Familiares de la activista Ana Margarita Vijil denunciaron este 30 de diciembre una nueva agresión ejecutada por un presunto oficial de “alto rango” de la Policía Nacional. Pinita Gurdián, madre de Vijil, informó en una conferencia de prensa realizada por el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) que durante la madrugada del 19 de diciembre un policía entró a la celda de la presa política en estado de ebriedad. “Hasta el momento no sabemos cuál es el tipo de agresión que sufrió mi hija ni la dimensión de los daños”, agregó Gurdián, quien acaba de salir de una crítica situación de salud.
La denuncia llega el mismo día en que Vijil cumple 200 días de ser encarcelada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los daños de los hechos son todavía desconocidos, por lo que la familia de la activista exige al Estado de Nicaragua la respuesta a estas preguntas: “¿Qué fue lo que pasó esa madrugada?, ¿Cuál es el estado de la salud física y emocional de Ana Margarita? ¿Qué tipo de agresión sufrió y cuáles fueron sus daños? ¿Por qué un oficial ingresó a su celda en estado de ebriedad? ¿Quién autorizó y permitió el ingreso de ese oficial?”
“Esta información que estamos denunciando, de confirmarse, es gravísima. Nos preocupa, nos preocupa por la posición del presunto oficial de alto rango que ingresó a su celda y el estado en que lo hizo, la condición de mujer de Ana Margarita, así como el régimen de aislamiento e incomunicación en el que la mantienen, lo que la coloca en una situación de vulnerabilidad”, agregó la madre.
Por su parte, Vilma Núñez, directora del Cenidh, aseguró durante la conferencia que presentarían la denuncia formal a la dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, para conocer detalles del suceso. “El hecho de que se permite el ingreso de un funcionario de alto nivel en estado de ebriedad, es una violación gravísima de derechos humanos. No nos vamos a cansar de hacer todo lo que hay que hacer sobre estos hechos”, aseguró la defensora.
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Ana Margarita Vijil fue detenida el 14 de junio en un operativo policial junto a la exguerrillera Dora María Téllez. Ambas fueron sustraída de la propiedad de Téllez y acusadas bajo a la “Ley de defensa a los derechos del pueblo”, una norma jurídica represiva aprobada por la Asamblea sandinista que tacha de “traidor a la patria” a toda persona que “apoye las sanciones contra Nicaragua”.
Persisten las violaciones a los derechos humanos
El estado de Vijil es desconocido por sus familiares, pues desde mediados de noviembre no se les ha permitido visitas. El régimen de Ortega y Murillo la mantiene a ella y a otras cuatro presas políticas más en un estado de aislamiento. Las torturas cometidas a este grupo de reas de conciencia están relacionados a violencia de género, por la condición de ser mujeres, según han denunciado defensores e informes de derechos humanos. En el caso de Suyén Barahona y Tamara Dávila se les ha chantajeado por su maternidad. A ambas se les culpabiliza por el abandono de sus hijos menores de edad, y en el caso de Barahona se le ha dicho que si “menciona nombres” le permitirán ver a sus hijos.
Vijil forma parte de los más de cuarenta presos políticos que la dictadura encarceló en pleno año electoral. Las detenciones se dieron a inicios de junio, con el fin de descabezar a la oposición y allanar el camino a la reelección de Ortega y Murillo, quienes el pasado siete de noviembre fueron a unas elecciones sin competencia. Desde entonces han sido encarcelados siete aspirantes a la presidencia, líderes campesinos, estudiantes, activistas y miembros de los movimientos de oposición surgidos durante las protestas de abril de 2018.
Durante la conferencia de prensa del Cenidh, esta mañana, también estuvo presenta Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI). “Exigimos la liberación inmediata de Ana Margarita Vijil y de todas las personas presas en #Nicaragua solo por defender #DDHH, oponerse y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por Daniel Ortega y su gobierno”, tuiteó la abogada.