transformar este lugar en un sistema penitenciario permanente. No hay ningún tipo de información”, aseguró Valle.
Sobre la situación de los presos políticos que están enfermos y cuyas familias han solicitado la casa por cárcel, Valle manifestó que por una cuestión de humanismo el Gobierno debería tomar la decisión de enviarlos a sus hogares porque en “El Chipote” las condiciones son terribles y porque debería respetarse la condición de la tercera edad no solo en este centro de detención, sino en los sistemas penitenciarios del país en los que se encuentran otros reos de conciencia.