El presidente Nayib Bukele buscará la segunda reelección en El Salvador, en unos comicios que el Congreso adelantó para 2027 con el fin de unificar las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales. Por segunda vez en tres años, estas tres elecciones volverán a coincidir e inaugurarán así un periodo inédito en la historia electoral salvadoreña.
La Constitución salvadoreña establecía que el periodo presidencial eran cinco años y prohibía la reelección inmediata de sus mandatarios. Pero, en la sesión plenaria del pasado 31 de julio de 2025, el partido oficialista y sus aliados extendieron, con 57 votos a favor, el periodo presidencial a seis años, eliminaron las segunda vuelta en las elecciones presidenciales y habilitaron la reelección indefinida de Bukele.
A su vez, los diputados aprobaron un decreto transitorio que permitirá que Bukele suspenda en 2027 el periodo presidencial para el que fue reelecto (2024-2029), para postularse a las elecciones presidenciales de ese año. Es decir, que, cada seis años, la elección presidencial coincidirá con las legislativas y municipales, que se celebran cada tres años; y que, de ganar nuevamente, Bukele estará por 14 años al frente del Poder Ejecutivo.
“Los salvadoreños van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público e incluyendo su presidente”, fueron parte de los argumentos de Ana Figueroa, la diputada oficialista que presentó las reformas constitucionales.
Durante la sesión plenaria, los diputados oficialistas defendieron estas reformas constitucionales valiéndose de la aprobación de Bukele, quien, según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, obtuvo un puntaje de 8.1 por parte de la ciudadanía, en el sexto año consecutivo como mandatario y el primero de su segundo Gobierno, tras lanzarse a la reelección, pese a que la Constitución salvadoreña lo prohibía.
El IUDOP es un instituto de prestigio en El Salvador que anualmente mide la imagen de los presidentes, gobiernos y el funcionamiento de diferentes instituciones públicas. En sus mediciones, Bukele se ha mantenido arriba de los ocho puntos de popularidad desde que se convirtió en presidente en 2019. Pero en el último año, según los resultados presentados en julio pasado, la simpatía hacia su partido Nuevas Ideas tuvo una reducción significativa de aprobación del 45% al 29.7%.
El voto en cascada de Nicaragua replicado
A diferencia de países centroamericanos como Nicaragua, donde desde 1990 han coincidido las elecciones presidenciales con las legislativas, en El Salvador, desde la firma de los Acuerdos de Paz, las elecciones nacionales sólo han coincidido en tres ocasiones. La primera fue en 1994, cuando Armando Calderón Sol ganó la presidencia, pero no obtuvo la mayoría de diputados en el Congreso. La segunda vez fue en 2009 —con dos meses de diferencia entre la elección legislativa y la presidencial—, donde Funes ganó el Ejecutivo, pero el FMLN no ganó la mayoría de diputados. En estas legislaciones, las aprobaciones de leyes o nombramientos de funcionarios públicos se realizaban por medio de negociaciones entre los partidos políticos.
La tercera y última vez fue en 2024, cuando Bukele compitió inconstitucionalmente y ganó con el 84% de los votos en medio de unas elecciones nacionales marcadas por la poca transparencia en el conteo de los votos. Para entonces, él sí logró la mayoría absoluta en el Congreso.
Desde la legislatura 2021 a la fecha, el Congreso ha sido una pieza clave para que Bukele permanezca en el poder. En 2023, los diputados bukelistas y afines cambiaron las reglas electorales a meses de las elecciones: el Congreso redujo la composición geográfica de los municipios, de 262 a 44; y los escaños legislativos de 84 a 60. Además, cambió el sistema de conteo de votos legislativos y eliminó la deuda política que la Hacienda pública otorgaba a los partidos políticos para realizar su campaña electoral.
Con estos cambios, Bukele ganó 28 gobiernos municipales y 54 diputados. Actualmente, solo hay tres diputados disidentes del oficialismo en el Congreso, los demás votan en bloque y sin discusión todas las propuestas que envía el Ejecutivo.
Bukele fue crítico de la corrupción de los gobiernos anteriores, pero desde que comenzó su gestión, él y sus funcionarios han sido salpicados por escándalos revelados por investigaciones periodísticas, que van desde el crecimiento exponencial e injustificado del patrimonio de la familia presidencial, las negociaciones con pandillas para reducir los homicidios y el favorecimiento de créditos hipotecarios a una veintena de funcionarios oficialistas para la compra de casas en zonas exclusivas del país. Incluso, personas cercanas a Bukele, como la jefa de Gabinete, Carolina Recinos; o el jefe de fracción de Nuevas Ideas, el diputado Christian Guevara, figuran en la Lista Engels, la lista estadounidense que sanciona a funcionarios y exfuncionarios por considerarlos antidemocráticos y corruptos.
“Le recortaron dos años de mandato a Bukele porque ya midieron que en la elección legislativa iban a tener una baja de diputados en el partido oficial y podrían perder la mayoría que necesitan para reformar la Constitución. Esto no solo pasa con los diputados, sino que con los miembros de los concejos municipales, porque hay muchas quejas a nivel comunitario de la gestión de los municipios”, acota un activista salvadoreño vinculado a procesos electorales y de transparencia pública, quien pidió reserva de su identidad para evitar represalias en su contra.
Las recientes reformas legales no han sido las únicas de peso en El Salvador. En enero de 2025 pasado, el Congreso reformó el artículo 248 de la Constitución, para reformar la Carta Magna en una misma legislatura. Antes se necesitaban dos legislaturas para dichas reformas. Y, en mayo, siguiendo el guión de Nicaragua, el Congreso aprobó una Ley de Agentes Extranjeros para arancelar hasta en un 30% los aportes que reciben las organizaciones sociales salvadoreñas, y así condicionar su trabajo, exigiendo como requisito para seguir operando que se inscriban en una entidad que depende del Ejecutivo.
Esta ley entró en vigencia en simultáneo con las detenciones arbitrarias de la abogada Ruth Eleonor López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal; y del constitucionalista Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno de Bukele.
“La popularidad del presidente es una construcción del poder, no una expresión libre de ciudadanía. Ese poder se ha concentrado de forma absoluta: no hay acceso a información pública, el oficialismo controla los medios tradicionales y digitales, y opera un aparato estatal represivo sin límites que impide el surgimiento de alternativas políticas reales”, destaca Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una de las organización que ha denunciado constantemente las violaciones a derechos humanos durante los gobiernos de Bukele y que, a partir de la detención de López, trasladó sus operaciones a Guatemala.
En América Latina varios países eligen en una misma jornada electoral a representantes para diferentes cargos públicos. Estas elecciones no generan inconvenientes mientras el sistema electoral y los procesos electorales sean transparentes y respeten la voluntad popular, indica Elvira Cuadra Lira, reconocida investigadora nicaragüense. “Lo que pone en riesgo la democracia es el propósito con el que esto se está haciendo en El Salvador”, advierte.
En el caso de Nicaragua, Cuadra Lira recuerda que cuando Daniel Ortega llegó a la presidencia, en 2007, no tenía mayoría parlamentaria, pero luego fue “pervirtiendo” el sistema electoral. De tal forma que cada elección presentaba irregularidades mayores hasta que el orteguismo logró controlar “completamente” el sistema electoral y decidió la conformación del Congreso de acuerdo a sus intereses.
Eliseo Núñez es un exdiputado nicaragüense del Partido Liberal Independiente, un partido de centroderecha, que desde 2021 vive exiliado del régimen de Ortega y Rosario Murillo. En 2018, a través de una reforma constitucional impulsada por Ortega, junto a 27 legisladores más de oposición, fue expulsado del Congreso.
Según Núñez, en el ámbito electoral, lo ideal es que hayan elecciones de medio término —que no coincidan con una presidencial— y otra que coincida con las elecciones de presidentes. De lo contrario, pasa lo que según él pasó en El Salvador: que por celebrar elecciones en diferentes periodos, con los años los partidos políticos se fueron debilitando.
La popularidad de Nayib Bukele
“Al debilitar el sistema de partidos políticos surgen opciones como las de Bukele, que son opciones populistas de la inmediatez y que no requieren de organización partidaria, sino que simplemente de lo inmediato. Bukele no es una causa en sí mismo, es el efecto del deterioro, no solo de las elecciones, sino de la falta de rendimiento de la democracia para la población: tenías democracia después de la guerra en El Salvador, pero no tenías mejora económica, mejora en seguridad; la corrupción no cambiaba. Entonces la gente comienza a preguntarse ‘¿de qué me sirve la democracia?”, opina Núñez.
La carrera política de Bukele comenzó en 2012 al frente de la alcaldía del municipio de Nuevo Cuscatlán, cercano a la capital salvadoreña, San Salvador. Fue alcalde del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda conformado por excombatientes de la guerrilla, mismo con el cual ganó la alcaldía capitalina tres años después.
En las gestiones municipales, Bukele fue tomando popularidad en las redes sociales como un outsider de la política que criticaba la corrupción de los partidos tradicionales. En 2018, después de discusiones internas con el FMLN, el partido lo expulsó y Bukele se lanzó como candidato a la presidencia por el partido GANA, conformado por disidentes del derechista Alianza Republicana Nacionalsita (ARENA) y uno de sus aliados políticos en el Congreso. Un año más tarde, ganó la primera presidencia con el 53 % de los votos de entre un padrón de 5.9 millones de votantes, pero todavía no tenía a ningún diputado.
Ya como presidente, Bukele conformó a su partido Nuevas Ideas, que en sus primeras elecciones legislativas, en 2021, ganó 68 de 82 diputados. Tener la mayoría legislativa más el apoyo de aliados fue clave en la primera gestión de Bukele, pues esto le permitió el respaldo absoluto del Congreso salvadoreño. En la primera sesión plenaria, en mayo de ese año, los diputados destituyeron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, y nombraron en esos cargos a personas afines al oficialismo.
Para entonces, las encuestas reflejaban que uno de los problemas principales entre los salvadoreños era la inseguridad a causa de las pandillas. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, los gobiernos de ARENA y del FMLN no pudieron frenar el crecimiento de las pandillas ni su ola de violencia. Tras la ruptura de una tregua entre el gobierno del efemelenista Mauricio Funes (2009-2014) y las pandillas, para el año 2016, El Salvador llegó a registrar hasta 16 homicidios diarios.
En paralelo al crecimiento de la violencia, durante ese periodo, también la Fiscalía General de la República inició investigaciones de corrupción en contra de exfuncionarios y funcionarios. Francisco Flores, expresidente por ARENA, murió en medio de un juicio, acusado de haber lavado 10 millones de dólares; y Funes, acusado de haberse apropiado de más de 200 millones de dólares durante su Presidencia, huyó a Nicaragua, donde murió en enero de 2025.
A finales de marzo de 2022, después de un fin de semana con 87 asesinatos, el Congreso respaldó a Bukele con la aprobación de un régimen de excepción, como estrategia de combate a las pandillas. El régimen, prorrogado hasta la fecha, catapultó a nivel mundial la imagen de Bukele al punto que, este año, Donald Trump firmó un acuerdo con el gobierno salvadoreño para deportar al Centro de Confinamiento del Terrorismo a migrantes detenidos a los que Estados Unidos acusa de delitos graves.
En marzo pasado, en un hecho sin precedentes en la historia reciente, Trump aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros, del año 1798, para deportar a la prisión salvadoreña a 238 venezolanos a los que vincula a la banda criminal El Tren de Aragua, y a otros 23 cabecillas de pandillas de El Salvador.
En febrero, luego de la gira a Centroamérica del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la embajadora de El Salvador en ese país norteamericano, Milena Mayorga, dijo en una entrevista que Bukele había negociado con Rubio la deportación de los cabecillas salvadoreños.
La seguridad como estrategia electoral
Aunque ahora la economía reemplazó a la inseguridad como principal razón de preocupación entre los salvadoreños, la encuesta del IUDOP refleja que, de cada 100 salvadoreños, 48 tiene miedo de ir preso por criticar al gobierno. Y es que, desde la aplicación del régimen de excepción, 87 mil salvadoreños han sido detenidos. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado por violencia sistemática el Estado ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La mayor fuente de respaldo ciudadano de Bukele proviene de los logros en seguridad: haber sacado de circulación a pandilleros que amenazaban a las comunidades. Pero la gente demanda líderes como él porque El Salvador es una sociedad violenta y autoritaria, que cree que los problemas sociales se resuelven con el uso de la fuerza hasta que son víctimas de atropellos a derechos humanos, opina una experta en seguridad, que prefiere no identificarse por temor a represalias.
Señaló que Nuevas Ideas es un partido débil, sin base electoral ni institucional, cuyo apoyo popular gira en torno al liderazgo personal de Bukele, por lo tanto, la reforma electoral cobra importancia. “Con esta jugada, lo que busca Bukele es usar su figura para generar un efecto arrastre en las otras elecciones, e influir mediante la campaña de la elección presidencial, en el voto a favor de las candidaturas legislativas y municipales de Nuevas Ideas”, agregó.
El Gobierno de Estados Unidos salió a respaldar al Congreso salvadoreño después de las reformas constitucionales del 31 de julio. De acuerdo con una publicación de EFE, una portavoz de la Casa Blanca dijo que la Asamblea Legislativa salvadoreña fue elegida democráticamente y que le corresponde realizar cambios constitucionales según los intereses de sus electores. Además, rechazó que se compare a El Salvador con regímenes dictatoriales de la región.
De volver a ganar las elecciones en 2027, entre otros puntos, el respaldo que Bukele tendría de los Estados Unidos hasta que Trump termine su presidencia, en 2029, se traduciría en un apoyo al Gobierno salvadoreño omitiendo los señalamientos de casos de corrupción y las violaciones a derechos humanos en los informes del Departamento de Estados de Derechos Humanos, indica un activista salvadoreño vinculado a temas electorales y transparencia, quien también prefiere hablar desde el anonimato.
En un contexto de persecución para las organizaciones sociales y la prensa independiente en El Salvador, en el que han sido detenidos dos abogados críticos de Bukele y la Asociación de Periodistas de El Salvador alerta sobre el exilio de al menos 40 periodistas y activistas por ejercer su trabajo.
El informe de las Prácticas de los Países sobre Derechos Humanos de 2024, publicado hace unos días por el Departamento de Estados de los Estados Unidos, parece respaldar a Bukele: dice que las detenciones masivas en El Salvador “reprimieron” a las pandillas, que no hubo informes “creíbles” de violaciones a derechos humanos y que el gobierno respetó el derecho a la libertad de prensa contemplado en la Constitución salvadoreña. Parte de los periodistas que se encuentran en el exilio fueron los que revelaron, en mayo pasado, las negociaciones de Bukele con las pandillas a cambio de la reducción de homicidios.
Con la conformación del Congreso que rige desde 2023, Bukele necesita 31 diputados para obtener la mayoría. De seguir con el respaldo legislativo como hasta hoy, Nuevas Ideas podrá reformar o impulsar leyes sin discusión alguna, elegir a personas afines en cargos electorales y de la judicatura. Garantizará el poder de Bukele de forma indefinida, ahora con el respaldo de Estados Unidos.