La salida de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez del centro judicial de Santa Tecla no fue el cierre de un error judicial, sino la confirmación de una tendencia: en El Salvador, la libertad de los defensores de derechos humanos hoy pasa por la autoincriminación, denuncian organismos de derechos humanos y críticos de la administración de Nayib Bukele.
Tras permanecer en prisión preventiva desde el 13 de mayo de 2025 por participar en una protesta pacífica contra el desalojo de campesinos, el joven abogado ambientalista y el líder comunitario —quien también es pastor evangélico— tuvieron que acogerse a un proceso abreviado. Bajo esta figura legal, ambos confesaron los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar una condena mayor en prisión.
La jueza del caso —cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad— impuso una sentencia de tres años de “cumplimiento de reglas de conducta”. Esto implica que, aunque Henríquez y Pérez ya no duermen en una celda, su libertad está sujeta a estas restricciones:
- Deben presentarse periódicamente ante un tribunal de vigilancia penitenciaria.
- Tienen prohibido participar en actividades relacionadas con los delitos que les fueron imputados durante tres años, lo que limita su capacidad de movilización y activismo.
- Cargan con un antecedente penal por hechos que Amnistía Internacional (AI) califica como el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y la reunión pacífica.
Este mecanismo de “libertad condicionada por confesión” permite al sistema judicial salvadoreño reducir la presión de la comunidad internacional, sin admitir la arbitrariedad de las detenciones. A su vez, neutraliza a los líderes sociales al mantenerlos bajo vigilancia judicial, una táctica que resuena con patrones de control observados en otros países de Centroamérica.
El patrón de criminalización en la región
“Va a tocar cumplir las medidas, pero eso no implica que mis ideales y mi convicción hayan cambiado”, declaró Henríquez tras ser liberado. El abogado aseguró que continuará acompañando a las comunidades que sufren injusticias por el despojo de agua y tierra.
El caso de Henríquez y Pérez no es un hecho aislado dentro de la administración de Nayib Bukele. Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado un contexto de criminalización sistemática contra voces críticas y activistas en el país centroamericano.
Ana Piquer, directora para las Américas de AI, señaló que, si bien celebran la excarcelación, esta “no subsana las violaciones a derechos humanos cometidas desde el inicio del proceso penal, ni elimina el carácter arbitrario de su detención”. Piquer advirtió que otros defensores y voces disidentes —como Ruth López, Fidel Zavala y Enrique Anaya— continúan sometidos a procesos penales por ejercer sus derechos.